Policía Local en Cádiz y El Puerto, la cuerda se tensa

Habla Milagros Muñoz, quien lleva ya años al frente de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave) de El Puerto de Santa María. Una ciudad de más de 80.000 habitantes, que en verano, y este año más, ha acogido al triple de personas en sus calles, y que no ha contado con efectivos suficientes que cubran la multitud de problemas de seguridad y asistencia que surgen en el día a día. El conflicto abierto entre algunos de los sindicatos del colectivo y el equipo de Gobierno dirigido por el alcalde de la localidad, Germán Beardo, no llega a su fin y eso, de una manera a otra, está repercutiendo en el normal funcionamiento y control de la ciudad.

A unos kilómetros, Cádiz , capital de provincia, con más de 115.000 habitantes, también multiplicados en verano y con numerosos eventos especiales. Misma situación aunque los motivos puedan ser otros. En este caso el pulso entre su Policía Local y el Ayuntamiento cuyo mando tiene José María González ‘Kichi’, se dilata ya dos años. Los encontronazos entre el alcalde y los agentes han sido habituales desde que éste llegó a San Juan de Dios pero la situación ha ido empeorando hasta la parálisis en la negociación sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para todos los funcionarios municipales.

Y, de nuevo, en medio de esta ‘guerra’, los ciudadanos. «Estamos dejados de la mano de Dios, la ciudadanía no se está viendo arropada. No sé por qué se ha llegado a este punto, pero lo que tengo muy claro es que los que pierden son los vecinos de Cádiz. Ante cualquier situación que les compete, ¿a quién llamas? Y si llamas te dicen que esperes que solo hay una patrulla... esto no puede seguir así». Lo cuenta Pilar García, presidenta de la Federación 5 de abril que reúne a una veintena de asociaciones de vecinos de la capital, además de dirigir la de Puntales. «Nos llegan quejas de todos lados. No puede ser...»

Y es que la tensión que mantienen por diferentes motivos sendos grupos policiales con sus respectivos equipos de Gobierno tiene a ambos municipios «desasistidos» en las competencias que deben asumir en este Cuerpo.Es decir, materias tan importantes para la vida más cotidiana de una comunidad como el tráfico, los problemas de ruidos, los botellones, el top manta, la seguridad en las playas, los policías de barrio, las asistencias de emergencia –incluso en violencia de género–, o los servicios extraordinarios para los que se cuentan con ellos en eventos especiales o multitudinarios (Carnaval, Feria, Semana Santa, Motorada...), entre otras labores.

El problema en la capital gaditana se dilata ya más de dos años. Meses de tiras y aflojas en los que jamás se ha llegado a ningún acercamiento.Tan solo la convocatoria de unas mesas de negociación en las que, lejos de salir una solución, han aumentado las diferencias y la tensión. Las imágenes de este mismo verano de los policías municipales protestando en el Ayuntamiento y abucheando a Kichi y a su edil de Seguridad son prueba de ello. Mientras que el regidor habla de «chantaje», los agentes lamentan el «menosprecio» que el alcalde les dedica desde que llegó (recuérdese el episodio del vendedor ambulante de pescado en la Viña por el que tomó partido el regidor, lo que provocó el malestar entre sus policías).

Pues bien, González Santos reconocía recientemente que el conflicto que mantiene actualmente con los municipales se iba «a extender en el tiempo» y manifestaba que todo se resumía en un «conflicto salarial, que se llama 700.000 euros» que, según su concejal, es lo que pide la plantilla y el Ayuntamiento no está dispuesto a asumir.

En contra, los sindicatos policiales hablan de que es necesario un verdadero ajuste de una RPT actualizada con puestos y sueldos que ya no están acordes a las funciones y responsabilidades, y de falta de medios y mejoras imprescindibles para poder ejercer bien su trabajo.

Pero al margen de estas versiones, lo que realmente llega a la calle es que hay menos efectivos, menos patrullas . Menos agentes locales que ya se niegan dentro de sus protestas a hacer servicios extraordinarios, lo que repercute de manera directa en el ciudadano. Así se ha vuelto a ver este verano de nuevo en las playas. Y además en pandemia, cuando los controles de aforos y normas se hacen todavía más necesarios. «Justo cuando tenía que haber más presencia hay menos», lamenta la presidenta vecinal. «No hay servicios en la playa a no ser que ocurra algo y les llamas, y a ver si pueden ir... eso no se puede consentir en una ciudad como Cádiz», continúa.

Además, como explica, los vecinos echan mucho en falta a los agentes que se encargaban de estar más cerca de ellos. «Llevamos años reivindicando la figura del policía de barrio, eran de ayuda sobre todo para las asociaciones, para trasladarles cualquier problema, para los comercios... pero nadie nos dice nada, siempre está la callada por respuesta y me temo que seguirá así».

