Narcotráfico | Cádiz
La lucha contra el narco duplica las causas abiertas sobre el blanqueo en Cádiz
En el último año se han incoado un 45,5 por ciento más de procedimientos de este tipo en Andalucía, la mayoría de ellos en la provincia
La Fiscalía ve necesaria una mayor colaboración entre distintos órganos para, entre otros asuntos, poder acceder a bases de datos patrimoniales más completas
La lucha contra el narco va mucho más allá de incautarles la droga y detenerlos. Se ataca a todos sus tentáculos. Todos aquellos que tienen relación o proceden de estar dedicándose a una actividad ilícita. Y se intenta atacar de manera especial donde más les duele: el dinero . Por ello, en los últimos años se han incrementado de manera notable las operaciones contra el blanqueo de capitales de este dinero procedente de la droga. Los traficantes pueden ir a la cárcel, pagar fianzas, salir tras cumplir sus condenas, pero si los bienes que supuestamente han pagado con sus ‘negocios’ ilegales siguen ahí, no habrá servido de nada.
Y los datos sobre cómo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Agencia Tributaria y órganos judiciales están realizando este esfuerzo en la lucha contra el blanqueo hablan por sí solos. Según resalta la Memoria de la Fiscalía de Andalucía de 2021 presentada hace unos días por la fiscal superior de la región, Ana Tárrago, en el Parlamento, las investigaciones por blanqueo de capitales conectadas con el narcotráfico se han duplicado, ya que en el último año –correspondiente al ejercicio de 2020– se han incoado un 45,5 % más de procedimientos de este tipo , que, como resalta el Ministerio Público, permiten «atacar el patrimonio de los traficantes obtenido de forma ilícita e ir más allá de la incautaciones de droga».
«Un punto caliente en la lucha contra el narco es la provincia de Cádiz, puerta de entrada de la droga y lugar de asentamiento de numerosas redes de traficantes», señala la memoria. Y añade que ha sido en esta provincia donde se han abierto 79 procedimientos por blanqueo, de las 135 diligencias de toda Andalucía. 55 de ellas, en Algeciras, una cifra «muy alta» que, como explica, deriva del incremento de los medios personales en las unidades de blanqueo, especialmente del grupo Ocon Sur.
Dicho incremento es de 40 procedimientos más que en 2019. Muchos de ellos, en el Campo de Gibraltar, derivan de diligencias de investigación penal, que ha tramitado o supervisado la propia Fiscalía . En este sentido, cree el órgano que ha sido beneficioso que los fiscales puedan acceder a determinadas bases de datos de asuntos patrimoniales que antes no podían, lo que les ha posibilitado avanzar notablemente en este tipo de investigaciones y presentar denuncias en un «plazo razonable».
Sin embargo, la Fiscalía sigue advirtiendo de determinadas trabas o problemas que ralentizan o enmarañan estos procedimientos y también las pesquisas y diligencias policiales. Y así lo expone: «El problema se plantea, como suele ser habitual, y más en este tipo de procedimientos, en los juzgados, donde quedan estancados durante mucho tiempo ».
Las causas por blanqueo podrían ser incluso más ya que algunas se incluyen dentro de las que se instruyen contra el tráfico y posteriormente se separan
Pero, aunque el aumento de estas causas ha sido considerable como decíamos, podría ser en realidad mayor. La Fiscalía matiza que este incremento se queda corto ya que, como explica, hay muchos procedimientos que se siguen en una misma causa que el delito contra la salud pública, y que, después, debido a su complejidad, se termina desglosando en otro procedimiento judicial, por lo que ya no ha formado parte de este cómputo.
Además, no todas estas causas de blanqueo como tal se especifican de principio a fin. Algunas ni siquiera se reflejan así aunque lo acaben siendo, ya que en los procedimientos de delitos contra la salud pública (tráfico de sustancias estupefacientes)también se persiguen las ganancias derivadas de estos delitos mediante el decomiso de numerosos bienes en las sentencias condenatorias si es que se demuestra que el origen de dichos bienes es derivado del narcotráfico o han sido usados como instrumento del delito, especialmente embarcaciones y vehículos a motor, pero también dinero efectivo, joyas, cuentas , etc.
«Motor principal»
Pero en todo caso estas causas siguen en aumento año tras año. Por este motivo, la Fiscalía llama la atención sobre la necesidad «fundamental de dotar de más medios a los cuerpos especializados en la lucha contra este tipo de delincuencia, pues las ganancias obtenidas del tráfico de droga, como sabemos, son el motor principal de esa actividad, tratándose de investigaciones que requieren numerosos datos que deben de ser estudiados minuciosamente».
En esta misma línea considera que sería «igualmente deseable» una colaboración más estrecha entre las distintas unidades y la Agencia Tributaria que, a través del Servicio de Vigilancia Aduanera «posee bases de datos mucho más precisas que las que podemos manejar los jueces y fiscales».
Es más, el Ministerio Público cree que los propios investigadores deberían de tener acceso directo a esas bases de datos más completas pues la petición de información, a través de comunicaciones seguras, a la Fiscalía o los juzgados, vuelve a ralentizar mucho la finalización de estas pesquisas y actuaciones.
Y es que desde la puerta en marcha del Plan Carteia y el Plan especial de Seguridad, son muchas las macrocausas generadas por las amplias investigaciones puestas en marcha; procedimientos que pretenden descubrir los entramados de las organizaciones delictivas que, como se puede deducir, son muy difíciles de asumir por el sistema judicial actual.
Pero aún así, desde 2018, según estadística de dicho Plan, se han explotado 667 operaciones de las que el 83 por cierto están judicializadas. Sin embargo, la Fiscalía vuelve a insistir en la lentitud del recorrido judicial de estos asuntos hasta que llegan a ser juzgados y, por tanto, sus procesados sentenciados. En este sentido, esta ralentización habitual y su relación directa con los plazos legales motiva que en muchas ocasiones las condenas se minimicen lo que «supone cierto desánimo, no solo en las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino en los propios jueces y fiscales, ante la incapacidad material de los juzgados para asumir causas de la envergadura de las que surgen de las investigaciones actuales».
Por ello, –y vuelven a llamar la atención una vez más– todos los fiscales delegados alertan de la necesidad de un refuerzo en sus respectivos territorios «ante el imparable incremento de las investigaciones contra la criminalidadorganizada y el blanqueo de capitales».
«Sería deseable que se dotase un mayor número de plazas para las fiscalías que en la actualidad están soportando esta elevada carga de trabajo derivada de estos fenómenos criminales». En este sentido la creación de delegados especializados en la materia –en el caso de Cádiz, tres–, ha supuesto un gran avance en la lucha contra la criminalidad organizada, permitiendo una mejor coordinación con los grupos policiales que persiguen de forma permanente estas complicadas tramas.
