Un nuevo impuesto al CO2 pone en jaque a los puertos españoles y europeos
Sólo el de Algeciras podría perder el 60% de sus operaciones de transbordo en favor de Tánger Med y un volumen de negocio de 300 millones de euros
Una nueva amenaza se cierne sobre la comunidad portuaria andaluza, española y europea. Se trata del denominado Régimen de Comercio de Derechos de Emisión -Emissions Trading System (ETS)-, la propuesta de modificación de la directiva existente de la Comisión Europea integrada en el denominado Pacto Verde Europeo y que adopta una serie de propuestas que integran al transporte marítimo con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55 por ciento en 2030.
Se trata de una meta que comparte el sector pero siempre que se aplique con las mismas reglas del juego para todos porque lo contrario supondrá perder competitividad y que se creen paraísos fiscales de CO2 en puertos extracomunitarios libres de dicho impuesto.
El puerto de Algeciras , líder en conectividad y transbordo, ha sido el primero en alzar la voz para mejorar dichos planes tal y como han sido diseñados, y ha presentado alegaciones. También se está reuniendo a todos los niveles para evitar una debacle de entrar en vigor a partir del año que viene.
«Es muy importante la modificación técnica de la propuesta , tal y como está ahora planteada por la Comisión Europea, para que se consiga una protección medioambiental efectiva, y no sólo la creación y fomento de paraísos fiscales a efectos de CO2 motivados por la desviación de tráficos que, lógicamente, van a buscar puertos que no apliquen la ETS. Por lo tanto, es fundamental la defensa de los intereses laborales y económicos de nuestros puertos y la competitividad al servicio de la exportación e importación de nuestras empresas», indicó el presidente de la Autoridad Portuaria Bahía de Algeciras (APBA), Gerardo Landaluce .
Y es que este puerto, al igual que otros europeos, tiene en las cercanías otros de terceros países que no comparten los objetivos de descarbonización de la UE y en los que no se aplicaría la propuesta legislativa. Por tanto, las medidas podrían modificar rutas marítimas porque los buques elegirían un puerto no europeo para su actividad de transbordo y así evitar el sobrecoste.
Alegaciones de Algeciras
La APBA elaboró un completo informe el pasado verano para argumentar las alegaciones que presentó en noviembre. Las estimaciones de dicho estudio han cambiado porque los precios de CO2 por tonelada han aumentado en los últimos meses , por lo que el impacto puede ser aún más devastador.
Dicho informe concluye que la actividad del puerto de Algeciras podría perder el 60% de sus operaciones de transbordo en favor de Tánger Med, el puerto marroquí situado al otro lado del Estrecho de Gibraltar. Además, la eficacia del régimen ETS de la UE podría sufrir una fuga de 3,2 millones de toneladas de CO2 sólo en Algeciras, lo que equivale al 12 por ciento de las emisiones del transporte marítimo de contenedores en la UE.
Hay más: la comunidad portuaria de Algeciras sufriría una pérdida de volumen de negocio de hasta 300 millones de euros anuales, lo que pondría en riesgo unos 1.600 puestos de trabajo directos o un impacto regional indirecto más amplio de hasta 4.200 empleos.
Asimismo, la reducción de la conectividad marítima internacional del puerto de Algeciras obstaculizaría las capacidades regionales de importación/exportación de la región andaluza socavando la autonomía comercial soberana de la UE en general.
Y es que desde el puerto de Algeciras se sostiene que, tal y como está planteada en la propuesta inicial de la ETS, la inclusión del transporte marítimo en el alcance de la norma comunitaria tendrá un previsible impacto negativo en los transbordos de los puertos del sur de la UE, tráficos estratégicos para asegurar la cadena logística europea y la conectividad de sus puertos.
Según explica a este diario Gerardo Landaluce, se produciría «una fuga de escalas a puertos cercanos no europeos para disminuir el pago de los derechos de emisión en casi un 50 por ciento», por lo que defiende que si lo que realmente se persigue, como así es, es reducir emisiones globales «todos debemos tener las mismas reglas de juego. Tal y como la propuesta está concebida, las emisiones no se reducirán mientras el daño económico a los puertos con actividad de transbordo en el sur de Europa será irreversible. Es un factor absolutamente distorsionador del marco de libre competencia actual».
«Hay mucha preocupación , no sólo en el puerto de Algeciras. La voz no es sólo nuestra sino también de puertos importantes en el sistema español que atienden tráficos de transbordo y de importación/exportación, como son los de Valencia y Barcelona, que están absolutamente alineados con los planteamientos que ya está coordinando Puertos del Estado. Hablamos de efectos en cascada, también en Andalucía», añade.
Trasbordo
Landaluce subraya que la punta de lanza es el transbordo. « Si pierdes la conectividad pierdes la competividad. Lo que va a continuación son los tráficos de importación y exportación porque no tienes ya esas conexiones ni los mismos tiempos de tránsitos, por lo que se encarecen el tránsito y la llegada y la salida. Eso supondrá más contaminación y coste», indica.
Landaluce insiste en que la ETS no sólo afectará a España , «un país líder en conectividad marítima que no debemos ni podemos perder. Hay otros países del Mediterráneo que también se verán muy afectados, como Malta, Italia o Grecia».
Así, detalla que otros entornos que se verán también afectados serán los del puerto de Argelia o los de Egipto frente a griegos e italianos . «En menor medida lo estarán los del norte de Europa con los ingleses y en el Báltico con los rusos. No es una cuestión por tanto de un único puerto de transbordo sino de un efecto dominó. Es una situación realmente preocupante porque no hablamos sólo de cuentas de resultados de las navieras o de los puertos, sino de miles de empleos. Esto tendrá un efecto dominó en la economía real», apunta el presidente de la APBA.
Ya se han presentado más de un centenar de alegaciones , la mayoría desde España, Bélgica y Alemania para que en el Parlamento y el Consejo Europeo se establezcan fórmulas que eviten «la distorsión de la libre competencia con terceros países vecinos» y la iniciativa proteja la cadena logística europea.
Desde la APBA se propone modificar del concepto de escala del buque, siendo más ambiciosos en la protección del medio ambiente y, de igual forma, proteger el sistema y dar la trazabilidad completa de origen-destino al CO2 emitido.
