Representaciones de las criptomonedas ripple, bitcoin, ethereum y litecoin
Representaciones de las criptomonedas ripple, bitcoin, ethereum y litecoin - Reuters

BlockchainEsta podría ser la alternativa para financiar tu empresa con criptomonedas, si se regula

Las instituciones comienzan a definir un marco legal para las ICOs que responda al apetito del sector

MadridActualizado:

La creación o ampliación de una empresa parecía tener un patrón establecido. Si un emprendedor quería hacer de una idea su forma de vida, pedía un préstamo al banco o usaba sus ahorros para fundar la compañía. Si lo buscaba era ampliar su estructura -ya sea por proyección internacional o nuevos proyectos- gestionaba una salida a bolsa con la regulación establecida de la mano de una institución como es en España la CNMV. Sin embargo, con la entrada de las criptomonedas y su tecnología blockchain, la tradicional concepción de una empresa se está metabolizando en un paradigma que, a día de hoy, no se sabe bien cómo regular.

Los culpables de esta nueva revolución son las llamadas ICOs («Initial Offering Coin»), un formato por el que empresas ya establecidas, y en algunos casos con cierto recorrido, presentan proyectos que el público los financie con criptomonedas -con cierta similitud a las acciones- pero sin la necesidad de una salida a bolsa. A cambio de esa inversión, el usuario obtiene un token, una especie de «ficha digital» representativa de un título, a las que se les adjudica un valor. Los inversores de este mercado descentralizado las adquieren porque: o esperan que se revaloricen o porque dentro del proyecto de esa ICO tiene una función en concreto (como el ticket de una feria). Según Icodata.io, las 877 ICOs lanzadas durante 2017 captaron hasta 4.933,76 millones de euros (6.055,1 millones de dólares).

Este doble uso es el que está originando ciertas disputas a la hora de establecer una norma y formula una duda al aire entre los distintos actores: ¿Cómo o quién regula esto? Para poner algo de luz ha nacido la Asociación Española de Tokens e ICOs (Aetok), impulsada a mediados del año pasado por las consultoras Icofunding, RDC Abogados y finReg 360. En la actualidad cuenta con 35 entidades adheridas. Aetok pretende impulsar el diálogo con las instituciones -que esperan que se pueda trasladar a las páginas de un libro blanco en octubre- para alcanzar una autorregulación y un mayor conocimiento entre la sociedad. «Queremos explicar cuáles son las buenas y malas prácticas», resume Pablo Moreno de la Cova, ofundador de la asociación y de Icofunding.

Para establecer unas bases, el significado de estos nuevos términos debe estar claro para todos. En el caso del token, el problema es mayor porque la fluctuación es muy dispar, sobre todo cuando se asemeja con una acción. Por un lado, se encuentran los llamados «utility tokens» que son «aquellos que sirven para consumir servicios de la propia empresa -que no están pensados en un principio para especular», señala a ABC Alberto Gómez Toribio, cofundador de NevTrace. Por otro lado, se encuentran los tokens que funcionan como las participaciones, por las que recibes rendimientos económicos. «La CNMV se ha mostrado reacia a validar los procesos por los que se están emitiendo los segundos, porque pueden tener menos garantías», añade este experto de Blockchain.

No todos los token tienen valor

«La cuestión es que si hago una emisión y tengo pocos token, puede que al reclamarlos mucha gente, estos valgan cada vez más y los pueda vender por una criptomoneda», Jorge Ferrer (consultor de Finreg 360)

Al respecto, Jorge Ferrer, de la consultora Finreg 360 y cofundador de Aetok también cuestiona si los utility tokens son valores o no: «La cuestión es que si hago una emisión y tengo pocos token, puede que al reclamarlos mucha gente, estos valgan cada vez más y los pueda vender por una criptomoneda». Pero, ¿qué dicen los reguladores españoles, concretamente la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España? Ambos reguladores publicaron documentos el pasado 8 de febrero, en los que perfilaron su posición respecto de las criptomonedas y las ICOs.

Para la CNMV, «buena parte de las operaciones articuladas como ICOs deberían ser tratadas como emisiones u ofertas públicas de valores negociables». Es decir, ajustarse a la regulación española y europea de cualquier instrumento financiero (acciones, bonos, deuda corporativa…). En opinión de Moreno de la Cova (Icofunding), «que algo cotice no significa que sea un valor negociable necesariamente: todo lo que se vende en Wallapop está cotizando por decirlo de alguna forma» y apunta concretamente hacia los «utility tokens», a los que no considera instrumentos de inversión. «¿Por qué tratan la venta de un producto como si fueran acciones de Telefónica?», concluye este consultor que no duda en considerar esto «inviable».

