Ayuntamiento de Cádiz
Cádiz celebra su primer Pleno presencial tras la pandemia del coronavirus
Los ediles vuelven a la Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cádiz con un estricto protocolo antiCovid
Con una pandemia controlada y con un límite de temas sobre la mesa ha arrancado este viernes el primer Pleno presencial del Ayuntamiento de Cádiz tras el coronavirus. Pasadas las nueve de la mañana, los concejales volvían al Salón de Plenos en unas condiciones muy diferentes a las que estaban acostumbrados antes de la llegada del virus.
Los grupos políticos se sentaban para dar comienzo a una sesión que sigue el modelo de los plenos telemáticos, con una limitación de propuestas por formación política, con el objetivo de que no se alargue demasiado el Pleno y se puedan dar niveles de saturación del aire demasiado elevados.
De este modo, el Pleno abordará sólo tres propuestas del Equipo de Gobierno, del PP y el PSOE, dos de Ciudadanos y una de Domingo Villero.
Además, llamaba la atención la colocación de los ediles en un Salón de Plenos totalmente adaptado a la normativa Covid. De este modo, los concejales del equipo de Gobierno han ocupado el arco plenario, mientras que los del PP se han ubicado entre las dos bancadas. Entre ellos, no estaba el concejal José Carlos Teruel, que no acudió al Pleno ya que iba a ser sometido a una intervención quirúrgica. Desde estas páginas le deseamos una pronta recuperación.
Por último, tanto el PSOE como Ciudadanos y el concejal no adscrito, Domingo Villero, estaban sentados en la zona habilitada para el público. Tal y como marca el protocolo, los ediles guardaban así el metro y medio de distancia y llevaban la mascarilla, de uso obligatorio durante toda la sesión.
Electricidad y educación
Entre las propuestas acordadas, el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado la propuesta elevada por el Equipo de Gobierno relativa a instar al Gobierno de España a intervenir el mercado eléctrico , estableciendo un precio máximo a la energía, además de posibilitar que todas las comercializadoras puedan facilitar el Mínimo Vital, y prohibir las puertas giratorias de políticos y altos funcionarios a las grandes empresas energéticas sobre las que regulan o tienen incidencia.
La moción también incluye impulsar la generación eléctrica basada en fuentes renovables de titularidad social y pública, fomentando especialmente la generación distribuida para el autoconsumo. E igualmente contempla la creación de una empresa pública de energía antes de que finalice el año 2021 y estudiar en perspectiva de la nacionalización del sector energético durante la presente legislatura. Esta moción ha prosperado con el voto favorable del Gobierno local y la abstención del resto de grupos municipales y del concejal no adscrito, Domingo Villero.
«El suministro eléctrico es un derecho fundamental, no se trata de un bien de consumo, ni de un lujo, sino de una necesidad. Por tanto, debe ser accesible para toda la ciudadanía y no someterse a leyes especulativas que la hagan imposible. Nadie debería poner con miedo la calefacción en una ola de frío, ni el ventilador en una de calor, nadie debería de comer frío por no encender la vitrocerámica», ha defendido el concejal de Hacienda y presidente de Eléctrica de Cádiz, José Ramón Páez.
Tras las intervenciones del resto de fuerzas, ha tomado la palabra el alcalde, José María González, que ha querido responder a cada una de las formaciones: «Lo que me queda claro tras escuchar a la opisición es que la mayoría quiere cargarse a Eléctrica de Cádiz o abrir la mano para que otras empresas del oligopolio se hagan con ella y se llenen los bolsillos. Y que quede claro que los beneficios de Eléctrica de Cádiz se reinvierten en Cádiz, y los beneficios de Endesa se reinvierten en Endesa».
Asimismo, González ha lamentado que Eléctrica de Cádiz no pueda ofrecer el Bono Social : «Cádiz lo paga pero no se puede beneficiar de él, y justo por ello hemos remitido una carta a la ministra Ribera. ¿Por qué no se cambia la normativa para que podamos dar el Bono Social?», añadiendo que justo por ello se está ofreciendo a la ciudadanía desde Eléctrica de Cádiz la Cobertura Energética Anual.
