José Francisco Serrano Oceja
La Iglesia y la democracia española
Está en juego la Constitución de 1978 como realidad y símbolo de esa concordia social que algunos están empeñados en dilapidar
Siendo monseñor Ricardo Blázquez presidente de la Comisión Episcopal de Doctrina de la fe, el 26 de noviembre de 1999, los obispos españoles aprobaron con setenta votos a favor, uno en contra, dos nulos y una abstención, uno de los documentos que mayor apoyo episcopal ha obtenido en nuestra reciente democracia. Se titulaba «La fidelidad de Dios dura siempre. Mirada de fe al siglo XX». A punto de despedir el siglo, los obispos españoles, sin pretender erigirse en jueces de la historia, hicieron un elenco de determinados acontecimientos entendidos desde la categoría de «signos de los tiempos».
Bajo el epígrafe «La paz y la concordia», los obispos agradecían a Dios la paz «disfrutada por nuestro pueblo en la segunda mitad del siglo». Y añadían: «Tanto los conflictos externos como los enfrentamientos internos entre distintas ideologías , grupos sociales, regiones o nacionalidades han dado paso a una creciente concordia social que es casi seguro el mejor legado de nuestra historia reciente para el nuevo milenio; no debemos dilapidarlo». A renglón seguido, se referían a la Constitución de 1978, de la que señalaban «que no es perfecta, como toda obra humana, pero la vemos como fruto maduro de una voluntad sincera de entendimiento y como instrumento y primicia de un futuro de convivencia armónica entre todos».
Estamos ante el mayor desafío a la armónica convivencia que se haya vivido en nuestra democracia reciente. También está en juego la Constitución de 1978 como realidad y símbolo de esa concordia social que algunos están empeñados en dilapidar. Vivimos tiempos en los que hay que recordar lo que Benedicto XVI dijo: el primer deber de la caridad es comunicar la verdad. En no pocas ocasiones nos hemos lamentado del olvido consciente del papel de la Iglesia en la Transición. La pregunta que ahora está en el aire es cuál será la contribución de la Iglesia a este nuevo período de transición social y política; quiénes serán los protagonistas y cuáles sus aportaciones sustantivas; cuáles las garantías para que su actuación no sea instrumentalizada. Quizá los obispos, cuando se reúnan en noviembre, nos ayuden en este dilema.
