Los exdelphi meten por lo Penal a Chaves y Griñán por el fraude en la formación

El colectivo de extrabajadores de Delphi no baja la guardia y sigue adelante en su particular lucha contra la Junta de Andalucía para que cumpla con los requisitos de recolocación y formación de la plantilla, firmado en junio de 2007. No obstante, el TSJA desestimó el pasado febrero esta posibilidad y tumbó las denuncias tanto de UGT como de USO en este sentido. Sin embargo, el colectivo vuelve a la carga y apunta ahora directamente a los expresidentes del Gobierno regional, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Así, la Asociación de Extrabajadores de Delphi ha formalizado una denuncia por lo Penal contra la Junta de Andalucía como responsable de la supuesta simulación de contratos laborales cuando el colectivo recibía formación.

Así, se dirige inicialmente contra los expresidentes autonómicos Manuel Chaves y José Antonio Griñán, además de contra los consejeros responsables del área de Empleo entre 2007 y 2012: Antonio Fernández y Manuel Recio.

Según el gabinete jurídico de la asociación -que aglutina a unos 400 extrabajadores y es independiente de los sindicatos, pues se creó a raíz de la «desconfianza» sobre cómo están llevando este asunto-, la denuncia se ha presentado en los juzgados de Sevilla y está pendiente de que se proceda al reparto de la causa.

Se dirige inicialmente contra Chaves, Griñán y contra los exconsejeros de Empleo, así como contra todo aquel al que puedan extenderse las responsabilidades derivadas de los hechos. Es decir, contra «los responsables del sistema de contratos simulados» para el mantenimiento de las prestaciones, que ha tenido un resultado «sumamente perjudicial» para los trabajadores. Consideran que puede haberse incurridos en posibles delitos de prevaricación, simulación de contratos y falsedad documental.

Un contrato inventado

No hay que olvida que la Junta inventó una figura que no está contemplada en el marco laboral para dar formación remunerada a los exdelphis y que, a su vez, les permitió acumular tiempo para recibir la prestación por desempleo. Esta fórmula es ilegal y ha sido la Inspección de Trabajo la que ha dado la voz de alarmar reclamando a la empresa que dio esa formación, la Fundación Univeridad y Empresa, el reembolso del dinero. La Fueca puesto el caso en manos de la justicia y es ahora uno de los tres juzgado de Cádiz el que ha anulado las prestaciones a un centenar de exdelphis hasta que se resuelva el asunto.

Desde la asociación han recordado que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con fundamento en un informe de la Inspección de Trabajo, considera simulados dichos contratos laborales, sirviendo dicho informe para sancionar a empresas que impartieron la formación, como Fueca e Inteca, que han reaccionado «demandando a los trabajadores».

Señalan que dos de los tres juzgados de lo Social que llevan el asunto han desestimado la medida cautelar que solicitaba el SEPE de suspender el subsidio a los afectados, mientras que otro de esos juzgados -el Juzgado de lo Social número 3 de Cádiz- «ha acordado desestimar los recursos presentados por los extrabajadores en una resolución conjunta acumulada» y, por tanto, aplica la medida cautelar. Los juicios están señalados para los años 2017 y 2018.

Además de la suspensión cautelar del subsidio, destacan otros perjuicios como la posible anulación de los periodos de cotización o el dictado de una sentencia que les obligue a devolver las prestaciones. Y todo pese a que la propia Inspección de Trabajo señala en su informe que fueron «ajenos a tal simulación» y que «no intervinieron ni en la elaboración ni en la puesta en marcha de estas iniciativas». Según han resaltado, dicho informe de la Inspección expone que sí se ha comprobado la existencia de «un sistema de subvenciones directas concebido por la Administración de la Junta de Andalucía para dar cumplimiento a sus compromisos políticos con los afectados por el cierre de la factoría».

En este sentido, agrega que «parte de estas subvenciones se destinó a financiar la simulación de relaciones laborales -con la colaboración de determinadas empresas, asociaciones y fundaciones- para proporcionar prestaciones de la Seguridad Social indebidas a un gran número de extrabajadores de Delphi».

Según han enfatizado, los perjuicios para los extrabajadores derivados de esta situación es «aún más grave» si se tiene en consideración que para mantenerse en el Dispositivo de Tratamiento Singular «se exigió a cada uno de ellos la firma de un contrato de adhesión individual que implicaba el compromiso de aceptación y cumplimiento de los planes de formación y de las contrataciones laborales que ahora parecen resultar no ajustadas a derecho».