El alcalde de la ciudad, junto con el Interventor y el Secretario en un pleno del Ayuntamiento.
El alcalde de la ciudad, junto con el Interventor y el Secretario en un pleno del Ayuntamiento. - ANTONIO VÁZQUEZ
MUNICIPAL

La oposición estudia pedir al Tribunal de Cuentas que intervenga en el Ayuntamiento de Cádiz

PP, PSOE y Ciudadanos exigen soluciones urgentes en el área de Contratación al equipo de Gobierno, al que acusan de falta de transparencia

CÁDIZActualizado:

Los grupos de la oposición han calificado de auténtico «escándalo» la situación que se está viviendo en el área de Contratación del Ayuntamiento de Cádiz. Por ello, solicitan al alcalde de la ciudad, José María González Santos, explicaciones «urgentes» acerca de los 13,5 millones de euros en facturas que han sido reparadas por la Intervención General durante el año 2018.

El Grupo Municipal Popular ha enfatizado que esta cantidad «supone casi el 10 por ciento del Presupuesto Municipal de ese año y un 22 por ciento del gasto elegible, es decir, presupuesto una vez restado los capítulos de personal, gasto financiero y otros».

Los populares han señalado que ese volumen de dinero que -según Intervención- no se debe pagar porque no está refrendado con un expediente administrativo correcto o legal «no es aceptable en un Ayuntamiento que está todo el día presumiendo de gestión económica».

PP: «Un boquete de difícil justificación»

El PP ha añadido que «los que están todo el día hablando de la herencia recibida están dejando en las arcas municipales un boquete de 13 millones de euros anuales de difícil justificación, por no decir otra cosa, ya que es evidente que cualquier responsable público va a encontrar serias dificultades para pagar algo que Intervención dice que no se puede pagar legalmente».

Los populares han recordado a su vez que en el pasado pleno de diciembre se aprobó ampliar el objeto de la Comisión Técnico Política creada en marzo de 2018 para que en este organismo se comprueben los reparos de intervención que se habían realizado hasta la fecha, y la firma de los decretos de Alcaldía que levantan algunos de esos reparos, al igual que la realización de contratos menores.

Han añadido que en ese mismo punto se aprobó que dicha comisión fuera convocada con carácter de urgencia y sin dilación alguna, para aportar toda la información solicitada de los reparos de Intervención, los contratos menores y los decretos de levantamiento de reparos.

El PP ha recordado que esta Comisión Técnico Política aprobada en marzo de 2018 tuvo que esperar hasta el 18 de octubre para que fuera convocada por el alcalde en una reunión «que no dio más que para su constitución y la remisión a una posterior, celebrada el 6 de diciembre, en la que tampoco se aportó ninguna información relevante sobre lo que en realidad sucedió con las cuentas suspendidas ni con los constantes reparos de la Intervención General y el subterfugio usado por el alcalde con la firma de decretos que levantan dichos reparos».

En este sentido, el concejal popular, José Blas Fernández, que ya mostró su malestar en la citada reunión del 6 de diciembre de la Comisión sobre la suspensión del Presupuesto por el TSJA, obtuvo el compromiso del alcalde de no dilatar la entrega de la información más allá de 15 días, «pero es evidente que de nuevo el alcalde incumple su promesa; no solo no ha vuelto a convocar a la Comisión para darnos la información requerida sobre estos reparos, los contratos menores y sus decretos, sino que ahora nos encontramos con la información de que en los últimos cuatro meses esas facturas con irregularidades se han duplicado mientras que el responsable de Hacienda, David Navarro, permanece en absoluto silencio, al igual que el alcalde».

Los populares han apuntado que el pasado pleno de diciembre también acordó, con el voto en contra de Podemos y Ganar Cádiz que se opusieron a toda la moción popular, que la Secretaría General elaborara un informe en el que se estableciera las posibles responsabilidades políticas y de cualquier otro carácter que puedan derivarse de los decretos de levantamiento de reparos firmados por el alcalde para pagar las facturas que Intervención no estima correctas.

