La asociación ha pedido ayuda a las administraciones, bancos y particulares para los jóvenes más vulnerables
La asociación ha pedido ayuda a las administraciones, bancos y particulares para los jóvenes más vulnerables - LA VOZ
ASUNTOS SOCIALES

Un piso para que los chavales no vuelvan «a la boca del lobo»

La Asociación de Familias Solidarias pide a la Junta que proteja a los menores en desamparo hasta los 25 años y a la administración y a la empresa privada un piso en alquiler social

CádizActualizado:

Justicia social, no caridad. Esto es lo que este jueves ha pedido el secretario de la Asociación de Familias Solidarias (Afasode), Juan Molina, para los menores residentes en centros de acogida de la provincia de Cádiz cuando cumplen los 18 años. En la actualidad, estos chavales cuando pasan a ser mayores de edad tienen que abandonar el centro en el que viven «quedándose en la calle, sin una preparación ni recursos ni vivienda ni trabajo». Por este motivo, la asociación ha solicitado a la Junta de Andalucía que amplíe la protección de los jóvenes bajo su tutela hasta los 25 años.

Esta petición «urgente» viene avalada por cifras «no oficiales», Según ha explicado la entidad, en esta situación se encuentran, «al menos», 10 jóvenes en la capital gaditana, 6 en Chiclana y 18 en Jerez «y todos los días nos llaman directores de centros de menores diciéndonos tengo que sacar a este niño que ha cumplido 18 años. Ninguna familia al cumplir sus hijos 18 años los echaría a la calle. No es una crítica, es un reflejo de una realidad y lo que queremos es buscar una solución», ha afirmado Molina.

Los datos oficiosos que maneja la asociación indican que, a día de hoy, hay más de 360 niños en centros de menores en la provincia de Cádiz tutelados por la Junta y declarados en desamparo. El camino del joven hasta llegar al centro de menores no es fácil ni agradable. En primer lugar son apartados de su familia o tutores por causas mayores (desatención, entorno conflictivos, droga, maltratos, etc). A continuación se les busca una familia de acogida y, si no se encuentra ninguna, la administración toma la decisión de que ingresen en un centro de acogida. Cuando cumplen los 18 años, y aún viven en estos centros, «van literalmente a la calle». El motivo es su consideración como adultos a esa edad y «la falta de recursos para mantenerlos» en dichos centros, ha señalado Molina. «Los ponen en la calle, sin una preparación, sin recursos, sin una vivienda, sin un itinerario profesional, sin haberles buscado un trabajo», alertan desde la asociación.

Lo problemático de esta circunstancia es que, en opinión de la asociación, los jóvenes a los 18 van a la calle o vuelven a los sitios de donde la propia Junta de Andalucía los sacó «porque era peligroso para ellos y ponía en juego su salud física o psicológica».

Por eso, Afasode exige reclama a la administración que a estos chicos se les siga protegiendo hasta los 25 años pero no en un centro sino en un piso tutelado, «que trabajen en la integral laboral y en su independencia econonómica para que puedan dar el salto en su autonomía personal».

Petición a ayuntamientos y bancos

La segunda petición de la asociación es una vivienda para, al menos, ocho chavales que tienen localizados. Cedida o en régimen de alquiler social. Ellos pueden ofrecer todo menos una vivienda. Disponen del mobiliario completo para un piso, «nos lo han cedido empresas y particulares»; el personal profesional voluntario (psicólogos, orientadores, educadores, trabajadores sociales, etc) para hacer el seguimiento a los jóvenes; y el sustento alimentario, «tenemos el compromiso del banco de alimentos y de una entidad religiosa de darnos alimentos perecederos y frescos».

El proyecto en el que se vertebra todo se llama Emprendiendo el vuelo, se trata de un programa de emancipación y autonomía personal de jóvenes que han estado bajo tutela de la Junta de Andalucía y que, al cumplir los 18 años, se quedan en la calle.

Los contactos con la Administración comenzaron hace tiempo. El primer destinatario fue la Agencia de Vivienda Andaluz para la Rehabilitación de la Junta. En agosto de 2017 se le solicitó «1 ó 2 viviendas para 8 personas y hasta ahora no se nos ha podido ofrecer una vivienda que reúna las características que necesitamos». «Nos conformamos con una vivienda en un barrio obrero, normalito, pero ubicado en un edificio sin riesgo social», advierten, ya que las dos viviendas que les han ofrecido hasta la fecha no eran viables. Una, en Jerez, muy bien conservada, pero en un edificio «con problemas de delincuencia» y, otra, en Chiclana, bien ubicada pero «con sólo dos dormitorios para ocho personas».

El llamamiento de la asociación para conseguir vivienda para los jóvenes que se quedan en la calle no está dirigido sólo a la administraciones públicas (han contactado hace meses con el ayuntamiento de Jerez, sin obtener respuesta, y lo van a hacer formalmente por escrito con el de Cádiz, San Fernando, Puerto Real y Chiclana). La llamada de socorro va dirigida, igualmente, a la empresa privada, bancos o particulares. «Nuestro mensaje no es sólo para la administración, también dirigimos nuestra petición a cualquier banco que tenga viviendas vacías sin uso o a un promotor que tenga una vivienda vacía y no le esté dando ninguna utilidad o a algún particular que disponga de algún piso al que no le esté dando ninguna utilidad», explica Molina.

No quieren dinero, insisten. Sólo «una vivienda cedida o en alquiler social» para darles una oportunidad a estos jóvenes y evitar devolverlos «a la boca del lobo». Así define el secretario de la asociación la situación que puede rodear a los chicos y chicas que se ven abocados a vivir en la calle: «Son hijos de vecinos y vecinas de nuestras localidades que han sido retirados y que no pueden volver a sus casas, no deben volver, y creemos que lo que les queda podría ser peligroso, hablo de opciones como robar o prostituirse para poder sobrevivir. Lo que estaremos haciendo es crear delincuente si no ayudamos a estos chavales».

De momento, la Junta sigue buscando algún piso en su parque de vivienda social, los dos bancos con los que ha contactado la asociación (Caja Rural y La Caixa) no pueden dar salida a su necesidad y, ahora, hacen extensivo el SOS al resto de la sociedad. «No vamos a mirar para otro lado». Es su lema. Y el teléfono para contactar con la asociación, el 661308866.