MEDIO AMBIENTE
La provincia de Cádiz entra en la lista negra por «robo de agua» en España
La asociación internacional WWF sitúa el entorno de Sanlúcar y Doñana como uno de los cuatro puntos críticos a escala nacional
El robo del agua es uno de los delitos ambientales «más extendidos e impunes» en España . Así lo denuncia el colectivo ecologista internacional WWF. La asociación ha realizado un mapa con los acuíferos más expoliados de España y la provincia aparece en ese cuadro. El entorno gaditano en el que se practicaría esta delictiva práctica es el de Sanlúcar-Doñana. Los otros tres son Las Tablas de Daimiel, Mar Menor y Los Arenales.
Esta «investigación» ecologista arroja una cifra alarmante, pues la superficie de agua sustraída serviría para inundar 1,5 veces todo el término municipal de Madrid . Concretamente, se eleva a 88.000 hectáreas.
El robo de agua, según este informe de WWF al que ha tenido acceso LAVOZ, sucede «frente a la inacción durante décadas de las distintas administraciones, que no han controlado ni saben el agua que realmente se extrae de los pozos mientras se agotan los acuíferos». La investigación se ha prolongado durante más de un año y ha buscado exactamente los datos sobre cómo se produce el robo del agua en cuatro de los acuíferos más importantes de España, entre ellos el que limita con las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla . Sólo en estas cuatro zonas, unas 88.645 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente. En total, el agua robada subterránea equivale a más de 65.000 piscinas olímpicas (casi 220 millones de metros cúbicos).
Para extraer agua subterránea es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar una cantidad de agua para un determinado fin. «Pero lo que sucede realmente en acuíferos como el de Doñana es que, sistemáticamente y con total impunidad , se están regando parcelas sin contar con autorización para extraer agua». WWF califica los datos como alarmantes, en varios de los casos «se riegan al menos 50.000 hectáreas de cultivo con agua extraída ilegalmente, el equivalente a más de 62.300 campos de fútbol».
La clave, según este informe, para entender el robo del agua está en que las administraciones responsables desconocen cuánta agua se extrae de pozos por encima de lo autorizado, «ya que no tienen capacidad de medir todas las extracciones, ni suficientes medios humanos para controlar estos recursos subterráneos». En algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles.
La continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, «alimentan esta situación» ya que, en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), «la administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida». Además, el descenso de los acuíferos supone un grave problema de contaminació n y una amenaza para la salud, ya que conlleva que la concentración de nitratos y arsénico sea mayor en el agua, como sucedió en 2006, hasta el punto de que en algunos casos no era apta para el consumo humano.
Los datos de Doñana
En el caso concreto de Doñana, el humedal más importante de Europa, los datos que ha obtenido WWF concluyen que la superficie regada con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores, es de más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol .
En los últimos dos años, el Ministerio para la Transición Ecológica ha cerrado numerosos pozos ilegales en la zona «pero la Junta de Andalucía no ha hecho lo mismo con las superficies regadas ilegalmente que son de su exclusiva competencia». Como consecuencia, afirma el informe, la sobreexplotación causada por el cultivo intensivo de fresas y otros cultivos se agrava cada vez más, por lo que el Tribunal de Justicia Europea sentenció el pasado mes de junio a España por el mal estado en el que se encuentra este Espacio Natural.
Cabe recordar que Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva.
La extracción ilegal del agua además genera una grave situación de competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso, frente los que lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores.
«Estos casos no son ejemplos únicos y aislados, sino una muestra de un problema mucho más generalizado que supone el uso ilegal del agua subterránea en España . El robo del agua es un escándalo para la sociedad y un delito que sucede por la inacción de las administraciones», afirma Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF.
