Un exalto cargo paralizó las ayudas al CTI de San Fernando por sospecha de fraude

La causa de los cursos de formación que dirige la jueza Mercedes Alaya tiene varios frentes: las subvenciones que otorgó el SAE y sus delegaciones provinciales; las que recibió la extinta Fundación andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) entre las que se encuentra las ayudas especiales para el reciclaje de los trabajadores de Delphi y por último, la gestión de los consorcios de formación que la Junta comenzó a crear a partir de 1991.

Un testigo clave que declaró el año pasado y dirigió la mirada de los investigadores de la Guardia Civil hacia uno de los dos consorcios que funcionaban en Cádiz fue el exdirector general de Formación para el Empleo, Carlos Cañavate.

Esta persona sustituyó en el cargo a Teresa Florido, una de las imputadas en la causa y cuyo nombre trascendió en los albores de este caso por ser la cuñada de Ángel Ojeda, uno de los grandes beneficiados por la lluvia de millones que regó la formación ocupacional en Andalucía durante años.

Cañavate declaró ante la Guardia Civil en septiembre del año pasado en calidad de testigo y reconoció que detectó nada más llegar al cargo bolsas de fraude en los consorcios. Cifró en 950 millones de euros el dinero en subvenciones que estaban pendiente de justificar cuando aterrizó en la dirección general en octubre de 2013.

El sucesor de Florido admitió a los agentes que la Administración andaluza había aplicado como mecanismo habitual en lugar de medida excepcional, las exoneraciones que permiten a las entidades subvencionadas no justificar en tiempo y forma en qué han usado el dinero, pudiendo volver a optar a nuevas convocatorias.

Esa política laxa en la fiscalización de los recursos públicos pudo favorecer "que varios beneficiarios a sabiendas de que las justificaciones de las subvenciones no se estaban revisando, hubieran aprovechado esta falta de medios de control para utilizar las cantidades recibidas en gastos que nada tenían que ver con la finalidad para las que se otorgaron", indica un informe de la Guardia Civil, que se basa esencialmente en la declaración de Cañavate y explica por qué abren una línea de investigación exclusivamente sobre los consorcios.

El director general señaló como especialmente grave la situación en varios consorcios, uno de ellos el Centro de Formación Técnicas Industriales (CTI) de San Fernando. Ante las sospechas de que se pudiera estar cometiendo un fraude, ordenó cerrar el grifo de las subvenciones al poco de llegar a su cargo. Esto supuso la defunción del centro. Pocos meses después, en concreto el 28 de enero de 2014, el Consejo de Gobierno ordenaba la disolución del Consorcio isleño sin aclarar los motivos.

El precio por testificar

Cañavate dejaba de ser alto cargo de la Junta a las pocas semanas de declarar ante la Guardia Civil. La Junta lo cesaba del cargo, aunque aseguraba que había sido a petición propia. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, afirmaba en una intervención pública que había sido una decisión personal por razones familiares. Actualmente, este abogado madrileño está desvinculado de la Administración y trabaja para el sector privado.

Según recoge el sumario que dirige Alaya, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han seleccionado cuatro consorcios para investigarlos al detalle: el de La Isla, Málaga, Almonte y Mijas.

Si bien, a la parte de las diligencias a las que han tenido acceso los medios de comunicación, solo aparecen los informes detallados, con las primeras conclusiones, de los centros de Almonte y Mijas.

En la 'operación Barrado', donde la Guardia Civil ejecutó las primeras detenciones relacionadas con esta causa el pasado mes, cayeron las responsables de la gestión de los centros cuyos informes ya son de dominio público y no están sujetos al secreto de sumario.

Por lo que parece probable que durante el desarrollo de la causa se produzcan nuevos arrestos y que estos estén relacionados con otros consorcios y delegaciones provinciales del SAE. Fuentes consultadas por este periódico confirman que el CTI está en el punto de mira de la UCO.

La subcontratación

¿Por qué la Guardia Civil se ha centrado en estos consorcios? Cañavate los señaló como una posible "bolsa de fraude" en la formación, ya que no sólo acumulaban importantes cantidades en subvenciones sin justificar. Además se había extendido entre estos centros la práctica de la subcontratación. El dinero público que recibían estos consorcios para su funcionamiento acababa gestionado por terceros.

El alcalde de San Fernando, José Loaiza, reconocía recientemente que la Administración andaluza le reclamaba al CTI más de 3,5 millones de euros en ayudas. Un consorcio con presencia mayoritaria de la Junta y mínima participación del Ayuntamiento, y que estaba gestionado por la Faffe.

También confirmó a los medios que el CTI había adjudicado a empresas del exconsejero Ángel Ojeda la realización de acciones formativas en las naves de Fadricas, señalando así una de las irregularidades que llamaron la atención al director general que sustituyó a la cuñada de Ojeda al frente de la dirección general de Formación.

Ese dinero reclamado a través de expedientes de reintegro son otro de los indicios que manejó el exdirector general y, ahora la Guardia Civil, de que existía un descontrol contable en las cuentas del CTI.

En el auto de imputación de la exdirectora general de Formación María José Lara aparecen otras referencias al centro isleño. A ella, como a Manuel Brenes, se les acusa de haber mantenido un sistema que permitió la nula fiscalización de las ayudas y, por tanto, un reparto arbitrario.

En dicho auto se mencionan algunas de las irregularidades que se han descubierto en el funcionamiento financiero del CTI. Así, el centro formativo que servía para formar a futuros trabajadores en el sector del metal también fue el soporte para los costes ordinarios de la Faffe, hoy en el epicentro de la investigación liderada por Alaya tras ser disuelta y absorbida por el SAE.

Al CTI le imputaban los gastos de luz y limpieza de los 14 locales que la fundación llegó a abrir en la provincia gaditana durante la etapa de mayor vigor de la administración que fue creciendo en paralelo a las consejerías y servicios públicos de la Junta.

En el auto de la magistrada se define la facturación de los consorcios que servían para aprobarles nuevas subvenciones como documentos que contenían "conceptos difusos e insuficientes" o que correspondían a gastos ajenos a la acción formativa o imputables a otras ayudas que también percibían.