El concejal de Urbanismo de La Línea, JuanCarlos Valenzuela.
El concejal de Urbanismo de La Línea, JuanCarlos Valenzuela. - LA VOZ
LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Donde habitan los narcos

La Policía ha detenido en los últimos tres meses a 19 personas en La Línea por edificar en zona protegida supuestamente con el dinero del narcotráfico

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La proliferación de viviendas de reciente construcción en la zona de El Zabal de La Línea, donde el suelo está clasificado como no urbanizable de especial protección agrícola, ha disparado todas las alarmas. La vinculación de algunos de sus propietarios o moradores con el sucio negocio de la droga es algo que está saliendo a la luz gracias las exhaustivas investigaciones que están realizando los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para combatir el narcotráfico en esta ciudad y en el Campo de Gibraltar.

Los refuerzos de personal llegados con el Plan de Seguridad impulsado por el Gobierno han permitido incrementar los efectivos en las unidades de investigación y atacar a los narcos donde más les duele, su dinero. Desde la Policía Nacional se asegura que cada vez que se abre una operación relacionada con el narcotráfico se pone también el foco en el patrimonio de los narcos y en actividades que evidencien el blanqueo de dinero procedente de la droga. Es decir, se les investiga a fondo, tanto a ellos como a su entorno, ya que con mucha frecuencia recurren a testaferros.

Así, algunas casas investigadas están a nombres de personas sin medios económicos. «Se han dado casos de viviendas de cierto nivel a nombre de parados o personas con una pensión muy baja», señalan fuentes de la Policía Nacional.

El primero de estos golpes policiales se produjo a finales de diciembre, cuando fueron arrestadas 16 personas que habían construido durante los dos últimos años 14 viviendas unifamiliares en El Zabal. Ya estaban en el punto de mira de la Policía por su supuesta vinculación con el tráfico de drogas. Además, levantaron las casas «haciendo caso omiso» a toda advertencia por parte del Ayuntamiento.

No contentos con edificar en suelo protegido, habían construido zonas ajardinadas y piscinas. Y es que en muchas ocasiones suelen ser auténticos casoplones a los que no les falta un detalle y en el que la ostentación y el dudoso gusto vuelven a ser denominadores comunes.

En esta investigación, la Policía comprobó que los propietarios dividieron el terreno en parcelas amuralladas de unos 800 metros cada una y construyeron sus chalets sin atender a las advertencias que se les hacían.

Empresas pantalla

Incluso habían creado sociedades instrumentales o empresas pantalla para sortear dicha prohibición y dividir el terreno en parcelas. Cada uno pagó 2.000 euros por parcela.

En otras ocasiones, la Policía ha descubierto esta ilegalidad urbanística tras la intervención de hachís. Es lo que ha ocurrido recientemente en otra operación en la que han sido arrestados tres hombres, también por un delito de urbanístico, por la construcción de tres viviendas ilegales en El Zabal.

Las detenciones fueron efectuadas en el marco de la operación «Junco», iniciada tras la intervención de más de 1,5 toneladas de hachís y tres vehículos sustraídos en una finca de El Zabal.

Las primeras pesquisas se centraron en la detección de los beneficios obtenidos por el tráfico de drogas derivados en la construcción de viviendas de alto valor económico en esta zona de La Línea.

El grupo de Blanqueo de Capitales de la comisaría de La Línea se encargó de indagar en el rastro patrimonial que va dejando la construcción de estas casas ilegales.

Tras la intervención de la citada droga y los vehículos, la Policía descubrió que la parcela en la que fueron interceptados había sido dividida en 12 y que en algunas se había edificado pese a ser suelo rústico.

Los agentes del grupo de Blanqueo iniciaron una investigación y constataron que dichas edificaciones se habían realizado sin ningún permiso de edificabilidad, por lo que se detuvo a los tres propietarios.

Más de 1.000 viviendas ilegales

El concejal de Urbanismo de La Línea, Juan Carlos Valenzuela (PP), reconoce que El Zabal es una asignatura pendiente en el municipio y que se trata del mayor problema urbanístico de La Línea.

En esta zona, de 250 hectáreas de extensión, hay en torno a 1.400 construcciones, gran parte de las cuales, un millar, son ilegales, lo que no significa, eso sí, que todas estén relacionadas con la droga.

El concejal asegura que en los últimos años, la construcción en esta zona se ha estabilizado. «El Ayuntamiento ha llevado los expedientes abiertos en El Zabal hasta el final, es decir, hasta la orden de demolición, aunque aún no se ha ejecutado ninguna, ya que estamos pendientes de las resoluciones judiciales», explica.

El edil aclara que el Ayuntamiento no está mirando para otro lado, «en absoluto. Tenemos cientos de expedientes abiertos en esta zona que abrimos de oficio por inspecciones propias, denuncias ciudadanas, Seprona, la Policía Nacional...».

Valenzuela resalta que las obras que están siendo realizadas carecen de licencia y alerta sobre el grave problema medioambiental que esta situación está provocando: «Ha proliferado mucho la construcción en una zona sin red de saneamiento y todo es base de fosas sépticas. Parece que hasta los acuíferos que vienen de la sierra están contaminados. Es realmente grave».

Tampoco hay red de abastecimiento de agua ni de suministro eléctrico, por lo que se hacen pozos o se realizan conexiones ilegales a la red «porque las empresas suministradoras nos aseguran que no les constan contratos allí, salvo las viviendas fuera de ordenación, las que había antes de 1985, que sí pueden».

En cuanto a la vinculación con el narcotráfico, es tajante: «No entramos en ese tema, no es nuestra competencia. Nos limitamos a la infracción urbanística. Para nosotros, tan ilegal es una vivienda como otra».

En este sentido, reconoce que uno de los grandes retos que el gobierno local se plantea en el nuevo PGOU que ha empezado a ser tramitado es la regularización de El Zabal, «que no legalización. Llevamos dos años pensando cómo encajar esto dentro de la ley. Lo más práctico no es tirar todo lo que está hecho ni empezar de cero. Hay que ordenar lo que ya está hecho y dejar reservas de suelo para dotaciones públicas y red viaria. Los propietarios sí tendrán que colaborar con su parte proporcional a la urbanización y redes, y afrontar la sanción que corresponda en cada caso».