Imagen de una de las últimas operaciones realizadas por la Policía Nacional en Algeciras.
Imagen de una de las últimas operaciones realizadas por la Policía Nacional en Algeciras. - EFE (Carrasco Ragel)
REPORTAJE

Los juzgados, una «traba» en la lucha contra los narcos en Cádiz

El vertiginoso ritmo policial con decenas de detenidos y cientos de incautaciones urge de más recursos también judiciales para que las operaciones se rematen de verdad

Jueces y fiscales advierten de que si el Gobierno no les dan más medios para agilizar las causas contra los narcos, el colapso que ya existe irá a más

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Cientos de detenidos por narcotráfico en la provincia en lo que va de año. El empuje de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una batalla que por momentos se puso muy complicada está dando claramente resultados. El golpe de autoridad en la mesa ha servido para que esa impunidad o ligereza que casi se retransmitía en directo en televisión ya no sea tan clamorosa, y para que algunas de esas organizaciones hayan acabado entre rejas o al menos desarticuladas por un tiempo. La acción policial por tanto está dando sus frutos. Con esfuerzo, con medios algo más fortalecidos, con determinación.

Cada semana se da cuenta de operaciones que han resultado exitosas con un buen puñado de investigados, droga incautada, coches, gomas, dinero, armas... Pero para que esto suceda y tenga sentido, todo tiene que empezar y acabar en un juzgado. Se trata de perseguir a delincuentes que se dedican a pasar fardos de hachís de Marruecos a España (en este caso), y se saltan la ley. Si es así o no, es decir, si esas personas han cometido uno o varios delitos, lo tendrá que determinar un juez, un tribunal. Y lo tienen que hacer siguiendo los procedimientos establecidos, con una exacta pulcritud.  

Y es justo en ese trayecto, el que va de las investigaciones y detenciones al juzgado y viceversa, donde al parecer está fallando el sistema, según vienen avisando desde hace años las partes involucradas. Los que se dedican a perseguirlos y los que les ponen el código penal delante.

La cantidad de procedimientos abiertos contra narcos en los juzgados de la provincia es apabullante. No solo en el Campo de Gibraltar, que puede ser lógicamente la zona más afectada, sino también en Chiclana, Barbate, El Puerto, Jerez... Además, llueve sobre mojado. Las causas se retrasan desde hace años y no dejan de llegar otras nuevas que se suman al montón que ya había pendiente.

Esta semana la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, se reunía en la Audiencia Provincial de Cádiz con diferentes operadores judiciales, entre ellos jueces y fiscales, para interesarse por este asunto y buscar soluciones. En ese encuentro había mucho que decir. Y aunque no se dejó sobre la mesa nada concreto, la ministra sí se comprometió a encontrar salidas. De momento, admitió sin tapujos que existe un problema, «sobrecarga» lo llamó. Abogó por ir hacia la especialización y defendió la necesidad de dotar de más recursos a los profesionales de la justicia. Sin embargo, eso será más a largo plazo y, además, tendrá que haber presupuesto.

Pero, ¿qué es lo que ocurre exactamente?, ¿qué efectos prácticos tiene?, ¿por qué son tan necesarios más medios? La respuesta a todas estas preguntas es tan complicada como la propia maraña del problema que se enreda en cada uno de sus pasos. Cada cosa se relaciona con otra. Aquí, si algo se para o falla, lo siguiente también.

«La lucha policial crece pero la judicial sigue igual», lamenta una fuente consultada, amplia conocedora de este asunto. «Hay una evidente falta de recursos. Los procedimientos no se están sacando en un tiempo razonable porque así es imposible», advierte.

Este desequilibrio es ya un hecho. Por ejemplo, recientemente se ha formado un potente grupo especializado en luchar contra los narcos, el Organismo de Coordinación del Narcotráfico (OCON Sur), que componen un centenar de miembros o la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), expertos en la lucha contra el blanqueo. Son nuevos efectivos y herramientas para plantarles cara, sí, pero sin embargo, según se denuncia, el plan queda cojo si no viene acompañado de más medios en los juzgados. Es decir, hay más de agentes que se unen a los que ya había desarrollando investigaciones, detenciones, incautaciones... pero no más funcionarios, fiscales, jueces... que les puedan atender con la urgencia que necesitarían y, por supuesto, dentro de los rígidos plazos establecidos.

