CRISIS DEL CORONAVIRUS | ENTREVISTA
Pascual Valiente: «El Covid ha puesto de manifiesto las deficiencias del sistema judicial»
El Colegio de Abogados de Cádiz advierte de que si no se dan más medios y se toman medidas los juzgados gaditanos se colapsarán
Los profesionales de la abogacía se han visto frontalmente afectados por la crisis sanitaria. Tuvieron que dejar colgadas sus togas y de hacer muchos trámites por la imposibilidad de que fueran recibidos y gestionados. La paralización casi total del sistema judicial les toca de lleno. Piden medidas efectivas no solo para poder seguir trabajando ya, sino también para que cuando se les permita volver con normalidad la situación no sea ya inviable. Evitar el colapso.
Han emitido un duro comunicado acerca de las fatales consecuencias que tendrá la paralización casi total del sistema judicial por el Covid en Cádiz. Hablan de falta de medios, ¿tan grave es la situación?
Efectivamente, la crisis del Covid-19 ha demostrado que la Administración de Justicia no estaba preparada tecnológicamente para trabajar de manera telemática. Eso va a provocar que el retraso que ya existía en la tramitación de los asuntos se incremente durante el estado de alarma y, sobre todo, una vez finalizado, por la entrada de nuevos asuntos, por lo que la situación se va a agravar en los próximos meses. No se puede olvidar que el Covid-19 ha puesto de manifiesto las deficiencias de funcionamiento del sistema judicial, que no surgen con esta crisis, sino que ya existían con anterioridad.
¿Qué razón se dio para paralizar el sistema LexNet hasta el 15 de abril? ¿No consistía en facilitar el teletrabajo también para los órganos judiciales?
Simplemente fue una decisión desacertada, que probablemente obedeció a la falta de medios para gestionar las notificaciones (los funcionarios no disponen de conexión remota) y a evitar incrementar la carga de trabajo que se produciría con la presentación de nuevos escritos y demandas de los profesionales.
¿Podríamos decir que el sistema actual no ha pasado esta difícil prueba? Hace años que se lleva hablando de reformas para agilizar los trámites, de papel cero, de modernización... ¿no ha servido para nada o no se ha hecho realmente como se venía anunciando?
Efectivamente, el sistema no ha pasado la prueba, porque para el desarrollo digital que la Administración de Justicia necesita hace falta más inversión, lo que no se ha producido.
¿Cree que con estas crisis sanitaria el Ministerio de Justicia o el CGPJ o el Gobierno han actuado de manera improvisada en el sistema judicial? ¿Han priorizado otros asuntos y la Justicia la han dejado más de lado?
Sinceramente creo que la situación ha resultado difícil de gestionar, por lo que más que improvisación creo que ha faltado un análisis certero para tomar las decisiones más adecuadas, porque esta paralización podía haber sido aprovechada para adoptar medidas que hubieran permitido que los juzgados se pusieran al día.
Entre las medidas anunciadas para evitar el colapso al regreso de la vida 'normalizada' está la habilitación procesal del mes de agosto. Dicen que será ineficaz y contraproducente, ¿por qué?
Es ineficaz porque muchos de los juicios que se señalen se van a tener que suspender por falta de citaciones o comparecencias de los justiciables, testigos, peritos, etc; y es contraproducente porque el periodo vacacional del personal judicial se va a distribuir de junio a septiembre, con lo que la ralentización de la actividad judicial va a durar mucho más tiempo.
¿En líneas básicas qué medidas serían las necesarias para que realmente hubiera una solución?
El Consejo General de la Abogacía Española ha elaborado una serie de propuestas, entre las que destaca la concentración del periodo vacacional al mes de agosto, el refuerzo de las plantillas, inversión en medios e infraestructuras tecnológicas que permitan teletrabajar y celebrar determinadas actuaciones por videoconferencia, la puesta en funcionamiento de nuevos juzgados (algunos ya están incluso creados), reformas procesales y organizativas, reorganización de agendas, reprogramación de señalamientos para poder celebrar cuanto antes todos los juicios que se han suspendido, establecer procedimientos de tramitación preferente, etc.
En cuanto a la situación de Cádiz, ¿qué partidos y órganos jurisdiccionales, ya de por sí con enormes retrasos y carga de trabajo, se verán más afectados?
En cuanto a los partidos judiciales entendemos que se verán afectados todos de manera similar. En lo referente a los órganos judiciales jurisdiccionales la situación va a ser especialmente preocupante en casi todos los órdenes, tanto los juzgados de lo Social, Mercantil, Contencioso-Administrativo, de Condiciones Generales de Contratación, como los juzgados de Primera Instancia en lo referente a familia y contratos.
¿Preocupa especialmente la situación de algunos órganos en un momento además donde su volumen por la situación de crisis será importante por ejemplo con un aluvión de recursos actos administrativos, reclamaciones sanitarias, despidos, ERTEs...?
Efectivamente, teniendo en cuenta la situación de retraso actual los juzgados de lo Social serán los más afectados.
¿Han visto aumentadas sus consultas y gestiones por la pandemia? ¿Cree que irá a más? Y en ese sentido, ¿cuál es y será el papel del abogado en este camino?
Las consecuencias jurídicas no solo no van a desaparecer, sino que irán a más una vez finalizado el estado de alarma, porque ahora hay muchos negocios que están cerrados temporalmente por el confinamiento, pero que, mucho me temo, se puedan plantear a corto plazo decisiones definitivas más graves, bien por no haber podido superar la paralización de la actividad, o bien porque las condiciones o regulaciones futuras que puedan imponerse por razones sanitarias, o por los propios hábitos de sus clientes, hagan replantear su viabilidad.
Por eso creo que el papel del abogado va a ser importantísimo como factor esencial para la recuperación económica, asesorando a sus clientes, negociando y llegando a acuerdos con otros abogados, para alcanzar las soluciones más justas a los conflictos jurídicos, que puedan permitir cumplir con las obligaciones y al mismo tiempo mantener la actividad o, cuando resulte necesario, acudiendo a los tribunales.
