JUSTICIA

Condenados siete narcos que trataron de enviar a Cádiz cocaína mezclada con abono

La colaboración de la policía ecuatoriana y la española, clave para desmantelar la trama

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La Audiencia de Alicante ha condenado a sendas penas de siete años y medio de prisión y multas de 747.420 euros a siete narcotraficantes que introdujeron en España cocaína procedente de Ecuador camuflada entre abono orgánico.

La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, absuelve en cambio a otros tres acusados por falta de pruebas.

La investigación fue desarrollada por el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional a raíz de una información facilitada en diciembre de 2012 por la Policía Antinarcóticos ecuatoriana.

Ese cuerpo policial había intervenido en su país dos contenedores que ocultaban cocaína mezclada con carbón vegetal y habían sido fletados por una mercantil con domicilio fiscal en Alicante, Multitijer SL, con destino a la provincia de Cádiz.

Las pesquisas condujeron a los agentes a otra empresa, Importaciones y Exportaciones Bricoten SLU, administrada por uno de los ahora condenados y que servía de tapadera para importar, a través del puerto de Valencia, alijos de cocaína mezclados con abono natural.

Los investigadores se incautaron de 12,5 kilos de la citada droga tras intervenir mediante entregas controladas entre octubre y noviembre de 2014 tres contenedores y detener a los implicados.

La sentencia relata las gestiones efectuadas por los narcotraficantes para alquilar una nave industrial en la Comunidad de Madrid donde pensaban extraer el estupefaciente del abono.

También enumera las reuniones que mantuvieron en diversos bares y cafés tanto de Alicante como de localidades madrileñas y analiza multitud de conversaciones telefónicas entre ellos, que fueron grabadas por orden judicial.

La Sección Segunda de la Audiencia de Alicante ha validado ahora esas escuchas, que se prolongaron en el tiempo debido a la «aparición de nuevos sospechosos y el cambio constante de los teléfonos móviles utilizados».

Aunque condena a siete de ellos por un delito contra la salud pública, les absuelve del delito de pertenencia a organización criminal que también les atribuía la Fiscalía porque no ha quedado acreditado que el grupo fuera a perpetrar nuevas operaciones delictivas.