El regidor ha proseguido criticando el elevado precio de la electricidad: «Lo que está pasando este año con el precio de la electricidad es inmoral, y el comportamiento de las grandes compañías eléctricas es bochornoso».
Por último, ha explicado que «a pesar de que Eléctrica de Cádiz no ha subido los precios en 2021, y lleva todo el año asumiendo que va a haber pérdidas, finalmente, va a tener que subir los precios a partir de octubre. Si compra la electricidad el doble o el triple de caro, tarde o temprano tiene que subir el precio porque si no, se arruina. Eso o echamos la baraja de Eléctrica de Cádiz». «El PP sabe que la comercializadora eléctrica es independiente económicamente de la distribuidora. Que tienen cuentas separadas y que, por ley, la comercializadora no puede utilizar los fondos de la distribuidora. La Ley del sector eléctrico lo prohíbe expresamente. El PP sabe perfectamente que los beneficios de la distribuidora no se pueden mezclar con los de la comercializadora, lo que plantea es quebrantar la ley».
La sesión plenaria presencial ha proseguido con la segunda propuesta del Equipo de Gobierno y una de las mociones del PSOE relativa al apoyo y refuerzo a la educación pública que se han debatido conjuntamente, aprobándose ambas.
Y ello, con el fin de solicitar a la Consejería de Educación de la Administración andaluza una batería de medidas, que son las siguientes: el aumento del personal de refuerzo Covid al menos hasta igualar el número de personal contratado el curso pasado; que se cubra todo el personal de apoyo necesario para el alumnado con necesidades educativas especiales, personal de refuerzo, de audición y lenguaje, Ptis, etcétera; el aumento del personal del aula matinal y del comedor en todos los centros escolares públicos de Andalucía; el cumplimiento a la mayor celeridad del plan de bioclimatización cuyo avance es incomprensiblemente lento; la bajada de ratio en todas las aulas de Educación Primaria y Secundaria; el mantenimiento del 100% de líneas educativas en los centros educativos públicos de la capital gaditana con respecto al curso pasado; y la puesta en marcha de mecanismos de financiación extraordinarios destinados a sufragar los gatos incurridos por parte de los ayuntamientos andaluces en las labores de desinfección de los centros escolares como consecuencia de la Covid-19.
La votación se ha realizado por separado. La propuesta del Equipo de Gobierno ha sido apoyada por todo el arco plenario, salvo Ciudadanos, que se ha abstenido, e idéntico ha sido el resultado de la votación de la moción presentada por el PSOE.
Tanto la concejala de Enseñanza, Ana Fernández, como el edil socialista Óscar Torres han criticado «el continuo desprecio de la Junta de Andalucía a los centros públicos», denunciando el cierre de líneas en estas escuelas «vulnerando así la propia ley en cuanto a las ratios establecidas», en referencia a lo ocurrido en el IES Rafael Alberti.
El Pleno también ha aprobado por asentimiento una declaración institucional con motivo del aumento de las agresiones LGTBIfóbicas ligadas a discursos de odio, acordando ratificar el compromiso firme del Ayuntamiento de Cádiz con la igualdad, los derechos de las personas LGTBI y la erradicación de cualquier tipo de violencia hacia este colectivo.
Asimismo, se reconocer la LGTBlfobia y los discursos que la alientan como una afrenta a la calidad democrática porque apela directamente a los estándares de libertad de nuestro país. La declaración también incluye coordinar la puesta en marcha de campañas de sensibilización, información y formación, sobre la realidad de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI, además de establecer un plan formativo para la Policía Local que vaya encaminada a que las y los agentes tengan la formación suficiente sobre la realidad de las personas LGTBI para que puedan ofrecer un trato adecuado a las víctimas.
Y por último, el Ayuntamiento de Cádiz, con esta declaración institucional, condena los actos ocurridos el pasado fin de semana en Chueca en el que un grupo de neonazis lanzó proclamas fascistas en contra de determinados colectivos y solicitar al Gobierno Central un mayor control que evite manifestaciones donde se exalte el odio y la discriminación a determinadas personas, así como la vulneración del derecho a ser y sentir.
