El asunto de los chiringuitos ha llegado finalmente a los juzgados.
El asunto de los chiringuitos ha llegado finalmente a los juzgados. - LA VOZ
CHIRINGUITOS

C's denuncia a Kichi por presunto delito de prevaricación y malversación por los chiringuitos

El Juzgado admite a trámite la denuncia de los concejales de Ciudadanos, que aseguran que ha habido «desviación de poder» por parte del alcalde para eludir la convocatoria de un concurso público

CÁDIZActualizado:

Los concejales de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao y María Fernández-Trujillo, presentaron una denuncia ante el Juzgado de Instrucción de guardia el pasado 6 de julio -que ha sido admintida a trámite- contra el alcalde de la ciudad, José María González Santos, al entender que ha cometido «presuntamente» los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por su actuación con los chiringuitos de la playa.

Tras haber puesto la voz de alarma el pasado mes de febrero, Juan Manuel Pérez Dorao, ha insistido en que «hemos estado investigando y observando» este asunto durante todo este tiempo ya que, a su juicio, se ha producido una posible «desviación de poder» por parte del alcalde gaditano con el objetivo de eludir la convocatoria de un concurso público.

Para Pérez Dorao, el presunto delito de prevaricación que consta en la denuncia es como consecuencia de que el Ayuntamiento «se ha saltado una prohibición legal de modificar las condiciones sustanciales de los contratos de los chiringuitos sin someterlo previamente a un nuevo concurso público».

Ha recordado que el Ayuntamiento inició un expediente para modificar la condición sustancial de la concesión administrativa que el propio Consistorio tenía con la Junta de Andalucía «con la intención de trasladarle las nuevas condiciones a los propietarios de los chiringuitos». Tras este expediente, ha añadido, se dictó un informe por parte de la administración autonómica donde se ponía de manifiesto que esta circunstancia no era posible sin convocatoria pública.

Posteriormente, cuando el Ayuntamiento recibió este informe, desistió del expediente y pidió el archivo. Seguidamente, ha recordado el portavoz de Ciudadanos, procedió al inicio de un expediente para transmitir a los titulares de los chiringuitos la concesión administrativa de la que el Ayuntamiento era titular con la finalidad de habilitar a éstos para que fueron ellos los que pidieran la modificación sustancial».

Entre estas modificaciones sustanciales estaba el aumento de la ocupación del espacio de 150 a 300 metros, ampliación a todo el año y un incremento de la concesión administrativa de 15 a 30 años.

Pérez Dorao ha insistido en que cuando el Ayuntamiento decidió actuar de esta manera lo hizo«saltándose la legalidad y realizando un fraude de Ley».

En cuanto al presunto delito de malversación ha explicado que la transmisión de la titularidad de la concesión a los propietarios de los chiringuitos (que se hizo a través de un decreto del propio alcalde) se ha llevado a cabo «sin incoar un expediente ni valorar este bien patrimonial, sin contrato y sin la contraprestación que tendrían que abonar los propietarios de los chiringuitos, lo que supone un claro perjuicio para la situación patrimonial del Ayuntamiento».

A esta denuncia presentada el seis de julio se han añadido una serie de alegaciones ya que, según ha comentado el portavoz de Ciudadanos, «se han producido hechos nuevos que pueden tener relevancia».

Resolución firme de la Junta

Así, en primer lugar, la formación naranja ha tenido constancia de que con fecha 4 de julio de 2018 ha tenido entrada en el Ayuntamiento un informe de la delegación territorial de Medio Ambiente a petición de uno de los titulares de los chiringuitos que confirma que el Consistorio procedió a trasmitir la concesión administrativa de la que era titular a los empresarios propietarios de los mismos «habiéndose dictado con fecha 29 de noviembre de 2017 resolución de la consejería en la que se reconocía dicha transmisión, resolución que ha devenido firme, de manera que el Ayuntamiento ha perdido ya los derechos concesionales en favor de los citados empresarios».

En esta primera alegación, Ciudadanos afirma que con dicho informe «se puede tener por acreditado que el delito de malversación que se denunció se ha producido efectivamente en grado de consumación ya que el alcalde -vía decreto- procedió a transmitir a los empresarios titulares de las explotaciones el derecho de concesión administrativa del que el Ayuntamiento era titular».

Y todo ello, añade, «sin someter el asunto a expediente administrativo alguno, de forma arbitraria e incurriendo en una clara desviación de poder y, además, de manera gratuita».

C's: «El alcalde intenta dar marcha atrás»

Por otro lado, en una segunda alegación, la formación naranja expone que cuando el alcalde ha tenido conocimiento de la presentación de la denuncia «y siendo sin duda consciente de la grave ilegalidad cometida, ha intentado dar marcha atrás».

Para ello, el pasado 13 de julio la Junta de Gobierno Local, presidida por el alcalde, «adoptó un acuerdo de declarar caducado el expediente de transmisión de la concesión administrativa, intentando con ello crear la apariencia de que ésta no se ha producido».

En opinión de los denunciantes, «esta actuación ha sido realizada con una evidente finalidad exculpatoria que no hace sino confirmar la plena consciencia del denunciado (el alcalde) de haber sido descubierto en una actuación fraudulenta».

«Han regalado la concesión»

En definitiva, ha asegurado Pérez Dorao, «lo que se ha hecho es regalar esta concesión administrativa a los titulares sin que el Ayuntamiento haya articulado ninguna contraprestación a su favor, es decir, en contra del interés público».

La denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado, que ha incoado diligencias previas y ha ordenado la recopilación de información tanto al Ayuntamiento de Cádiz como a la Junta de Andalucía, asi como la toma de declaracion de los dos denunciantes».