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Más de 300 víctimas se niegan a declarar en el juicio y propician una sentencia absolutoria

La dispensa que la ley ofrece a los familiares de los acusados está facilitando la retirada de las denuncias

S. TUBIO
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Una situación recurrente en los casos de malos tratos que se denuncian en los juzgados es cuando una mujer acepta recuperar la convivencia con la persona a la que ha denunciado. En el estudio realizado por el observatorio del CGPJ sobre víctimas mortales de 2014, se detiene en los ocho casos que decidieron retomar la relación con sus agresores, los cuales acabaron matándolas.

Este sentimiento de culpabilidad que lleva a las víctimas a proteger, exculpar y perdonar hasta la muerte a sus agresores se observa también cuando éstas tienen que testificar llegado el momento del juicio. Muchas de ellas se acogen a la dispensa que recoge la ley de Enjuiciamiento Criminal para los familiares de los acusados que son citados como testigos.

Esta norma permite eludir esa declaración. Y en los casos de violencia de género, al tratarse de delitos que no en pocas ocasiones se cometen en la más estricta intimidad, el testimonio de la víctima suele ser la principal prueba de cargo. Sin declaración, el acusado queda a las puertas de una sentencia absolutoria.

La decisión de no enfrentarse a su agresor ante un tribunal la tomaron en los juzgados gaditanos más de 300 víctimas en 2013, según la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía. Esas renuncias a prestar declaración propiciaron «un número muy alto proporcionalmente» de fallos que absolvían a los acusados.

En el CGPJ subrayan en su análisis sobre las muertes registradas y que contaban con un procedimiento judicial abierto, que esta dispensa está favoreciendo a los agresores porque «las víctimas de malos tratos no quieren ver a sus agresores en la cárcel». Ese sentimiento es el que está detrás de las renuncias a seguir hacia delante con el proceso. Hasta el 30 de junio, más de 200 mujeres que habían formulado denuncia en Cádiz renunciaron.

Entre las medidas para reforzar la seguridad de los perjudicados que deciden acudir a la Justicia, el Consejo propone que se graben sus declaraciones durante la investigación para que ese testimonio sea válido en la vista oral y no sea necesario reproducirlo.

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