VIVIENDA
La huella de la infravivienda en Cádiz
El casco histórico de Cádiz tiene 50 fincas declaradas infravivienda y en algunas aún vive gente
La vivienda sigue siendo uno de los principales problemas de los gaditanos. A la falta de suelo se une la escasa oferta de viviendas y los limitados recursos económicos, tanto de las administraciones públicas para garantizar el derecho a una vivienda digna, como de los ciudadanos para poder pagarla. Esta circunstancia se refleja en el notable aumento del número de demandantes de vivienda en el registro municipal de Procasa, que se ha doblado en los últimos cuatro años pasando de 3.600 en 2014 a los 7.154 actuales. Es decir, más del 12% de la población de la capital es demandante de vivienda . A la escasez de viviendas se une el deteriorado estado de conservación de muchas de ellas, que da lugar a otra cifra alarmante: hay 50 fincas declaradas como infravivienda en el casco histórico (aproximadamente 375 viviendas). Muchas de ellas están clausuradas y algunas siguen habitadas por familias que viven entre techos apuntalados, grietas y el miedo en el cuerpo, sobre todo cuando llueve.
Único barrio sin infravivienda
Este diagnóstico de la infravivienda en Cádiz no ha variado apenas en los últimos años a pesar de que, curiosamente, en 2018 se han cumplido dos décadas de funcionamiento de la Oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía en Cádiz y diez años del programa municipal de rehabilitación de infravivienda, que se puso en marcha tras el ‘decretazo’ andaluz que dejó al Ayuntamiento sin competencias en materia de infravivienda. De los años de intensa intervención y rehabilitación urbanística que, con fondos europeos a través del Plan Urban , permitió la rehabilitación del Pópulo (el único del casco histórico sin infravivienda) y parte de Santa María, queda poco.
El 17%de las viviendas de Cádiz necesita una rehabilitación, integral o parcial
En medio ha habido una crisis económica y un parón pronunciado y demasiado largo de las políticas públicas de viviendas en la capital gaeditana. Así las cosas, según recoge el nuevo Plan Municipal de Vivienda de Cádiz, aprobado de forma provisional este pasado verano y que el mes que viene se someterá a aprobación definitiva, el parque de vivienda de Cádiz está formado por más de 59.000 viviendas y el 17% está en mal estado . Este dato incluye las viviendas públicas (1.670 del Ayuntamiento y 1.661 de la Junta), de las que se estima que el 9% necesita una rehabilitación integral y otras 500 -privadas-, requiere una importante rehabilitación.
Una vuelta por Cádiz sobra para advertir la existencia insoportable de muchos edificios cerrados o que se caen a pedazos. Los barrios de San Juan y la Viña son los más afectados aunque también hay ejemplos visibles a pie de calle en el Mentidero y otros puntos del centro. La necesaria apuesta de las administraciones públicas por erradicar la lacra de la infravivienda y procurar una vivienda en condiciones a los más de 7.000 demandantes contrasta con el ritmo lento de las actuaciones y con noticias chocantes como la elaboración de un nuevo mapa de la infravivienda de Cádiz, que anunció recientemente la secretaria general de Vivienda de la Junta, María José Bejarano.
Hay 7.154 inscritos como demandantes de vivienda en el Registro de Procasa, el doble que en 2014
Sobran mapas y faltan hechos, han denunciado muchas veces vecinos y otros colectivos ciudadanos. Cádiz no ha tenido uno, ni dos, ni tres mapas de infravivienda en los últimas dos décadas. La Junta, el Ayuntamiento, la federación de vecinos 5 de abril, estudios de la APDHA, otro mapa -actualizado- de la Junta y otro posterior del Ayuntamiento realizado en julio de 2016, y con cifras similares al que había. Todos han hecho el suyo. La duplicidad de esfuerzos no juega a favor de un problema del que se habla más que se resuelve.
