Cádiz

La hija de la anciana que será desahuciada en Cádiz: «Pido al alcalde que sea consecuente con sus ideas»

Una mujer de 82 años recibe una orden de desahucio y el Ayuntamiento recuerda que el propietario ya fue requerido en 2017 para ejecutar obras de seguridad

Carmen Otero, de 82 años, junto a una de sus hijas en el piso del que será desalojada el 8 de julio Antonio Vázquez

Fran M. Galbarro

La familia de Carmen Otero, de 82 años, ha solicitado una alternativa habitacional al Ayuntamiento de Cádiz tras recibir una orden de desahucio que le obligará a abandonar su vivienda en el próximo 8 de julio. La plataforma de Jubilados y Pensionistas denunció la situación en un vídeo que supera ya las 15.000 visitas .

Otero será desalojada del que ha sido su hogar en la calle Sagasta, en pleno centro, durante casi 45 años. La anciana no puede valerse por sí misma y actualmente reside en esta vivienda con una de sus hijas, su yerno y su nieta. No obstante, el Ayuntamiento asegura que «no es un desahucio, sino una declaración de suspensión temporal de un contrato de arrendamiento al objeto de que se pueda llevar a cabo del desalojo de la vivienda y, con ello, la ejecución de una serie de obras de seguridad».

« Pido a Kichi que sea consecuente con sus ideas, las que tenía antes de tomar el bastón de mando de Salvochea» , reclama su hija Juani, quien solicita al alcalde la misma actitud mostrada tras tomar posesión en 2015, cuando junto a cuatro de sus concejales se personó en un desahucio para intentar evitarlo . La familia reclama una alternativa habitacional al Ayuntamiento, que ofrecerá asesoramiento jurídico desde PROCASA, cuyos trabajadores efectuaron este mismo miércoles una visita a su vivienda para comprobar la situación de búsqueda de recursos por parte de la abogadade la entidad y una asistente social de los Servicios Sociales del Ayuntamiento. De hecho, según el Consistorio gaditano, la inquilina fue atendida en PROCASA el 4 de octubre de 2017, fecha en la que ya recibió asesoramiento jurídico. «Sólo queremos una casa decente para poder vivir en Cádiz», insiste la familia.

Una mujer de 83 años será desalojada temporalmente para la realización de obras ante la «situación de peligrosidad del inmueble»

Obras por seguridad

El motivo de la orden de desalojo no está relacionada con ningún impago. De hecho, esta gaditana ha pagado mensualidad a mensualidad el precio estipulado en un acuerdo de alquiler con casi 45 años de vigencia. Se trata de una declaración de suspensión temporal del contrato para llevar a cabo una serie de obras de seguridad solicitadas por el Ayuntamiento en la finca.

Carmen fue requerida de desalojo por la propiedad previamente, en septiembre del año 2017, tal y como recuerdan desde la Corporación municipal. Dicho acto se celebró sin avenencia ante la no comparecencia de la inquilina. Las hijas de Otero aseguran que asistieron al acto, al que su madre no pudo acudir por sus problemas de salud. Ante la oposición de la inquilina al desalojo voluntario del inmueble y el expediente de multas coercitivas y ejecución subsidiaria municipal frente a la propiedad por no acometer las obras requeridas en plazo, el casero decidió interponer la demanda solicitando la suspensión del contrato ante la «situación de peligrosidad e inseguridad del inmueble» .

El contrato de alquiler cuenta con 45 años de vigencia. «Sólo queremos una casa para poder vivir», reclama la familia

El contrato quedaría sin efectos durante el tiempo de las obras. Finalizadas estas, la inquilina podría volver al inmueble , aunque durante ese tiempo -los afectados estiman dos años- no podría hacer frente a los precios actuales.

Las hijas de Carmen Otero también denuncian que los desperfectos del piso han sido provocados por el propio dueño del mismo para promover el desalojo. De hecho, aportan un documento entregado en el Ayuntamiento en 2012 en el que muestran su descontento por unas obras «que afectaron a la estructura de la vivienda», «demoliendo forjados, tabique, muros...». En este escrito se reclamaba a la Corporación que paralizara unas obras «sin licencia».

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