JUSTICIA
Condenados siete narcos que trataron de enviar a Cádiz cocaína mezclada con abono
La colaboración de la policía ecuatoriana y la española, clave para desmantelar la trama
La Audiencia de Alicante ha condenado a sendas penas de siete años y medio de prisión y multas de 747.420 euros a siete narcotraficantes que introdujeron en España cocaína procedente de Ecuador camuflada entre abono orgánico.
La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, absuelve en cambio a otros tres acusados por falta de pruebas.
La investigación fue desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a raíz de una información facilitada en diciembre de 2012 por la Policía A ntinarcóticos ecuatoriana .
Ese cuerpo policial había intervenido en su país dos contenedores que ocultaban cocaína mezclada con carbón vegetal y habían sido fletados por una mercantil con domicilio fiscal en Alicante, Multitijer SL, con destino a la provincia de Cádiz .
Las pesquisas condujeron a los agentes a otra empresa, Importaciones y Exportaciones Bricoten SLU, administrada por uno de los ahora condenados y que servía de tapadera para importar, a través del puerto de Valencia, alijos de cocaína mezclados con abono natural .
Los investigadores se incautaron de 12,5 kilos de la citada droga tras intervenir mediante entregas controladas entre octubre y noviembre de 2014 tres contenedores y detener a los implicados.
La sentencia relata las gestiones efectuadas por los narcotraficantes para alquilar una nave industrial en la Comunidad de Madrid donde pensaban extraer el estupefaciente del abono .
También enumera las reuniones que mantuvieron en diversos bares y cafés tanto de Alicante como de localidades madrileñas y analiza multitud de conversaciones telefónicas entre ellos, que fueron grabadas por orden judicial .
La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha validado ahora esas escuchas, que se prolongaron en el tiempo debido a la « aparición de nuevos sospechosos y el cambio constante de los teléfonos móviles utilizados».
Aunque condena a siete de ellos por un delito contra la salud pública, les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal que también les atribuía la Fiscalía porque no ha quedado acreditado que el grupo fuera a perpetrar nuevas operaciones delictivas.
