Laboral

Pequeños empresarios de Cádiz apelan a los ERTEs para aguantar la huelga del transporte

El Colegio de Graduados destaca que empresas ajenas a la distribución buscan fórmulas para evitar despidos ante la falta de mercancías y actividad

La regulación temporal sería por «fuerza mayor» hasta que la situación se normalice

Piquetes en la terminal de mercancías de Jerez, en Guadalcacín FRANCIS JIMÉNEZ

Javier Rodríguez

Los efectos colaterales de la huelga del transporte , que este martes ha cumplido su octavo día, se sienten también entre las plantillas de las grandes y pequeñas empresas que son ajenas a la distribución. La ausencia de mercancías en pequeños supermercados, bares, restaurantes, talleres y comercios ha llevado a los empresarios a buscar fórmulas para evitar despidos ante una situacióin puntual de inactividad. Piden la aplicación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor . Así, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha reclamado medidas para ayudar al mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectadas por los paros del transporte y la ausencia de reparto de sus suministros.

Su presidente, José Blas Fernández Sánchez, ha indicado que en los despachos profesionales de los graduados sociales se ha encendido la luz roja por parte de pequeños negocios, sociedades y trabajadores por cuenta propia que, al no estar recibiendo sus suministros, se han visto obligados a paralizar la actividad.

En este sentido, estos operadores jurídicos del orden social y expertos en materia laboral, reclaman la adopción de medidas extraordinarias , en concreto Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE’s) de Fuerza Mayor. «Un amplio espectro de negocios: comercios, talleres, alimentación, suministros, servicios, gasolineras, agricultura, ganadería , depende de la cadena de distribución para poder operar. De otra manera, sus empleados están brazo sobre brazo, sin actividad, lo que grava a estos empresarios con costes que no producen nada», destaca el presidente. Sería la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, la que debe aprobar esta iniciativa y, el Minsisterio de Trabajo, a través del SEPE, el encargado de su abono.

«Desde el respeto a las legítimas reclamaciones de los transportistas, el Gobierno también debe poner el foco en el goteo de empresas que están reduciendo o parando su actividad , con la consiguiente caída de ventas, cuando además afrontan el encarecimiento de las materias primas, la electricidad y los combustibles», señala.

«Ante situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias y efectivas, como la aplicación de regulaciones temporales de empleo y otras decisiones que garanticen justicia social de trabajadores y empresas, como ha demostrado la pandemia», añade.

El presidente de los Graduados Sociales recuerda que los despachos de estos profesionales reciben «los primeros avisos de que una situación ajena a las empresas les amenaza seriamente, como este conflicto al que se debe poner fin de manera negociada».

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