Las plazas en residencia de la Junta no dan ni para un tercio de los mayores de 75 años

Crece la esperanza de vida, la población envejece, pero el sistema que debía ofrece la cobertura necesaria continúa estancado. La Ley de la Dependencia, considerada el cuarto pilar del Estado del Bienestar y del que la Junta de Andalucía hizo bandera, ha tenido un recurrido escaso desde su puesta en marcha. Desde entonces ha pasado casi una década en la que no sólo se han aplicado recortes, sino que se ha puesto en riesgo la viabilidad del sistema.

Y la gran asignatura pendiente continúa siendo la carencia de recursos para garantizar la asistencia a todos sus beneficiarios. La provincia de Cádiz sigue adoleciendo de una enorme falta de de plazas públicas y concertadas en residencias de mayores. La parálisis de la norma ha forzado el cierre de centros como Alvernia en la capital gaditana y ha frustrado proyectos de ampliación en localidades vecinas.

Y sin embargo, la Junta se ve incapaz de concertar más camas. Actualmente dispone de un total de 2.944 plazas, como ha reconocido la consejera de Igualdad y Bienestar Social, María José Sánchez Rubio, en respuesta a una pregunta parlamentaria del diputado popular Antonio Saldaña.

El número apenas alcanza para tres de cada diez mayores de 75 años que son los que empiezan a recurrir a este tipo de centros para evitar seguir viviendo solos. En la provincia son un total de 82.077 los residentes que pasan de esta edad. Pero si se tuvieran en cuenta sólo a los más ancianos tampoco serían suficientes –hay 9.108 con más de 85 años–.

Los geriátricos aseguran que la demanda para entrar es alta a pesar de que no se cubren todas las plazas. La administración es aún demasiado lenta en la resolución de los expedientes y en el trámite. Sin embargo, la consejera considera que «no puede decirse que haya personas en lista de espera para la asignación de una plaza, ya que el régimen expuesto implica prácticamente la simultaneidad entre la resolución de reconocimiento de laprestación y el acceso a la misma», así consta en la respuesta que publica el Boletín del Parlamento de Andalucía del pasado martes, 17 de agosto.

Respecto al reparto de las plazas, son las grandes ciudades las que tienen menos disponibilidad. Conocido es el caso de la capital gaditana, donde más de un centenar de vecinos han tenido que trasladarse a centros de otras localidades por la falta de plazas. Una situación parecida es la de Jerez, que apenas cuenta con una decena libre de las 355 que dispone entre públicas y concertadas. Tampoco Chiclana tiene opciones, con tres de las casi 200 a cargo del sistema público, ni El Puerto, que únicamente tiene ocho vacantes.

Más recortes

Además de no concertar nuevas residencias, también se ha reducido el precio al que la administración paga la plaza. La orden fue publicada el pasado marzo y rebaja en torno a un euro de media los precios máximos que se paga a residencias y centros de día por los servicios concertados. Los importes fueron aprobados en 2012 y que se actualizaban en función del incremento del coste de la vida cada año.

Sin embargo, la administración ha aplicado ahora un nuevo recorte al considera que es aconsejable «realizar una revisión responsable de los mismos para garantizar la optimización de los recursos y la sostenibilidad de los servicios», expone en la propia orden. Por poner ejemplos, la plaza en residencia para personas dependientes por la que la Junta pagaba en 2012 un total de 50,20 euros día, pasará a costarle 49,57 euros. Si hace cuatro años se abonaban 1.044,40 euros al mes a una Unidad de Estancias Diurna por la atención a una persona con discapacidad graves, ahora sólo pagará 1.042,68 euros.