El alcalde, junto a su jefe de gabinete y el exconcejal de Medio Ambiente en el banquillo - A. Vázquez
CASO LORETO

Kichi se ratifica en la «mala gestión» del PP en el caso del agua de Loreto

Mientras la acusación particular del PP solicita 24 y 14 meses de multa y la publicación de la sentencia condenatoria por calumnias e injurias, la Fiscalía pide la absolución de los tres acusados

CÁDIZActualizado:

Pasaban las 9,30 horas cuando se iniciaba el juicio oral por el que el alcalde de la ciudad, José María González Santos ‘Kichi’; su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia; y el ex delegado de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Cádiz, Manuel González Bauza, se sentaban en el banquillo para declarar en el Juzgado de lo Penal número 5 por los presuntos delitos continuados de calumnias con publicidad e injurias con publicidad de los que les acusaban los concejales del PP del anterior equipo de Gobierno.

En concreto, las declaraciones por las que se les juzgaba fueron realizadas en una asamblea celebrada en el barrio de Loreto en la que el alcalde, acompañado de los otros dos acusados, informó a los vecinos del documento elaborado por Aguas de Cádiz en el 2016 -cuando ya había cambiado el Gobierno de la ciudad- con el que se pretendían esclarecer los hechos ocurridos en 2014, cuando se produjeron cortes de agua en el suministro en esta zona de la ciudad ante la presencia de distintas bacterias.

El Partido Popular basó su denuncia en las declaraciones realizadas por el alcalde en dicho acto público en Loreto, que fueron recogidas por medios de comunicación locales y en las que los acusados señalaron que se suministró agua «a sabiendas» que no era apta para el consumo.

El alcalde se ratificó en todas sus declaraciones asegurando que había existido una «mala praxis» en la gestión realizada en el año 2014 por parte del anterior equipo de Gobierno que, a su juicio, no llevó de manera acertada este incidente.

Como responsables políticos directos citó tanto al entonces presidente de Aguas de Cádiz, Ignacio Romaní, como a la propia alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, como máxima representante del Ayuntamiento.

Kichi defendió durante su declaración que en todo momento sus declaraciones eran de carácter político y que el principal objetivo del informe encargado a los nuevos responsables de Aguas de Cádiz era el de «esclarecer los hechos, cumplir con mi compromiso con los vecinos de Loreto y que no volviera a ocurrir». El alcalde añadió a su vez que «sorprende que no fueran los anteriores dirigentes los que encargaran un informe que arrojara luz al ‘caso Loreto’».

El regidor gaditano también se mostró sorprendido de que desde el 29 de septiembre al 13 de octubre, periodo en el que se realizaron análisis del agua ante la alerta de varios vecinos por olores, los anteriores gestores no tuvieran conocimiento de que el agua contenía bacterias, según se desprende del informe de 2016.

Tanto Kichi como su jefe de Gabinete y el ex concejal de Medio Ambiente se mostraron convencidos de que los responsables municipales debían tener conocomiento de las analíticas anteriores al corte de agua del 13 de octubre y que se tendría que haber comunicado de inmediato a la autoridad sanitaria, que valoraría la decisión de realizar el corte del agua si ésta no era apta para su consumo.

José Vicente Barcia, que intervino enla asamblea celebrada en Loreto el 7 de marzo de 2016 afirmó, tras insistir las partes en si Teófila Martínez e Ignacio Romaní tenían conocimiento o no de los informes en estos primeros días que «ellos contaminaron a la opinión pública porque habían dado una realidad que no se correspondía».

Por su parte, Manuel González Bauza, que ocupó el puesto de presidente de Aguas de Cádiz desde septiembre de 2015 a diciembre de 2016, aseguró que «no me creo que el entonces presidente de Aguas de Cádiz no conociera los informes».

Criterios técnicos

Por su parte, la ex alcaldesa de la ciudad, Teófila Martínez, fue la primera en comparecer tras los tres acusados asegurando que se la había acusado «de haber consentido el suministro de agua contaminada a sabiendas y de haber puesto en peligro la salud de 13.000 gaditanos».

Teófila Martínez relató que la primera noticia que tuvo acerca de los problemas acerca del agua de Loreto due el 29 de septiembre cuando unos vecinos del Patio de la Fuente dieron el aviso de malos olores. Por criterio técnico «se cortó el agua y se restableció al día siguiente ya que el agua era apta para su consumo».

La ex alcaldesa insistió en que esa fue la única incidencia y que antes del 13 de octubre de 2014 (fecha en la que se corta el suministro al barrio) «no tuve conocimiento de los análisis del agua». A partir de ahí, «son los técnicos los que deciden cortar el suministro el 13 de octubre, fecha desde la que fui informada de forma continua».

El concejal popular Ignacio Romaní aseguró que «nunca se suministró agua contaminada» en su declaración y que desde el momento en el que los técnicos informaron de la necesidad de informar a las autoridades sanitarias y de realizar el corte de agua en el barrio «nuestra preocupación fue abastecer a los vecinos de agua».

En el juicio también declararon los técnicos encargados de elaborar el informe y los responsables de la UCA de elaborar las analíticas, que aseguraron que la normativa contempla que si se supera el nivel 0 de contaminación en el agua es preciso informar a las autoridades sanitarias.

Finalmente, en las conclusiones, la acusación particular realizada por el PP ha solicitado penas de 24 y 14 meses de multa para los tres acusados por un supuesto delito continuado de calumnias e injurias con publicidad y que se publique en los medios de comunicación la sentencia «para restablecer el honor» de los querellantes.

La Fiscalía, que consideró -conforme a lo declarado- que «no se afecta al derecho al honor», pidió la absolución de los procesados, al igual que la defensa de los mismos, quedando el caso visto para sentencia.