Falta de información

José Blas Fernández ha señalado que, a la vista de los «intentos de ocultación constantes» que está haciendo el equipo de Gobierno, y el volumen alcanzado por las facturas reparadas por la Intervención, estudiará remitir al Tribunal de Cuentas estos hechos referidos, en primer lugar a la falta de información a la citada Comisión Técnico Política, y en segundo término a los reparos de Intervención en sí.

A juicio del edil popular, «es más que idóneo que sea ya el Tribunal de Cuentas quien determine qué responsabilidades existen en este Ayuntamiento para que haya facturas por valor de 13,5 millones de euros con irregularidades y por qué el alcalde está firmando decretos para pagarlas en buena parte en contra de los criterios de los técnicos».

PSOE: «Mayor transparencia y personal»

Desde el PSOE, su portavoz, Fran González, ha lamentado la situación reiterando la necesidad de «poner en marcha soluciones para lograr un mejor funcionamiento de las contrataciones en el Ayuntamiento y una mayor transparencia».

El candidato socialista ha insistido en que aunque el equipo de Gobierno haya estado negando esta situación, «la cruda realidad vuelve a imponerse ya que es un problema que se sigue incrementand, por lo que hay que tomar medidas.

Fran González ha recordado que «estamos hablando de servicios muy importantes para los gaditanos, desde la provisión de frutas y verduras a la guardería municipal, hasta la ayuda a domicilio y la limpieza de centros escolares que, en muchos de los casos, llevan años sin contrato.

Entre las propuestas de los socialistas para lograr que se presten unos servicios de calidad está la elaboración de unas nuevas instrucciones para los contratos menores, «después de que el alcalde las derogara en agosto sin crear otras nuevas». En opinión de González, «con ello se consigue el necesario control y coordinación de las distintas áreas del Ayuntamiento».

Por otro lado, los socialistas proponen el fortalecimiento de la unidad de contratación incrementando el personal para canalizar las contrataciones.

Fran González ha concluido asegurando que es preciso la puesta en marcha de un sistema para regular y garantizar la transparencia en el procedimiento, «como el que tiene, por ejemplo, la Diputación de Cádiz».

Cs: «Una situación inadmisible»

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Juan Manuel Pérez Dorao, ha calificado de «inadmisibles» los problemas que se vienen sumando en el Área de Contratación del Ayuntamiento de Cádiz.

El dirigente de la formación naranja ha manifestado que «estas dificultades se han multiplicado en el último cuatrimestre del pasado año, tal y como se muestra en el balance de los informes de reparo que ha realizado la Intervención municipal contra diversas facturas por servicios prestados al Consistorio».

Ha declarado que se trata de un «grave problema que está ocurriendo desde el principio del mandato» y ha recordado que desde su formación ya advirtieron en el pleno de octubre de 2018 sobre esta situación.

«Requerimos al equipo de Gobierno para que procediera a la redacción y remisión al Pleno de un Informe en el que se diera cuenta de la situación real y objetiva en el que se encuentra el Servicio de Contratación del Ayuntamiento pero, una vez más, vemos que no cumplen con los mandatos dictados por el Pleno».

Para el concejal de Ciudadanos, esta situación, que además se ha ido agravando en el último cuatrimestre del año, «demuestra una vez más la incompetencia, la ineficacia y, sobre todo, la falta de transparencia de este equipo de Gobierno. Es inadmisible que la cifra de facturas reparadas por Intervención supere los 13 millones de euros y, sin embargo, el alcalde continúa levantando esos reparos a golpe de decreto».

Pérez Dorao ha recalcado que «se están pagando multitud de contratos y servicios en contra del criterio del Área de Intervención, que advierte que se está haciendo eso al margen de la Ley. Este equipo de Gobierno no se puede seguir excusando en que hay que continuar prestando servicios a la ciudad, que es obvio, pero eso hay que hacerlo bajo un marco legal y conforme a la Ley».