La cultura del saqueo se sienta en el banquillo

La Justicia comienza a depurar responsabilidades entre los antiguos gestores de cajas de ahorro rescatadas con miles de millones de ayudas públicas que los españoles han tenido que financiar en medio de la peor crisis vivida en la historia de España. Solo en Bankia, Catalunya Caixa y Novagalicia, las tres entidades nacionalizadas, el Estado se gastó algo más de 44.000 millones de euros. Un rescate millonario que se amplió a otras entidades financieras y con pocas perspectivas de poder recuperarlo.

A día de hoy, el total de las cantidades públicas recibidas por el sector, sin contar con las aportaciones del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD, que alimenta el propio sector) y participaciones preferentistas, asciende a 57.265 millones de euros, de los que el 80% fue a parar a manos de las tres entidades españolas que tuvieron que ser nacionalizadas para ser salvadas.

Sanear las cajas de ahorro le ha costado a cada español una media de 1.300 euros.

El sector financiero pasó en poco menos de tres años de presentarse a sí mismo como uno de los más sólidos del planeta a convertirse en la pesadilla europea. El exceso de activos inmobiliarios de la banca supuso la intervención o nacionalización de ocho de sus entidades financieras. Entre 2009 y 2010 fueron Caja Castilla-La Mancha y Cajasur, en 2011 se nacionalizaron la CAM -que además también fue intervenida-, Unnim, Catalunya Caixa y Novagalicia Banco. A ello se añadió la intervención del Banco de Valencia en 2011 (porteriormente sería nacionalizada) y, finalmente Bankia. El número de cajas pasó de 45 a 8 en cuestión de cinco años. La nacionalización parcial de BFA, la matriz de Bankia, fue la más importante. Costó a los españoles 22.424 millones de euros.

Movilizados 175.000 millones

Pero la factura se puede decir que es mucho mayor. Va más allá de lo inyectado para rescatar o ayudar a estas cajas, si bien, buena parte de ello es dinero adicional que se debería recuperar. Según los últimos datos actualizados por el Banco de España, la reordenación de la banca en su conjunto ha movilizado 175.011 millones de euros del Estado, de los que 61.495 millones han sido ayudas directas (44.100 solo para las tres nacionalizadas); 103.436, fueron avales, que se tendrán que recuperar; 7.888, corresponden a esquemas de protección de activos (EPA); y 2.192, ayudas para la constitución de la Sareb.

No obstante, parte del dinero inyectado se había dado por perdido hace tiempo. De estos recursos perdidos la cuantía mayor, hasta el momento, la constituye la correspondiente a los inyectados en entidades financieras que, tras ser rescatadas, han sido vendidas a precios simbólicos a otras entidades «sanas»: la CAM -vendida por 1 euro a Banco de Sabadell tras recibir una inyección de 5.800 millones-; Unnim -vendida por un euro a BBVA tras recibir 948 millones-; Banco de Valencia, vendido por un euro a Caixabank y una inyección de 5.500 millones; y de las ya casi olvidadas Cajasur y CCM. La última, Ceiss. Comprada finalmente por Unicaja con 241 millones del FROB.

Algo de ese capital total inyectado sí se está recuperando. Es lo comprometido con Bruselas, y algunas entidades están haciendo sus deberes, sobre todo Bankia, en la que el Gobierno tiene puestas todas sus esperanzas para recuperar gran parte de lo dedicado al sector financiero.

La ley ajusta cuentas

En definitiva, gastos millonarios para tapar los agujeros del exceso que en las últimas semanas están pasando factura a algunos de los protagonistas. Esta semana la Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que abriera jucio oral contra los exjefes de Caja Castilla-La Mancha (CCM), cinco años después de que la caja se convirtiera en la primera entidad en esta crisis. El Ministerio Público solicita para su expresidente, Juan Pedro Hernández Moltó, y para para su exdirector general, Ildefonso Ortega, dos años y medio de prisión por haber ocultado los más de 182 millones en pérdidas que entonces ya acumulaba la entidad.

También esta semana los expresidentes de Caja Madrid y Bankia, Miguel Blesa y Rodrigo Rato, respectivamente, tuvieron que pasar por los tribunales tras conocerse que los presidentes, directivos y consejeros de las entidades utilizaron supuestamente sin control del Fisco gran parte de los 15,5 millones de euros que gastaron entre 2003 y 2012 con las tarjetas de crédito «B» que recibieron para «gastos personales» al margen de que algunos ya contaban con su tarjeta «de representación».

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abría una causa para investigar si hubo delito de apropiación indebida en el uso de esas tarjetas e impuso una fianza de 16 millones a Miguel Blesa y de 3 millones a su sucesor, Rodrigo Rato, por gastos cargados a la entidad a través de esas tarjetas «opacas» durante sus respectivos mandatos.

Rodrigo Rato presentaba el pasado miércoles en la Audiencia Nacional un aval bancario suscrito con Banco Sabadell con el que garantizar el desembolso de los tres millones de euros que le exige el magistrado. Mientras, Miguel Blesa no ha conseguido justificar la posesión de bienes o dinero equivalentes a esos 16 millones, ni tampoco ha logrado que banco alguno le avale por esta cantidad, por lo que ha desistido de presentar dinero o aval alguno y asume que será embargado. Así, estos días, tal y como dicta la ley, el expresiente de Caja Madrid ha tenido que hacer un listado de sus bienes, y en qué condiciones están estos, para ser embargados hasta cubrir la cuantia de la fianza. Mañana, lunes, acaba el plazo para que el juez tenga en sus manos dicha lista.

Y ahora... créditos irregulares

Sobresueldos desorbitados, multimillonarias indemnizaciones, gastos sin control y sin justificar... un saqueo que no parece tener fin. La guinda, dicen muchos, podría venir de la mano de los 23 informes sobre operaciones irregulares en Novagalicia y en CatalunyaCaixa detectadas por el FROB y remitidos a la Fiscalía. Un perjuicio económico que ascendería a 1.500 millones de euros y que aumentaría la factura. La mayor parte de las operaciones tuvieron lugar entre los años 2005 y 2008.

Y mientras la Fiscalía estudia los informes, el FROB asegura que seguirá revisando los análisis forenses de la contabilidad de ambas excajas. Un escudriñamiento de cifras con el objetivo en última instancia de minimizar el coste para el contribuyente.