«Soy culpable»... por conveniencia

La ‘operación Astrea’ que ocupó meses a la UDYCO Bahía de Cádiz entre vigilancias, intervenciones, registros y trámites, se ventiló este viernes en una mañana. En 2013, decenas de policías se desplazaron hasta Sanlúcar para realizar una de las mayores redadas antidroga que se recuerdan y desarticular al clan de la Pinilla, considerado el grupo más activo en tráfico de cocaína y heroína al por menor de la provincia. Hubo más de una decena de detenidos y finalmente se imputó a 24 personas. Esta semana el caso llegaba a la Audiencia y, tras el pacto de conformidad, se resolvía. Los acusados de mayores penas, entre ellos la cabecilla Dolores la Pinilla aceptaba 7 años y medio de prisión, ocho menos de lo solicitado por el fiscal en su escrito inicial, otra decena de ellos, admitían cumplir penas de dos años de cárcel.

El recurso a la conformidad como alternativa al pleito se ha incrementado en muchos asuntos penales de la provincia de Cádiz en los últimos años. De hecho, según la última memoria de la Fiscalía referente al año 2014, las sentencias condenatorias en los juzgados de lo Penal y las audiencias en la provincia fueron 4.773.De ellas, 3.281 se dictaron por conformidad del acusado con la acusación.

Sin recurso

La conformidad es una figura procesal, prevista en la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 1988, que supone la declaración de voluntad de las partes de poner fin al proceso penal y evitar así la celebración del juicio, con el coste de tiempo y dinero que ello supone. Cuando se llega a una conformidad, el acusado reconoce los hechos y se compromete de forma expresa a no recurrir la sentencia y a cumplir la pena que se acuerde. El juez está obligado a aceptar este pacto siempre que éste respete la ley.

Además, estos acuerdos simplifican también la sentencia, ya que, a excepción de los procedimientos ordinarios, el juez queda exento de hacer una valoración de la prueba.

Con respecto a lo sucedido con el clan de la Pinilla la confesión de los hechos por parte de los 24 acusados ha garantizado que todos ellos cumplan la condena o se les haya suspendido a cambio de multas o trabajos a la comunidad. Además se asegura el pago de la responsabilidad civil en el momento de la sentencia.

Las escuchas

En las macrocausas relacionados con temas de narcotráfico que incluyen en su mayoría escuchas telefónicas y registros policiales es habitual que las defensas recurran a anular dichas pruebas o a plantear recursos que eternizan y encarecen las causas. Por otro lado, se tiende también a plantear el atenuante de dilaciones indebidas en la instrucción, ya que muchas veces las detenciones de los acusados se han llevado a cabo varios años antes, e incluso, algunos pueden estar ya respondiendo por esos delitos en prisión.

Pero todos estos juicios por conformidad no se limitan a asuntos relativos al tráfico de drogas. También se ha tendido por ellos en otro tipo de casos. Ocurrió por ejemplo recientemente en la ‘operación Halcón’. El principal acusado Carlos Carretero admitió que había creado un entramado societario dedicado a comprar y vender facturas falsas. De esta manera, el ex jefe de la Policía Local de Ubrique, que se enfrentaba a una pena de 36 años de cárcel, logró que se la rebajaran a algo más de dos tras las modificaciones que se efectuaron en las cuestiones previas. Además, en este caso se tuvo en cuenta que el asunto había tardado 16 años en llegar a la Audiencia, circunstancia que remaba a contracorriente de la acusación. Finalmente sólo cuatro de 19 acusados fueron juzgados. Los demás pactaron una conformidad.

Otro de los casos más recientes que se resolvió por este recurso legal fue el que juzgaba a un entrenador de fútbol por abusar de dos menores en Cádiz. El acusado, que ya estaba en prisión, admitía los hechos y veía recortada su pena en seis años, de 17 que le pedía el Ministerio Público a los once que pactó su defensa. Justo en procedimientos como los de abusos a menores, las partes son más sensibles a la hora de intentar evitar que los juicios se alarguen o que los menores tengan que declarar debido al perjuicio que les supone rememorar lo que ocurrió.