El Consistorio pide información a la Inspección sobre las trabajadoras del IFEF tras aprobar su despido

El Ayuntamiento de Cádiz empieza a recabar la información sobre la situación de las tres trabajadoras del Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) después de llevar ante el consejo rector de este órgano la decisión de despedirlas. En este caso ha sido primero la toma de decisión que la documentación sobre el asunto, a juzgar por los pasos que se han ido dando, pues el informe que planteaba regular a 33 de los 36 empleados que hay en total fue aprobado el jueves y un día después se les comunicó a estas tres empleadas que se habían quedaban fuera de la regulación.

Pero este martes la concejala responsable del IFEF, Laura Jiménez, se ha reunido con la Inspección de Trabajo para conocer más a fondo la situación de las afectadas, según informa en un comunicado, en el que también reconoce abiertamente que «han estado realizando tareas vinculadas a la estrategia EDUSI», una función que no venía recogida en sus contratos.

Jiménez atribuye la decisión de que ellas se encargaran de esas labores a la anterior gerente «quien quería mantener esta práctica de fraude de ley, uno de los motivos por el que fue sustituida de su cargo», recalca.

Es ahora, una vez aprobada la decisión en el consejo rector, cuando la concejala de Fomento indica que el compromiso del equipo de Gobierno «siempre ha sido la de incluir a estas tres trabajadorasdentro del proceso y no usarlas como argumento políticos». Señala que el encuentro mantenido hoy con la Inspección «se enmarca, precisamente, en la intención de analizar las opciones disponibles para que se incluyan dentro del proceso en el que ya están los otros técnicos». También avanza que trabajo ha solicitado «que, tanto desde el Ayuntamiento de Cádiz como del IFEF se garantice que estas tres empleadas hayan estado realizando trabajos estructurales en los últimos siete años».

Piden responsabilidades al anterior equipo

La edil, que mantuvo silencio el viernes cuando las afectadas recurrieron a la prensa para denunciar su situación, señala al anterior equipo de Gobierno como único responsable de la situación y asegura que «sólo puede certificar el trabajo realizado en los últimos nueve meses, pues es el tiempo que llevamos en el Ayuntamiento, pero no durante los últimos siete años». Así, pide tanto a Ignacio Romaní como a Bruno García León como responsables de IFEF en ese tiempo que hagan un informe individualizado de estos casos, ya que en el primero que realizaron no se hacía una valoración pormenorizada».

Sin embargo, ese reconocimiento público de las labores que han desempeñado ha supuesto una satisfacción para estas tres empleadas, a las que aún no se les ha notificado el despido. Olga Budiño, hasta ahora coordinadora de programas, destaca que «reconocerlo significa decir públicamente que se estaba cometiendo un fraude de ley y obliga a hacernos indefinidas». Sobre la actividad que han venido realizando en estos siete años, ha asegurado que «es de carácter estable y permanente» y que además «coincide con una parte del objeto social del IFEF como es la gestión de programas de empleo y formación». «Eso dice mi contrato y es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. Por eso no cabe decir que no es estructural o que se ajusta a la temporalidad».

Budiño lamenta que el asunto «sirva de arma política» y pide que las dejen fuera del debate, pues «únicamente defendemos nuestros derechos laborales». Será este miércoles cuando se reúnan con la edil de Fomento a la espera de mejores noticias.

El PSOE quiere revocar la votación

Este será el segundo encuentro tras el anuncio, el primero lo han mantenido con concejales del grupo municipal del PSOE que tras escucharlas ha pedido la convocatoria extraordinaria y urgente del consejo rector del Instituto de Fomento, alegando que no disponían de toda la documentación durante esta última votación. La edil socialista María José Rodríguez aseguran que actualmente las afectadas «se ven ante una gran inseguridad jurídica que no podemos tolerar».

De la misma forma, destaca que «las afectadas nos han acreditado cómo han formado parte del desarrollo de la EDUSI, a pesar de que estaban contratadas para el Plan Urbana y de que sus tareas debían centrarse dentro del objeto social del propio IFEF». La concejala va más allá y asegura que este es un argumento «que también encontramos en la Inspección de Trabajo para determinar la regularización y continuidad de estas trabajadoras en los mismos términos que el resto».

Rodríguez vuelve a hacer hincapié en que durante esta última reunión del consejo rector del IFEF «no se incluyó ni el informe del 30 marzo de 2016 emitido por la Inspección de Trabajo, que requería convertir 36 contratos laborales, y no 33, en contratos indefinidos no fijos; ni los documentos de revocación de dicho cese de la relación laboral de estas tres trabajadoras, que están suscritos por la vicepresidenta del IFEF y concejala Laura Jiménez. Asimismo, tampoco se mencionó durante el consejo que las afectadas hubieran tenido vinculación a la EDUSI».