Parte de los profesores se han acercado a la Consejería para pedir explicaciones.
Parte de los profesores se han acercado a la Consejería para pedir explicaciones.
EDUCACIÓN

Los opositores gaditanos recurrirán a la vía legal si las penalizaciones para Maestro se mantienen

Denuncian que son las víctimas de las «equivocaciones» de la Consejería y alertan del caos que se producirá si se extienden los suspensos

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Los opositores que el pasado mes de junio se presentaron a las pruebas para Maestro siguen con su batalla para que la Junta dé marcha atrás en la aplicación de sanciones por no haber incluido en sus programaciones docentes las asignaturas de 'Educación para la ciudadanía' y 'Cultura digital'. Si ayer solicitaban que se anulase la sanción y pedían que se reconsiderara la retirada de puntos, hoy ya han anunciado que tomarán medidas legales si persiste la sanción.

«En estos momentos hay un poco de confusión porque no sabemos exactamente cuántos estamos en esta situación», explicaba uno de los afectados, que añadía que «se nos están sumando compañeros de otras provincias y vemos cómo el número de opositores suspensos va creciendo».

Respecto a la vía legal, «a la que llegaríamos si se agotan los recursos dentro de Educación», indica este opositor que prefiere no dar su nombre, lamenta que el contencioso administrativo es un proceso largo («la resolución podría salir en 2021, a las puertas de las siguientes oposiciones») y que la sentencia «de ser favorable terminaría perjudicando a otro compañero, al que le retirarían la plaza que ahora se le concede».

La provincia más afectada, según los datos que ellos manejan, es Cádiz. También han registrado casos en Sevilla, Córdoba, Málaga y Huelva. «En provincias como Almería y Jaén, no hay afectados», indica este gaditano, que insiste en que la diferencia de criterio en los tribunales para considerar si una exposición merecía o lo la sanción de diez puntos ha generado graves desigualdades.

Con este panorama, adelanta, «si se extienden las sanciones, como indicó ayer la Junta de Andalucía, se va a producir un caos porque van a caer la mayoría de profesores, la consolidación de plazas va a ser muy muy reducida». «Al final, somos las víctimas de las equivocaciones de Ciudadanos en su estreno en la Consejería; los compañeros de Pedagogía Terapéutica tuvieron que repetir su examen», se queja este profesor.

Cambio de criterio

Uno los aspectos que más ha molestado a los opositores es que la aclaración sobre la aplicación de la sanción de diez puntos por no incluir las dos asignaturas en su exposición de temario llegó bastante después de la entrega de sus trabajos.

«Nosotros seguimos la misma tendencia que en el año 2015 (último en que se convocaron este tipo de oposiciones), ya que no se nos había dicho que era obligatoria la inclusión de estas dos asignaturas», pormenoriza. De hecho, los problemas comienzan bastante después de realizarse las pruebas. «El primer examen se hizo el 23 de junio. A partir del 2 de julio, había que entregar las programaciones didácticas (donde debían haberse incluido, para quienes eligieron los cursos de 5º y 6º de Primaria, 'Educación para la ciudadanía' y 'Cultura digital'); el 4 de julio me tocó a mí la exposición oral... y hasta el día 11 no especifica la Junta que había que contemplar esas materias», sostiene. De hecho, la aclaración sobre que había que añadir esas dos asignaturas llegó ante la pregunta de un tribunal de Cádiz, «pero como cada tribunal es soberano, unos lo han contemplado -con la consiguiente pérdida de puntos- y otros no)».

En el mismo sentido, este colectivo de docentes afirma no entender por qué la sanción se ha aplicado sobre esas dos asignaturas y, sin embargo, no se haya penalizado la falta de inclusión de 'Valores sociales y cívicos'.

Csif: «Están en su derecho de reclamar»

Ante la situación que se ha generado, desde el sindicato Csif han querido ser cautos a la hora de manifestarse. El presidente de Educación de la central en Andalucía, Francisco Hidalgo, pone por delante que «si creen que un cambio de criterio les ha perjudicado, por supuesto que están en su derecho de reclamar». En ese aspecto, señala que los servicios jurídicos de Csif están a disposición de sus afiliados por si se hubieran sentido agraviados.

Abundando en el tema, recuerda que no son extraños casos similares «en especial cuando, como este año, hay unos 30.000 opositores jugándose su futuro». Eso sí, en esta protesta concreta, quieren esperar a conocer tanto la cuantía de opositores afectados como las razones que se arguyen tanto por los afectados como por la propia Consejería.

Por su parte, desde la Consejería de Educación han insistido en la nota enviada ayer en la que se defendía que el proceso era claro y que la norma era igual para todos los tribunales (algo que niegan categóricamente los afectados». Este jueves, emitían la siguiente nota aclaratoria destinada a los tribunales.