El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chiclana y candidato a las Municipales, Andrés Núñez.
El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Chiclana y candidato a las Municipales, Andrés Núñez. - LA VOZ
CHICLANA

La Justicia tumba el acuerdo de pleno sobre la municipalización

Andrés Núñez asegura que la sentencia confirma el «engaño» del alcalde a las 180 trabajadoras, «a las que ha metido en un problemón del que ya avisó el PP»

CÁDIZActualizado:

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cádiz ha anulado el acuerdo de pleno de 27 de marzo de 2016 por el que el Gobierno local de Chiclana dio luz verde a la municipalización de los servicios de limpieza de los colegios públicos e instalaciones municipales, por un lado, y de ayuda a domicilio, por otro, pasando a ser gestionados de forma directa por la empresa municipal Emsisa.

Con esta sentencia, dada a conocer ayer por el portavoz y candidato del PP en Chiclana, Andrés Núñez, «se confirma que el alcalde ha engañado a las 180 trabajadoras de estos servicios, a las que ha metido en un problemón, pese a que desde el PP ya avisamos que se estaba incumpliendo la Ley».

Para Núñez, al alcalde «parece importárle más el aplauso fácil y seguir manteniendo una red clientelar que el verdadero interés de la ciudadanía y de las trabajadoras, con las que se ha solidarizado».

Recordar que esta sentencia se ha emitido tras un recurso de oficio de la Abogacía del Estado a través de la Subdelegación del Gobierno (al igual que sucedió con el proceso aprobado en Cádiz capital).

Andrés Núñez explicó que la sentencia dice que «Emsisa no puede asumir el servicio de limpieza y de ayuda a domicilio porque no puede contratar a nadie y como no tiene personal propio que pueda desempeñarlo, anula el acuerdo».

Añadió que la municipalización se tumba «porque se incumple la Ley de Presupuestos Generales del Estado, algo que desde el PP dijimos una y otra vez y que se quiso pasar por alto. La ley habla de cómo los ayuntamientos y las administraciones públicas podían contratar más personal. Es lo que se conoce como la tasa de reposición de efectivos, y que deja claro que no se puede contratar a nadie más allá de la reposición propiamente dicha».

A juicio del dirigente popular, «la reposición es un tema secundario, porque el primer filtro que había que pasar es dicha reposición de efectivos». Insistió en que la sentencia dice que «para la incorporación de personal debe atenderse a la tasa de reposición de efectivos de la norma, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que impone un límite del 100%. Es decir, poner los puestos que queden libres por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncia, etcétera».

Advirtió de que una vez que queda anulado este acuerdo «deja de existir». Con lo cual, aseguró Núñez, «salvo que se recurra por parte del Ayuntamiento esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que damos por hecho que se hará, las trabajadoras tendrán que dejar de prestar sus servicios en Emsisa».

Recurrir y externalizar

Por ello, el PP de Chiclana, además de exigir que el alcalde dé explicaciones de lo sucedido, «marque una hoja de ruta marque la hoja de ruta, que entendemos pasa por recurrir la sentencia de manera inmediata».

Asimismo, apuntó Núñez, «como no se sabe cuándo puede llegar la sentencia, sacar también de manera inmediata el pliego para externalizar el servicio de limpieza de edificios públicos. Veremos si hay la posibilidad de que las nueva empresa absorbiera al personal del Ayuntamiento, cosa que está por ver. Sería la única posibilidad de que no perdieran su puesto de trabajo».

El portavoz popular enfatizó que «si ese es el camino a seguir, el PP lo va a apoyar, es decir, hacer lo posible para que no pierdan su trabajo, pero siempre cumpliendo la ley. Pero si Román va a dar una nueva patada hacia adelante, con actitudes irresponsables, nos encontrará en frente».

Núñez espera que el alcalde no culpe al PP tras esta sentencia después de haber sido «advertido» -aseguró- no solo por el PP sino por el interventor y el secretario municipal. Sentenció que «ese es el nivel de José María Román, no da para más».

Esta sentencia es un preludio de lo que podría suceder en Cádiz, donde la Subdelegación del Gobierno también interpuso un recurso porque no se habían respetado los principios de igualdad, mérito y capacidad y porque en cuanto a la subrogación del personal procedente de la anterior concesionaria, implicaría un «incremento paralelo del número de personal al servicio del sector público y del gasto público».