Corrales dice que su función municipal no era «escudriñar» expedientes

La exalcaldesa del PP en el Ayuntamiento de Rota Eva Corrales, que ha declarado como imputada en el juicio por el ‘caso Uniformes’, ha manifestado que concurrió a unas elecciones «para ejercer labores políticas, no administrativas» y tampoco para «escudriñar» expedientes. Así lo manifestó durante su declaración ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz, que juzga la supuesta adjudicación irregular desde 2004 de contratos de suministros por parte del Ayuntamiento y empresas municipales a mercantiles relacionadas con el también exalcalde Lorenzo Sánchez (RR UU) y otros responsables municipales, los cuales también están imputados en la causa.

A preguntas del fiscal, explicó que no tenía conocimiento de la prohibición de los concejales de contratar con el Ayuntamiento, y tampoco sabía si Lorenzo Sánchez u otros miembros de la Corporación tenían participación o intereses en alguna empresa, ya que la declaración de bienes era una cuestión «privada» con el secretario del Ayuntamiento.

Insistió en que no supo que Lorenzo Sánchez tenía relación con las empresas Coanda y Epis Rotasur hasta 2007, cuando el PSOE llevó al Pleno una moción solicitando información sobre los pagos del Ayuntamiento a empresas de éste.

Según la tesis de la Fiscalía, Coanda Costuras –con la que también contrató el Ayuntamiento– vino a sustituir a las dos anteriores en 2008 para «burlar la prohibición de contratar con la entidad local» y que no aparecieran como titulares o administradores el exalcalde ni los exconcejales Montemayor Laynez (RRUU) y Antonio Alcedo (PP), también imputados por presuntos delitos de prevaricación y gestión interesada.

En cualquier caso, Corrales manifestó que en ese momento «desconocía» las limitaciones que impone a los concejales la Ley de contratos del sector público. Además, el Ayuntamiento «nunca ha contratado con personas físicas» y ella «no sabía» quién estaba detrás de las empresas, lo que ha enfatizado que no entraba en sus funciones.

«Sin objeciones»

Preguntada sobre varias Juntas de Gobierno Local en las que se aprobó la adjudicación de contratos de suministro a alguna de las empresas investigadas, aseveró que entendía que todo lo que se incluía en el orden del día tenía «todos los parabienes» de la Secretaría General del Ayuntamiento, o de manera «puntual» podía incluirse algún punto con «cuestiones técnicas que se pueden subsanar».

Sobre la existencia de informes contrarios del interventor, aseveró que los informes no solían leerse literalmente en las Juntas de Gobierno. Según aseguró, solía preguntarse al secretario del Ayuntamiento –también imputado– «si todo estaba bien» y se aprobaba el punto si no manifestaba «ninguna objeción».

En la misma línea, subrayó que ella «no redactaba los pliegos» y que si quedaba alguna cuestión pendiente de subsanar en algún asunto no hacía «comprobaciones» a posteriori, ya que de ello se encargan «los técnicos municipales y no dudo de ellos».

En cuanto a las ausencias de algunos miembros de la Junta de Gobierno Local a la hora de votar determinados puntos, añadió que era una cuestión «normal», que no le resultó «extraña» alguna ocasión y que «jamás» preguntaba a los ausentes los motivos.

Sobre el sistema de pago con vales de compra en las delegaciones municipales y la firma de contratos, explicó que «se supone que han pasado ya todos los filtros habidos y por haber» y que «no miraba» a quién se compraba –por el sistema de vales– o con quién se contrataba.

A preguntas de su abogado, sostuvo que no conocía «de nada» a Lorenzo Sánchez antes de entrar en el Ayuntamiento y que fue en 2003 cuando comenzaron a tener relación, pero exclusivamente «de trabajo», ya que Roteños Unidos y el PP, partido del que «soy todavía», gobernaron en coalición durante 12 años en Rota.

En la sesión de hoy declararon, además de Corrales, otros seis imputados, cinco de ellos exconcejales del PP: Juan Antonio Liaño, Auxiliadora Delgado, Antonio Peña –actual alcalde de Chipiona– e Ismael Puyana.