El modelo turístico de la capital, a debate

El Gobierno local ya ha anunciado que en este mes de septiembre se convocará un pleno extraordinario en el que se elevará la propuesta para modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de regular el uso turístico en uso residencial marcando, a su vez, unos índices que garanticen el equilibrio entre ambos y que, según explican desde el Ayuntamiento, «actualmente se superan en la mayor parte del casco histórico de la ciudad».

Para ello, se busca el apoyo del PSOE, tras un primer intento fallido el pasado año en el que todos los grupos de la oposición tumbaron la propuesta del equipo de Gobierno.

La idea del equipo de Kichi es incluir las viviendas con fines turísticos (VFT), cuyas licencias concede la Junta de Andalucía (en la ciudad se contabilizan 1.850 aproximadamente), en el PGOU como uso de hospedaje para poder actuar ante esta realidad que, en su opinión, «está condicionando de forma determinante el acceso a una vivienda para residir en Cádiz».

La explosión turística vivida este verano en Cádiz ha encendido las alarmas y hay muchas voces que hablan de turistificación y de un modelo turístico en la ciudad ambientalmente y socialmente «insostenible» .

Tras abrirse una consulta pública a la propuesta del Gobierno local a finales del mes de julio y con un plazo de apenas veinte días, se recogieron un total de 187 alegaciones , tanto de particulares como de partidos políticos, además de distintas entidades, asociaciones y colectivos.

Destacar la presentada de manera conjunta por la asociación de vecinos Cádiz Centro, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Agaden Ecologistas en Acción, FACUA, Asamblea Ciclista Bahía de Cádiz, La Zancada, Mujeres de Acero, Comité de Solidaridad Oscar Romero, Economía de Bien Común y Calle Viva.

Para estos colectivos, el todavía vigente PGOU es «insostenible ambientalmente y excluyente socialmente y postula una ciudad tipo parque temático, más atenta a sus visitantes que a sus habitantes ». A su juicio «se está poniendo en cuestión el derecho a la ciudad de sus habitantes, el derecho a la vivienda o la priorización de la calidad de vida, a cambio del lucro aplicado a las actuaciones en materia de vivienda».

Estos colectivos insisten en que «no estamos en contra de la actividad turística ordenada en nuestra ciudad, pero mientras no contemos con la imprescindible Ordenanza que la regule, necesitamos poner freno a este movimiento especulativo. La paralización en la concesión de licencias para viviendas con fines turísticos es una medida que debe adoptar el Ayuntamiento gaditano con carácter de urgencia».

Uno de estos colectivos, Calle Viva , lleva años reclamando esta regulación y denunciando el «colapso turístico» y la «incesante turistificación de nuestra ciudad», que en su opinión, «está haciendo peligrar tanto la identidad como la supervivencia de Cádiz ». Señala como culpables a Horeca, a las familias de propietarios rentistas de la ciudad, el anterior gobierno del PP, el actual gobierno de Kichi y a los grupos de la oposición que están en el Ayuntamiento gaditano en estos momentos.

La política de movilidad también es cuestionada por Calle Viva, que indica que el equipo de Gobierno debería promover iniciativas de aparcamiento con autobuses lanzaderas e incentivar con propuestas llegar en medios como el tren o el autobús a la ciudad.

Desde otra entidad directamente afectada, la asociación de vecinos Cádiz Centro , su presidente, Francisco Gómez, se muestran a favor de un control de este tipo de viviendas «que está dejando sin vecinos y sin niños al casco histórico de la ciudad». Consciente de la importancia de la industria turística en la capital, asegura que lo ideal sería encontrar el «equilibrio» .

Asimismo, reclama una mayor inversión por parte de las administraciones públicas, «ya sea el Ayuntamiento o la Junta de Andalucía, en vivienda pública» añadiendo que «son muchos los solares vacíos en la ciudad que podrían destinarse a vivienda pública dada la escasez que tenemos en esta ciudad». Por tanto, pide una mayor implicación de las instituciones para facilitar a los gaditanos el acceso a la vivienda.