«Ni casa sin gente, ni gente sin casa»
Esta descripción de la situación ha generado en los últimos años -y sigue provocando- muchas quejas y críticas de los gaditanos que, en sonadas ocasiones, han trasladado la dureza de su situación al salón de Plenos del Ayuntamiento, a la cola de los servicios sociales municipales de la calle Zaragoza o, sin quererlo, a sus casas cuando han tenido que ser desalojados por derrumbes de techos, suelo, grietas o mal estado de salubridad.
En este contexto, muchos vecinos han arremetido contra el equipo de Gobierno municipal -especialmente contra el alcalde, José María González Santos- por sentirse utilizados antes de las elecciones cuando, según afirmaron, se les prometió acceso a una vivienda digna por parte de los actuales gobernantes de San Juan de Dios. La proclama «Ni casa sin gente ni gente sin casa» con la que González Santos presentó sus credenciales a alcalde pronto devino en lastre para él pero sobre todo para los ciudadanos que le dieron su confianza y, tres años después, no han podido acceder a una vivienda mejor ni salir de la situación de vulnerabilidad o exclusión social.
Reactivación política
Tras varios años de letargo, las administraciones están sacando del ralentí las políticas de vivienda, aunque a una velocidad inferior a la que requiere la situación. A día de hoy la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta ha ampliado en 1,3 millones las ayudas previstas a la rehabilitación de edificios en la provincia para permitir a las comunidades de vecinos acometer mejoras de accesibilidad, eficiencia energética, instalación de ascensores, eliminación de barreras arquitectónicas o conservar los inmuebles.
La falta de recursos en los últimos años redujo la actuación pública en construcción y ayudas
Tras los 52 pisos entregados en el Callejón de Osorio hace casi dos años, recientemente se entregaron a sus adjudicatarios las llaves de las viviendas de la calle Troilo 1 y 3. En la cartera de proyectos en los próximos años están la rehabilitación de Lubet 4, Mirador 22 y Paz 3, que generarán 23 viviendas en alquiler; remodelar íntegramente Corralón de los Carros 48 y 50 (6 viviendas); construir 11 pisos en Santa María y hacer obras de mejora en ocho edificios de la Paz. Sobre la segunda fase de los pisos de Matadero, tras años de espera, la situación actual no ha variado.
El Ayuntamiento, por su parte, ha estado media legislatura con el foco puesto en hacer un nuevo Plan municipal de Vivienda y no ha sido hasta ahora cuando ha destinado dos milones de euros en los presupuestos de 2018 para rehabilitar tres fincas -para alquiler social- y 700.000 euros para la conservación del parque municipal de viviendas.
En los últimos años se han hecho varios mapas de la infravivienda aunque la situación casi no ha variado
Precisamente, el principal reproche que se le ha hecho al Consistorio en esta legislatura, tanto en la calle como desde la bancada de la oposición, es su escasa actividad en la construcción y rehabilitación de viviendas sociales. Las únicas que ha entregado (56 pisos de la antigua Comandancia de la Guardia Civil) fueron iniciadas en el anterior mandato, lo que ha granjeado la crítica del PP, valedores del proyecto, contra el ‘ayuntamiento del cambio’ por «no haber hecho ni una sola vivienda propia» cuando prometieron que a nadie le faltaría.
Desde el Ayuntamiento se ha intentado parar estas bofetadas de realidad argumentando la situación de «desahucio» de Procasa en 2015, la falta de recursos económicos o la atribución de competencias en la Junta de Andalucía, administración con la que, por otro lado, el gobierno de Kichi gasta una aparente cordialidad institucional desde las dos reuniones que mantuvieron la presidenta Susana Díaz y el alcalde para avanzar en proyectos de ciudad pendientes.
En cualquier caso, el Ayuntamiento concluirá la legislatura con sólo tres nuevas promociones en curso, cuya tramitación comenzó antes de 2015. Son 7 viviendas en Santa María nº 10 (625.000 euros), 13 en calle Cruz nº 11 (843.000 euros) y 28 en Doctor Marañón 4 . Esta última con la UCA y ejemplo piloto de un programa europeo de eficiencia energética. En total 48 viviendas que reducirán muy poco el listado de 7.000 demandantes y casi nada el medio centenar de infravivienda.
