El caso Bustamante

No todo va a ser Cataluña. La España real permanece en vilo desde hace meses con la crisis que enfrenta al esforzado vocalista cántabro Bustamante, de 35 años, y la actriz, bloguera e «it girl» Paula Echeverría, asturiana de 40. Cada día, en la sobremesa de la televisión pública, Igartiburu facilita el parte puntual de sus últimas fricciones. No soy un gran experto en la materia -ni en esa ni en ninguna-, pero mayormente lo que percibo es que el Busta va llorando por las esquinas, porque se ha aferrado de manera ilusa a la esperanza de que Paula retornaría al amor conyugal. Ella lo ha ido toreando y nuestro Busta vaga como becerrillo herido por no haber optado por dejar las cosas claras desde el arranque del desafío.

El error de Bustamante ha sido idéntico al de Mariano y Soraya ante los sediciosos catalanes: confiar durante demasiado tiempo en que darían marcha atrás. Los funcionarios que nos gobiernan, pulcros opositores, se aferraron a la esperanza ilusa de que la facción de Junqueras volvería al redil, cuando hasta el último paisano en la última tasca sabía que eran un tropel de fanáticos con los que no había nada que rascar. Las andanzas de los sediciosos catalanes se han dejado ir demasiado lejos. La crisis ha adquirido incluso rasgos de sainete surrealista, al modo de las viejas guerras telefónicas de Gila. El martes, el tahúr jefe de la Generalitat hizo como que declaraba la independencia sin declararla, para luego firmar la declaración de una República que en realidad nunca proclamó. Un entuerto que no descifraría ni Immanuel Kant. Ayer llegó la galleguísima respuesta marianesca: dígame que quiso decir, señor Puigdemont, para que yo vea si le puedo decir que lo voy a empurar con el 155.

Pero el presidente dijo algo más. Reclamó a su homólogo catalán que retorne a la legalidad y que se restablezca «la seguridad jurídica en Cataluña». Rajoy reconocía así que en una región de España imperan a estas horas la ilegalidad y la inseguridad jurídica. ¿Y quién tenía el deber de haber evitado tan gravísimo desorden? Pues me temo que el Gobierno, que ha ido siempre a rebufo de quienes desde hace un mes están delinquiendo desde la cúpula de la Generalitat, y son por tanto autores de un golpe de Estado desde las instituciones. Nunca se debió tolerar el pleno del 6 y 7 de septiembre, donde los sediciosos establecieron una legalidad paralela para destrozar el Estado. Ni la manipulación de menores a favor de la causa. Ni el acoso a los ediles y directores de colegios. Ni dejar al frente de los mossos a un cruzado de la causa como Trapero. Ni por supuesto la votación del 1-O, que fue una pantomima, sí, pero donde al final votaron, cuando el Gobierno nos había prometido que jamás ocurriría. Por último, fue un disparate que el martes se permitiese un pleno donde existían muchas posibilidades de que un iluminado declarase la independencia de Cataluña.

Sánchez es un complicado compañero de viaje para defender a España, sí. Pero seamos francos: el Gobierno no ha acompasado el claro mensaje del jefe del Estado de parar la revuelta de inmediato. ¿Qué más tienen que hacer Junqueras y Puigdemont para acreditar que están delinquiendo?