Por su parte, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) también ha presentado alegaciones a esta propuesta municipal. El delegado en Cádiz, Luiz López Laínez, considera que «es muy importante trabajar con datos actuales y fiables . Ellos trabajan con el registro de la Junta, que está muy sesgado ya que te das de alta pero no es obligatorio darte la baja. Además, están incluidas tanto las viviendas que se alquilan completas como la lo hacen por habitaciones, las que se alquilan todo el año y las que se hacen solo por meses. Por tanto, hace falta tener una imagen real de la situación antes de adoptar medidas ».

Insiste en que «no está demostrado que el aluvión de turistas que ha habido este verano en la ciudad estuvieran durmiendo en Cádiz. Puede que hubiera muchos visitantes que pernoctaban en otras localidades vecinas y que viniesen a pasar el día».

Añade la necesidad de más aparcamientos y un sistema de transporte eficaz «para evitar los colapsos y los atascos que hemos vivido este verano en la ciudad».

Desde el plano político, el equipo de Gobierno tiene que convencer al PSOE para lograr su objetivo. No contó con su apoyo en el pleno del pasado año pero confía en que haya reflexionado y, en esta ocasión, la propuesta pueda prosperar.

La postura socialista es «encontrar el equilibrio a través de la redacción de una ordenanza municipal de delimitación del uso turístico para controlar las VFT y realizar la posterior modificación puntual del PGOU , conforme a nuestro programa electoral de 2019».

Critica que no se publicitara la consulta pública que y se realizara en plena temporada alta, «cuando muchas de las personas a las que les afecta directamente este tema desde el punto de vista turístico están sobrepasados de trabajo y no tienen tiempo de redactar alegaciones».

El PSOE cree además que las herramientas municipales para favorecer el acceso a la vivienda «no funcionan» , poniendo como ejemplo tanto la ordenanza reguladora del Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas aprobada en 2016, «que es inoperante porque no se la ha dotado de presupuesto»; como la ordenanza de Alquiler Justo, con la que «tan solo han conseguido alquilar unas pocas viviendas desde 2016».

Para el Partido Popular , «en plena crisis Covid y sin conocer aún sus consecuencias, no es el momento adecuado para experimentar y aplicar este tipo restricciones, más aún dado que no existe hoy un problema de saturación turística en la ciudad».

Los populares afirman que «con la nueva redacción del PGOU, se produce una persecución puramente ideológica a la industria turística que acarrea una doble contradicción: el Ayuntamiento no dispone de mecanismos de control de las VFT, pues deben solicitar permiso a Junta de Andalucía y, en cambio, sí que restringe al máximo toda opción de nuevos proyectos turísticos en la ciudad, ya sean hoteles o apartamentos turísticos, atacando directamente uno de sus motores económicos más importantes».

Desde el PP se considera que «el único objetivo es limitar la implantación de la actividad turística en Cádiz, porque así lo impone su programa político y tratar de ocultar, la nula gestión en vivienda por parte del actual equipo de Gobierno».

Ciudadanos , por su parte, considera que la propuesta municipal «parece un nuevo intento de dividir a la ciudadanía».

Para su portavoz, Lucrecia Valverde, « la escasez y carestía de la vivienda en Cádiz debe afrontarse de un modo global , porque las viviendas y apartamentos turísticos no constituyen en absoluto el único factor que ha de considerarse para afrontar el problema, debiendo recordar las 5.000 viviendas vacías y la nula política municipal de promoción de vivienda pública, además de las posibilidades de reformar ordenanzas para que locales vacíos puedan transformarse en viviendas».

Lamenta que el equipo de Gobierno «carezca de la voluntad de negociar con la oposición para alcanzar un acuerdo de mínimos -así se ha hecho en el Ayuntamiento de Sevilla- porque parte de una predisposición prejuiciosa y sectaria en contra de la principal actividad económica de la ciudad».

El concejal no adscrito, Domingo Villero , asegura que nadie se ha puesto en contacto con el para consensuar esta propuesta. Considera que « se esta tratando de demonizar una actividad que a día de hoy es de las pocas que genera economía en la ciudad , por lo que hay que cuidarla, atenderla y regularla. Eso sí, no echarle la culpa de la falta de vivienda cuando hay más de 5.000 cerradas en el casco histórico».

Así, el modelo turístico de la ciudad se encuentra en estos momentos en el punto de mira a la espera del resultado de este pleno y de la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Turismo cuyas bases ya se han presentado al sector turístico de la capital y que se desarrollará en los próximos cuatro años.