Violencia machista«¿Qué más tiene que hacer una víctima?»

Ahora mismo, en una mesa de la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hay un escrito, remitido por una asociación que lucha por los derechos de la mujer, que pide el cese de una magistrada de un juzgado de Vitoria. El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ es quien debe decidir ahora si esta magistrada, que ejerce en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de la capital alavesa, hizo algo mal cuando una mujer acudió a declarar a su sala en busca de una orden de protección contra su pareja, que supuestamente la había violado. Ante esta situación, la jueza le preguntó lo siguiente: «¿Cerró bien las piernas, cerró toda la parte de sus órganos femeninos?».

Si esta pregunta, incluida en el proceso de instrucción del caso, es adecuada o no lo tendrá que decidir el Promotor de Acción Disciplinaria, pero por el momento, la Asociación Clara Campoamor, que es la que ha denunciado los hechos ante el CGPJ, lo tiene claro. «Este comportamiento se carga todo lo que hemos estado haciendo —los colectivos feministas en materia de concienciación— durante años», lamenta Blanca Estrella Ruiz Ungo, la presidenta, quien también critica que en casos de violencia machista, las víctimas tengan que afrontar estas situaciones.

«Hay mujeres que hemos dedicado nuestra vida a luchar por la vida y la dignidad de las mujeres, nos hemos dejado la piel, conseguimos una ley y ahora nos preguntamos para qué ha servido todo esto si luego se nombra a una jueza y no se vigila si está formada o tiene un trato especial con las víctimas», carga Ruiz, quien considera que el problema «está en el CGPJ».

Desde allí, la presidenta del Observatorio Contra la Violencia de Género, Ángeles Carmona, defiende que, al menos desde que entró en vigor la Ley Orgánica 1/2009 —que modificó la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial— esto no es así. La particularidad de esta norma es que obliga a los magistrados que acceden a trabajar a los juzgados específicos de violencia de género a completar un curso de especialización.

Cursos obligatorios

«Nosotros siempre ponemos énfasis en que el tratamiento y acompañamiento de la víctima durante el proceso judicial debe ser exquisito», subraya Carmona, quien añade que en cualquier caso de violencia machista, la víctima debe tener un apoyo «especializado y riguroso», de ahí la importancia de estos cursos, que tienen una duración de 10 días y, además de dotar de las herramientas y conceptos específicos en la materia a los jueces, éstos reciben formación en Psicología con el fin de aumentar su concienciación y sensibilidad.

Estos cursos, necesarios de unos años a esta parte y posteriores a la puesta en marcha de estas salas especializadas —en el año 2005—, los pueden realizar magistrados que, pese a trabajar en Juzgados de Violencia de Género, no los tengan en su currículum debido a que consiguieron la plaza antes de que la ley los estableciera como obligatorios. Por ello, como reconoce Carmona, «cabe posibilidad de que haya jueces que sirvan y no los tengan».

Raimundo Prado, portavoz nacional de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, considera -sin entrar a valorar este caso en concreto- que los magistrados de los juzgados específicos de violencia de género «normalmente están preparados, suelen ser sensibles con las víctimas» algo que, según su criterio, no implica que «en ocasiones haya que preguntar determinadas cuestiones que pueden ser muy íntimas pero que son determinantes para aplicar el tipo penal y saber exactamente qué ha pasado».

Sin embargo, en el escrito remitido al CGPJ, la Asociación Clara Campoamor argumenta que preguntas así —que no son un caso puntual en el desempeño de dicha jueza, según ha confirmado su presidenta— vulneran «el artículo 19 de la ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima», donde se puede leer que las autoridades y funcionarios que investiguen delitos deberán adoptar las medidas necesarias para «proteger adecuadamente» la intimidad y dignidad de las víctimas «particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en un juicio».

Según el criterio de fuentes judiciales consultadas por este diario, la jueza de instrucción tiene que «investigar y ser objetiva», por lo que añaden que, aunque considere que hay incongruencias en el testimonio de la víctima, «nunca debería hacer preguntas que son más labor de la Fiscalía o la Defensa buscando contradicciones».

«Nunca hay que hacer preguntas de este estilo a una presunta víctima», zanjan estas fuentes, que también explican que en los casos de violencia machista existe un principio «de prioridad máxima» que no es otro que salvar la vida. «No puedes preguntar por el nivel de resistencia, cuando dices no, es no, porque cuanto más impedimento físico pongas, mayor puede ser la violencia del violador», resaltan.

ABC ha intentado ponerse en contacto con la jueza acusada por la Asociación Clara Campoamor para conocer su versión de los hechos y la justificación de sus preguntas, sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco han declinado hacer declaraciones al respecto hasta que el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ resuelva el caso.

Carmona tampoco ha querido opinar al respecto para no entrar en conflicto con la independencia judicial, pero sin embargo sí que ha confirmado que estos casos, en los que las víctimas de violencia machista se sienten maltratadas por los juzgados, no son habituales.

Pocas quejas

«Son muy pocas las quejas de este tipo que recibimos, la inmensa mayoría de los juzgados de violencia de género están haciendo un esfuerzo increíble en primera línea de batalla», resalta la presidenta, quien también recuerda que desde el Observatorio, además de los cursos, han elaborado una guía de criterios de actuación judicial frente a la violencia de género para orientar a los magistrados en una experiencia «muy dura para la mujer», como es denunciar haber sufrido algún tipo de maltrato.

Precisamente la joven que tuvo que responder a la pregunta sobre si cerró o no las piernas en el momento de la violación que denunció, no es la primera vez que se enfrenta a esta travesía, ya que según confirma Ruiz, la Asociación Clara Campoamor ha tenido constancia de que «ya le han denegado la orden de protección en dos ocasiones».

A día de hoy aún está por ver si la conseguirá o no en esta nueva tentativa en la que, según confirma la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, la mujer ha argumentado violencia física, psicológica, además de una agresión sexual. «Si en este caso se le deniega la orden de alejamiento, ¿qué pasa con el resto?, ¿qué pasa con la que sólo tenga un ojo morado?, ¿qué más tiene que hacer una víctima para demostrar que ha sufrido violencia de género?», se pregunta Ruiz, quien manda un último mensaje a las autoridades pertinentes.

«Es hora de que espabilen, luego no vale con llorar, que no jueguen con nuestras vidas», concluye.