Los empresarios, a la espera de la resolución definitiva de la Junta.
Los empresarios, a la espera de la resolución definitiva de la Junta. - ANTONIO VÁZQUEZ
POLÉMICA CHIRINGUITOS

La arena de Cádiz se convierte en un campo de batalla entre administraciones

La denuncia por presunta prevaricación y malversación contra el alcalde por la gestión de los chiringuitos se suma a los expedientes por la falta de permisos del ‘Cádiz Arena’

CÁDIZActualizado:

l Ayuntamiento de Cádiz encadena polémica tras polémica en un escenario clave para la ciudad, sus playas. En los últimos meses, todo lo que sucede sobre la arena se ha convertido en un problema para los regidores públicos, que no acaban de justificar unos procedimientos que se alargan y que generan sanciones y enfrentamientos con otras administraciones e incluso con los empresarios y hosteleros de la ciudad.

Una de las principales polémicas originadas por el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz se centra en los chiringuitos, cuya situación legal sigue sin esclarecerse tras más de dos años de trámites administrativos. En la actualidad, esta polémica sigue su curso y tras los últimos acontecimientos, todo hace indicar que será la Justicia la que tenga que deliberar ante la falta de acuerdo de las administraciones y empresas implicadas.

El Decreto firmado por el alcalde en noviembre de 2017 en el que expresaba su voluntad de convertir a los actuales adjudicatarios de los chiringuitos en titulares de las instalaciones sin sacar previamente a concurso dicha concesión ha metido al Consistorio en un callejón sin salida. En esta decisión se fundamenta precisamente la denuncia presentada y admitida a trámite hace apenas un mes por parte de Ciudadanos.

En este escrito, la formación naranja acusa al alcalde, José María González, de incurrir en dos presuntos delitos: prevaricación y malversación de caudales públicos, al emitir un Decreto que ha dado lugar a la transmisión de la titularidad a los empresarios, una tramitación que llevó a cabo la Junta de Andalucía y que resolvió el pasado mes de noviembre de 2017.

No obstante, el Ayuntamiento se defiende asegurando que dicha transmisión no es efectiva, aunque la realidad es que la Junta de Andalucía ha rechazado las alegaciones y todas las argumentaciones presentadas por el equipo de Gobierno, ya que asegura que el Ayuntamiento de Cádiz no presentó alegaciones en los plazos correctos y por tanto la resolución es definitiva.

De hecho, los empresarios cuentan en su poder con esta resolución que los convierte en propietarios de unos equipamientos que pueden gestionar con más flexibilidad de la que les otorgaba el Ayuntamiento de Cádiz. Más ocupación de playa con más terrazas, un plazo de apertura extendido a todo el año y la ampliación del periodo de explotación a 30 años, cuando el pliego de condiciones al que optaron era mucho más restrictivo en todos estos aspectos.

Y todo ello, a coste cero, ya que el canon que tienen que pagar sigue siendo el mismo que con anterioridad.

Posible «desviación de poder»

Esta situación, según la denuncia presentada por Ciudadanos, involucra al alcalde en una «desviación de poder» al eludir la convocatoria de un concurso público que permitiese ofrecer unas nuevas condiciones a todos los empresarios en igualdad de condiciones, ya que en estos momentos se han modificado de forma sustancial dichas condiciones sin llevar a cabo la tramitación administrativa que marca la ley.

Además, desde Ciudadanos dicen que el Ayuntamiento permitió esta situación hasta que comenzaron a llegar las denuncias por parte de esta formación. De hecho, no fue hasta el pasado mes de febrero de 2018 cuando el Consistorio comienza a manifestar a la Junta de Andalucía su desacuerdo con la resolución sobre la transmisión de la titularidad, decretada en noviembre de 2017. Una reacción que el portavoz de la formación naranja asegura que solo busca «exculpar» al alcalde de cara a la justicia.

Por lo tanto, será el Juzgado el que finalmente tenga que emitir un veredicto sobre dicha actuación. De momento, el alcalde tendrá que responder en los tribunales a la denuncia por prevaricación y malversación de Ciudadanos, aunque quizás en las próximas semanas también se anuncie un procedimiento judicial entre el Ayuntamiento de Cádiz y la Junta de Andalucía para esclarecer la legalidad o no del procedimiento que dio lugar a la transmisión de la titularidad a los empresarios, que en estos momentos se encuentran en una situación de inseguridad jurídica.

Instalaciones sin permiso

Y mientras las supuestas irregularidades en la gestión de las concesiones de los chiringuitos siguen sin esclarecerse y toman la vía judicial, una nueva polémica saltaba también esta semana con el foco puesto sobre la arena. En esta ocasión, ha sido el PSOE el que se ha hecho eco de las críticas de los hosteleros del Paseo Marítimo, que denunciaron la falta de permisos para la instalación del ‘Cádiz Arena’, el evento deportivo que se celebró en la playa a finales del mes de julio, y que además contaba con un bar en el que se presuntamente se vendían bebidas alcohólicas.

Este hecho fue confirmado hace unos días por la Delegación Provincial de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que afirmó que dicha instalación no contaba con título habilitante para ocupar el dominio público marítimo-terrestre.

Asimismo, ratificó que incluso el 1 de agosto de 2018 le notificó al Ayuntamiento gaditano el archivo «por desistimiento de la solicitud presentada por no subsanar la documentación presentada junto a la misma». Además, la Junta de Andalucía ya está estudiando posibles sanciones por el incumplimiento de dicha resolución, que ha sido recurrida también por el Consistorio gaditano.