Si alguien ha demostrado que un principio de acuerdo no es un contrato firmado ha sido el grupo sanitario Pascual. Hace algo más de un año el SAS anunciaba con un comunicado muy parecido al de ayer el acercamiento entre las partes. Tres meses después y con el documento publicado en la Plataforma de Contratación de la Junta, la oferta quedaba desierta por la falta de concurrencia del único adjudicatario posible.
El presupuesto aprobado entonces –380,5 millones sin IVA para cuatro años– para 459.589 unidades de producto concertadas, que es la manera de denominar los servicios, no convencieron al empresario. También el hecho de que centros como la clínica San Rafael no disfrute de un convenio similar para todos los servicios y tendrá que concurrir con otras clínicas privadas en concursos públicos.
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