Imagen del recinto exterior de la Zona Franca.
Imagen del recinto exterior de la Zona Franca. - LA VOZ
ZONA FRANCA

PP: «El que provocó el cierre de la OPEX fue el propio Vila»

Los populares aseguran que el Consorcio siempre sufragó los gastos de la oficina y que el Ayuntamiento aún adeuda más de 134.000 euros

CÁDIZActualizado:

El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Cádiz, Ignacio Romaní, ha mostrado su sorpresa ante la petición del delegado de Urbanismo, Martín Vila, a la nueva delegada de Zona Franca, Victoria Rodríguez, de reactivar el convenio para la puesta en marcha de nuevo de la Oficina de Inversiones para el desarrollo del recinto exterior (OPEX) después de que en diciembre de 2016 se disolviera por decisión municipal.

Romaní ha asegurado que Martín Vila «habla sin saber» y ha recordado que fue él mismo como delegado de Urbanismo el que propuso su extinción. Así, ha mostrado el escrito que se envió por parte del Ayuntamiento al Consorcio, en el que se comunicaba que por acuerdo de Junta de Gobierno Local había decidido, por un lado, dar por finalizada la vigencia del convenio suscrito el 28 de diciembre de 2010 entre ambas entidades para la puesta en funcionamiento de la OPEX.

En su escrito, el equipo de Gobierno alegaba que a pesar de que se había prorrogado la vigencia del convenio y de que la oficina se había creado como modalidad de colaboración entre Ayuntamiento y Zona Franca, la oficina solo contaba con un arquitecto municipal «ya que el Consorcio ha retirado al personal asignado a la misma».

Por otro lado, en el escrito, se comunicaba al Consorcio la disposición del Ayuntamiento en colaborar con dicha entidad para la elaboración de un Plan Integral de Actuación en los recintos exterior e interior «que faciliten la implantación y la expansión de empresas que fortalezcan y diversifiquen el tejido industrial de la ciudad».

Falta de lealtad institucional

Ante este escrito, el anterior delegado, Alfonso Pozuelo, respondió al delegado de urbanismo lamentando tal decisión y recordándole que «por lealtad institucional» se podría haber resuelto de forma amistosa en el seno de la comisión de seguimiento paritaria que establecía el convenio.

Pozuelo pedía en su escrito de contestación que dada esta decisión, que se había tomado de forma unilateral por parte del Ayuntamiento, que se desalojara el local «cuanto antes».

Por otro lado, recordaba que la financiación de la citada oficina -según estipulaba el convenio- se hacía de forma parotaria «habiéndose sufragado los gastos siempre por cuenta de este Consorcio». Así, detallaba que los gastos ascendían a 268.477,20 euros, de los cuales 134.288,60 euros correspondían al Ayuntamiento.

Según fuentes cercanas, dicha cantidad aún está pendiente de abonar por parte del Consistorio gaditano.

Pozuelo, en su escrito, también agradecía el ofrecimiento de la elaboración de un plan integral de actuación y se ponía a disposición de «conciliar voluntades en beneficio de la ciudad» proponiendo incluso que se retomara el convenio.

Peticiones a la nueva delegada

Ahora, una vez que ha cambiado la dirección del Consorcio, Vila ha propuesto no solo la reapertura de la oficina para el desarrollo del recinto exterior sino la puesta en marcha de las unidades de ejecución de Talleres Faro-Supersol y la de Ibérica AGA, cuyo propietario es el propio Consorcio.

Asimismo, ha solicitado que la parcela de los antiguos terrenos de Construcciones Aeronáuticas (CASA) en la que iba a construirse el hospital por parte de la Junta de Andalucía se destine a «usos provisionales».

En concreto, el Ayuntamiento pretende que se le ceda de forma gratuita para habilitar un aparcamiento disuasorio dentro de la política municipal de movilidad y tras la implantación del carril bici, que ha provocado la pérdida de plazas de aparcamiento en la ciudad.