La Voz - EL APUNTE

Protección para los que cumplen

Si bien los manteros son víctimas, también lo son los comerciantes que se ven afectados

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Una verdad universal es que una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Cuando se habla de actividades ilegales o no reguladas, el eslabón más débil es siempre el más visible. Ya sea en la trata de blancas, en el tráfico de drogas o en el comercio ilegal, son los que dan la cara ante la sociedad los más expuestos a que se la partan. Metafórica o literalmente. El caso de los manteros, como es natural, no es una excepción. No han llegado a las calles de Cádiz por gusto. Abandonaron sus países de origen (sobre todo Senegal y Nigeria) cuando pintaban bastos y, después de unas aventuras de cuyo nombre no quieren acordarse, acabaron en la calle vendiendo una mercancía que, al igual que ellos, no tenía papeles en la mayoría de los casos.

Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero entre entender la situación de los manteros y permitir de manera impune su actividad hay un mundo. Los comerciantes del centro han mostrado en muchas ocasiones su malestar por la presencia de unos productos con los que, por precio, no pueden competir. Fundamentalmente porque los comerciantes del centro tienen que hacer frente a las tasas municipales, a los seguros, al IVA, a los autónomos... Y, además, pagar por un local en el centro, algo que no es ninguna bagatela.

Estos comerciantes, en una relación establecida en las sociedades modernas desde las revoluciones burguesas, tienen el derecho a ser protegidos por la administración a la que pagan. No pueden resignarse a ver cómo sus ventas siguen cayendo ante una competencia totalmente desleal.

El alcalde ya dijo, y se vanaglorió de ello, que entre un policía y un vendedor ilegal de pescado se quedaba con el vendedor. No sabemos si, en la misma línea, entre el comerciante con papeles y el mantero se quedará también con él, dejándole actuar por miedo a que le tachen de autoritario o de facha. Quizá sería más efectivo aumentar el gasto en servicios sociales, rebajado en el último año en un 20%, para atender a estos trabajadores sometidos a las más duras condiciones en lugar de obligarlos a competir con otros que también tratan de ganarse de vida y que también se sienten víctimas por la falta de decisiones.

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