Muchos detenidos

La complejidad de las causas de narcotráfico es otro de los factores que determina el engorro de estos procedimientos. No tanto por la dificultad jurídica en sí (suelen ser los mismos delitos y 'modus operandi'), sino más bien porque estas operaciones llevan muchos detenidos, lo que consecuentemente dilata y complica toda la burocracia penal.

En los últimos meses ha habido operativos con hasta medio centenar de detenidos, más los investigados no detenidos. Y todo ello tiene que pasar por el mismo cuello de botella, con escritos, recursos, autos, declaraciones, etc, etc. Unos trámites donde, por cierto, expertos y sagaces abogados penalistas también participan activamente para defender a sus representados y a los que hay que ir contestando (solicitudes de puestas en libertad, recursos...).

Además, muchas de las operaciones donde están cayendo narcos no solo se limitan a Cádiz provincia, sino que se expanden a Málaga, Huelva, Sevilla... Entonces se entra en lo que se llama un asunto de competencias, es decir, ¿quién lleva la instrucción?. Y así, mientras que dependiendo del caso que sea, el TSJA, el Supremo, o la propia Audiencia Nacional decide, todo se ralentiza debido a estos nuevos vericuetos administrativos para fijar cuestiones de territorialidad.

Por otro lado, muchas de las investigaciones sobre narcos a mediana o gran escala no solo se quedan en los alijos que firman, sino que también van contra el blanqueo de ese dinero ilícito que obtienen. Y esto conlleva un minucioso trabajo sobre sus patrimonios, los de sus familiares o testaferros para lo que se necesita a personal especializado que destape estas irregularidades. También la colaboración de Hacienda. De ahí que muchos de estos procedimientos tengan que ser declarados como causas complejas para poder ampliar los plazos establecidos a los seis meses del inicio.

De nuevo unos tiempos sobre los que, por supuesto, hay que estar encima porque no están mecanizados ni existe ningún tipo de aviso. Recientemente a uno de estos jueces que están sobrepasados se le iba uno de estos plazos y ello ha significado que la causa ya irá a juicio tal y como está. No habrá más investigación.

Otro de los motivos de esta lentitud procesal es puramente formal. A los acusados hay que notificarles uno a uno y en persona el auto de procedimiento abreviado (una de las fases iniciales para la celebración de la vista). Y para eso hay que encontrarlos, lo que tampoco estos procesados ponen siempre fácil.

La media de celebración de un juicio por narcotráfico puede estar en los cinco años, aunque los hay mucho más antiguos

De momento lo que se ha aprobado son tres nuevos juzgados en Algeciras, San Roque y La Línea pero cuya puesta en funcionamiento sigue atascada en diversos trámites. También se esperan a nuevos fiscales, pero el perfil de los contratados no encaja con causas tan complejas como las que, supuestamente, deberán de asumir. Además no hay que olvidar algo, todo este trabajo extra que supone tramitar causas de narcotráfico no exime a los profesionales de seguir con su tarea habitual de unos juzgados que ya de por sí están cargados.

Según fuentes consultadas, la media de celebración de un juicio por narcotráfico puede estar en los cinco años transcurridos desde que el procesado fuera detenido. Pero hay casos como por ejemplo en Barbate que superan con creces esa media.

Efectos: Puestas en libertad y rebajas de condenas

Y las consecuencias de estos retrasos son muchas como por ejemplo algo que parece simple pero que en una vista puede ser determinante como que los testigos no recuerden del todo los hechos al ser preguntados.

Otro de los daños colaterales más graves es la reducción de las condenas por dilaciones indebidas, un atenuante que se aplica a menudo y que disminuye las ejecutorias por el tiempo que han estado esperando a que se celebre el juicio. Depende del retraso se les baja en uno o dos grados.

Se da la circunstancia de que esta reducción por un delito de salud pública les ha librado de prisión por no exceder el máximo de dos años y poder solicitar la suspensión. Muchos llegan a un acuerdo de conformidad aceptando su culpa ante el fiscal quien, a la vista de todas estas circunstancias, intenta atar aunque sea la condena.

Y, por supuesto, otra de las paradojas más flagrantes que se da a menudo es que al no celebrarse el juicio, muchos narcos quedan en libertad cuando se cumple el plazo máximo de prisión preventiva establecido por la ley. Ya se sentarán en el banquillo. Pero cuando les toque.