El concejal popular, José Blas Fernández.
El concejal popular, José Blas Fernández. - La Voz
Tribunales

José Blas Fernández pierde la batalla con Podemos por la falta de información

El equipo de Gobierno, satisfecho con el archivo de la denuncia contra el alcalde en la que se le acusaba de un delito contra los derechos civiles

CádizActualizado:

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz ha archivado y ordenado el sobreseimiento de la denuncia presentada por el PP, a través de su concejal José Blas Fernández, que acusaban al alcalde de Cádiz, José María González Santos, de delito contra los derechos civiles por no facilitar información solicitada por la oposición.

El equipo de Gobierno mostraba su satisfacción asegurando que «este archivo, uno más en la escalada de denuncias interpuestas por el PP en estos cuatro años, viene a desmontar la estrategia adoptada por los populares cuyo único fin es conseguir una foto del alcalde en los juzgados pese a ser conscientes de que su denuncia parte de hechos falsos, como se viene demostrando archivo tras archivo».

Recuerda que esta querella fue ya archivada por el juzgado tras comprobar que era «manifiestamente falso» que «las cientos de preguntas escritas presentadas en Alcaldía por Fernández no hubieran sido contestadas». Añade que «este archivo no sólo fue interesado por la defensa del alcalde sino también por la propia Fiscalía».

Dicho archivo fue recurrido por la acusación particular y el pasado día 9 de abril la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cádiz -mediante un auto judicial- «ha desestimado el recurso de apelación y confirmado el archivo y sobreseimiento de la causa», insiste.

El Gobierno local subrayó que «en el auto incluso se afea a José Blas Fernández que en su recurso contra el archivo de la causa su pretensión sea que al alcalde se le tome declaración judicialmente como investigado ya que ni siquiera hace mención de la exhaustiva información que entregó el primer edil en la que se desmiente los hechos denunciados».

Para el equipo de Gobierno «se comprueba una y otra vez que planearon desde el mismo día de la toma de posesión de la nueva Corporación, una estrategia que consistía en inundar la Alcaldía con solicitudes de preguntas escritas amparándose en la obligación que tiene de contestar las solicitudes de información que la oposición plantea, con tres únicos fines: bloquear con sus continuas e infundadas preguntas la actividad de todas las áreas del Ayuntamiento, hacer imposible materialmente su contestación en los plazos legales, y plantear con el tiempo una querella criminal contra el alcalde basada en delito que supone no facilitar información a la oposición».

En su opinión, «queda demostrado que muchas de las preguntas que elevaron estaban contestadas e informadas incluso antes de registrar sus solicitudes frente a Alcaldía, muchas otras tenían una respuesta fácil accediendo al portal de transparencia del Ayuntamiento de Cádiz tan accesible para la oposición como para cualquier otro ciudadano; otras, cientos, fueron contestadas en plazo y forma y, finalmente, también se elevaron preguntas tan surrealistas como información sobre contratos o convenios que fueron firmados durante el Gobierno local del Partido Popular».