O los servicios por el problema del top manta, que estos últimos meses se ha agudizado en zonas del centro. «Alguna solución le tienen que dar porque hay muchos comerciantes que pagan sus impuestos y no se ven protegidos, al menos que haya presencia policial». O los botellones, también extendidos. «Todo eso forma parte de su trabajo y en gran medida no lo están haciendo».

Y Pilar habla de hechos concretos. «Hace dos días se llamó a la Policía Local por un tema que podía ser grave y forma parte de sus competencias y a este vecino le dijeron que solo había una patrulla y que cuando terminaran irían».

Desde la federación de vecinos de Cádiz denuncian que no se les escucha ni atiende. «Desde que llegó este alcalde nos hemos sentado con él solo una vez y creemos que él mismo tiene que patearse la ciudad, conocer los problemas de primera mano. Los vecinos no solo le hablamos de las losas que hay levantadas, le podemos hacer llegar muchas otras cosas. Echamos en falta esa cercanía».

Una situación parecida, no exactamente igual, se vive en El Puerto. Aquí la problemática dura ya cinco meses. La tensión es evidente y también se hace notar en sus calles. Lo que comenzó como un supuesto problema de falta de uniformes y una estampa surrealista de policías queriendo patrullar en vaqueros, ha terminado derivando en broncas, inasistencia a sus puestos de trabajo, expedientes abiertos , y comunicados abiertos en los que el propio intendente decía sentirse acosado y que el sindicato mayoritario actuaba «inspirado en técnicas propagandísticas totalitarias, al más puro estilo Goebbels». Lo que tenía por supuesto su respuesta y lo denunciaban por, entre otras cosas, fumar en su puesto de trabajo. La jefatura.

Por consecuencia, este clima no es el más indicado cuando se habla de control, de orden, de mantener segura a una ciudad con una convivencia pacífica. Otra cuerda que al romperse le puede estar dando en la cara al vecino.

La negociación de momento entre ambas partes, algunos sindicatos policiales y el equipo de Gobierno que dirige Germán Beardo no ha llegado, de momento, a ningún punto de acuerdo. Los dos bandos se mantienen enfrentados. Por un lado, los agentes que piden más medios y mejores condiciones en cuanto a turnos y horas extraordinarias. Y por otro, el alcalde o su equipo que quiere regularizar una situación pero no a cualquier precio.

La última situación que ha afectado de manera directa a los ciudadanos de El Puerto es que hace una semana, un sábado por la noche de verano, ningún agente que tenía encomendado el servicio en la Jefatura acudió a trabajar. Según manifestaron, se pusieron todos «enfermos». Esto obligó a contratar vigilancia privada –a coste también de los portuenses– para que velaran ellos por la sede policial y su atención sin la autorización, ni la formación ni los medios necesarios. Esta semana parte de la plantilla se desmarcaba de estas protestas y aseguraba que aunque compartían algunas quejas no estaban de acuerdo con las formas. Además hablaban de acoso a quien quería seguir trabajando con normalidad.

Pero aún así, en El Puerto tampoco ha habido la asistencia policial normal en las playas durante estos meses, los avisos y el control del tráfico adecuado, sanciones por botellones, top manta en Valdelagrana, peleas en Puerto Sherry, carreras de motos por el Juncal, patrullaje habitual por las noches de ocio en un centro atestado... etc etc... Tareas todas que en gran parte ha asumido la Policía Nacional quienes han tenido que hacer un esfuerzo para cubrir determinadas demandas que no hacían los locales. Fue por ejemplo el caso de los altercados en la zona del Aculadero, en Puerto Sherry, donde los taxistas denunciaron que estaban siendo víctimas de agresiones. La situación iba cada vez a más y desde la Policía Nacional se montó un dispositivo especial con equipos de la UPR que, tras varias intervenciones, solucionaron pronto el problema.

«Esto ya es un pulso , nos da igual quien tenga la razón pero una ciudad como El Puerto no puede estar así por más tiempo. La Policía Nacional está haciendo su trabajo y el de otros pero hay parte de atestados que no se hacen y eso no se puede consentir», denuncia Milagros, la presidenta de las federaciones de vecinos. «Ya hemos escrito hasta el Defensor del Pueblo pero también nos piden mucha burocracia... y mientras, los ciudadanos seguimos desatendidos».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de la localidad se insiste que «en ningún momento» se ha dejado de actuar pero que se está buscando la mejor solución que no agudice el problema más. Hasta la fecha se han expedientado a doce agentes del sindicato mayoritario lo que les podría acarrear la suspensión de empleo y sueldo hasta seis meses. También se ha dado traslado de este asunto a la Fiscalía. Y se tiene previsto convocar la plaza de Jefe de Policía Local por el proceso libre de designación, tal y como se aprobó en un pleno el pasado mes de julio.

Así las cosas, dos ciudades importantes, El Puerto y Cádiz en pleno conflicto con su Policía Local y una cuerda que se sigue tensando y no se afloja.