Asimismo, desde la entidad reguladora española, a preguntas de ABC, consideran que «dada la naturaleza de estos productos, debería ser una instancia internacional la que se pronunciase». Concretamente, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA). En cualquier caso, matizan, «una eventual iniciativa legislativa en España correspondería al Ministerio de Economía». Consultado este viernes el registro del Congreso de los Diputados sobre ICOs apenas hay registrada desde el pasado 7 de febrero una proposición no de ley del Partido Popular sobre esta materia.

En una posición similar, el experto de blockchain en NevTrace pide que las autoridades contribuyan a normalizar la situación, ya que «cuando una persona declara que tiene muchas criptomonedas o que va a participar en una ICO se le abre una inspección». Considera que en el instante en que fijen reglas claras, finalizarán las inspecciones. «El que quiera hacer una ICO debería consultar al regulador para ver cómo hacerlo», concluye. Desde la CNMV confirman que «ninguna emisión de criptomoneda ni ninguna ICO» está autorizada por este organismo actualmente. Lo que, añaden, les excluye de cualquier protección o garantía. En este sentido, Moreno de la Cova (Icofunding) constata que muchas de las empresas a las que asesoran para lanzar una ICO operan desde el extranjero. Especialmente, enclaves como Gibraltar (Reino Unido) o países como Suiza, Estonia o Estados Unidos. «Falta claridad normativa», sentencia.

«El 80% de las startups pueden fracasar», Pablo Moreno de la Cova (cofundador de Aetok)

Entre las críticas vertidas por Banco de España y CNMV señalan que, en su mayoría, son startups o firmas en una fase temprana de desarrollo, así como que la información aportada a los posibles inversores en los denominados white paper (documentos informativos del proyecto) «no suele estar auditada» y es «incompleta». Moreno de la Cova, reconoce estas críticas y estima que «el 80% de las startups pueden fracasar», aunque matiza que por ese argumento no se podría invertir en la nueva empresa de un familiar. Para el cofundador de Icofunding, el perfil de inversor respondería al de «alguien joven, que esté aprendiendo sobre esta tecnología» y lo descarta como «una forma de ahorro futuro».

En esta línea, matiza que compañías con al menos 20 años de vida como Nostrum también se están interesando por las ICO. «De igual modo, compañías muy apalancadas del Ibex 35 pueden ser muy volátiles», añade este consultor quien constata la existencia de un mercado con «más competencia» y exigencias. Sobre los white papers admite que «muchos» informan poco y recomienda que el potencial inversor escoja bien los proyectos. «Nadie te obliga a invertir en una startup, lo haces porque lo entiendes y crees en ello», concluye.

Evitar fraude con normas

A este respecto, quien puede aportar su caso como un ejemplo desde la experiencia es Álvaro Mancilla Moreno, cofundador de Workkola, cuya empresa busca proporcionar una herramienta para estudiantes que quieran desarrollar y validar sus habilidades en retos propuestos por empresas. Junto a sus socios está preparando una plataforma tokenizada en Estados Unidos, emplazamiento en el que se encuentra la sede. Su idea inicial era lanzar una ICO, pero al corresponderse al espacio norteamericano y para poder desarrollar una solución con vistas a ser mundial, tuvieron que seguir las pautas de la SEC. «Nosotros entendemos que la regulación es necesaria. Los reguladores ya van dejando caer ciertos conceptos clave y si te riges por esos conceptos no hay problema», señala Mancilla. El proyecto Skyllz, que verá la luz pronto, nace con una serie de condicionantes: un utility token necesario para el funcionamiento y un security token dirigido a captar capital de inversores profesionales. Ya que, entre las preocupaciones que mayor temor suscita a las instituciones, se recalca la adquisición de un producto que el comprador no entienda y que sea de alto riesgo. Por lo que Skyllz en su fase de búsqueda de financiación con su security token: «No estará disponible para inversores inexpertos que no cumplan con la condición de acreditados», añade.

Las dudas tal vez se justifiquen con que muchos de los proyectos jóvenes son fruto de nuevos personajes del sector empresarial cuya experiencia acaba de comenzar, por lo que ocurre que estas ideas acaban fracasando ante la falta de conocimientos de gestión. Por eso, como propone Gómez Toribio, sería muy grato crear «un espacio (sandbox) para que sea testee el proyecto o producto y crear un procedimiento por el cual se resuelva cualquier tipo de duda con los tokens que se están lanzando». Otra de las vacilaciones que acrecienta es la de los inversores inexpertos, ya que se ha dado la situación en la que se han encontrado con ICOs fraudulentas que se aprovechan de que los nuevos participantes del sector que no leen complementamente o no entienden los «white paper» en los que se describe el proyecto y acaban engañándolos. De esta manera, no es de extrañar que en cierta ocasión entrara en escena un defraudador para lanzar una ICO cuya inversión sería destinada, como señalaron para el uso personal del «empresario» y agradeciera el donativo.