Cádiz

La provincia cierra la peor estadística de violencia sobre la mujer del último lustro

Desde el año 2008 no se contabilizaba más de una muerte por esta lacra social; 2014 rompe con esa tendencia

SILVIA TUBIO
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Dos mujeres, Josefa y Raquel, muertas a manos de sus parejas, son las dos víctimas mortales de la provincia que deja la violencia de género en este 2014. A este recuento luctuoso se pueden sumar en pocas semanas y de manera oficial una madre y su hija de nueve años, que aparecieron muertas el pasado marzo en una vivienda de Sotogrande. Este tercer caso sigue bajo investigación, a la espera de unos informes periciales. Del resultado de esas diligencias se podrá concluir si la doble muerte hunde sus raíces en un episodio de violencia doméstica.

Aunque el caso de Sotogrande no está oficialmente dentro de esa estadística, en todas se hace mención como un más que probable crimen relacionado con la violencia de género.

La principal duda está en la versión que ofreció el sospechoso y que éste no pudo ratificar o cambiar porque murió en los calabozos de la Guardia Civil antes de que pasara a disposición judicial.

Se trataba de un ciudadano belga, que residía en un chalé de la urbanización de San Roque con su pareja y la hija de ésta. Los cuerpos de ambas fueron encontrados en el interior de la casa. La niña había sido asfixiada y la madre presentaba múltiples heridas por arma blanca. La pareja aparecería poco después en las inmediaciones de la vivienda, asegurando que había tratado de quitarse la vida estrellando su coche pero que no se atrevió. Afirmó antes de morir que habían planificado quitarse la vida por problemas económicos. Una versión que según fuentes del caso cuesta trabajo creer por la forma en la que había muerto la madre, con bastante violencia. Si bien, hasta que no se decrete el archivo de las actuaciones, no se clasificará este crimen.

En total y dando por válido la hipótesis principal que barajó desde marzo la Guardia Civil, tres mujeres y una niña de nueve años asesinadas hacen de este año el peor del último lustro en la provincia gaditana.

Otro año negro

Atendiendo a las cifras oficiales de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a las Víctimas, dependiente de la Consejería de Justicia e Interior, 2008 fue el último año en el que se contabilizaron más de una muerte en Cádiz. En concreto fueron tres. A partir de ese año: 2009 (0 fallecidas), 2010 (1), 2011 (1), 2012 (0) y 2013 (1).

2008 fue considerado un año negro. El día 30 de diciembre, la Junta trataba de lanzar un mensaje de respuesta inmediata con la apertura del tercer juzgado de Violencia contra la Mujer en la capital. Una inauguración que no estuvo exenta de polémica porque se hizo sin abordar la reforma de las competencias territoriales de los órganos de Instrucción. Una modificación que habría permitido, en el caso del juzgado de Cádiz, que asumiera denuncias de otros partidos judiciales.

La llamada comarcalización de los órganos se quedó en un cajón, el juzgado de la capital nació con poca carga de trabajo, frente a la saturación que presentaban otros de Chiclana, San Fernando o El Puerto, los cuales deberían compatibilizar los asuntos relacionados con la violencia de género y el resto de materias que ingresan día a día.

Seis años después, las flamantes instalaciones inauguradas por la exministra Bibiana Aido en los bajos del Estadio Carranza son hoy la sede del juzgado de lo Mercantil, que ha multiplicado su carga de trabajo por la crisis. El juzgado de Violencia sobre la Mujer ha sido trasladado al edificio de la Cuesta de las Calesas, sede de la Audiencia y de la Fiscalía.

2008 fue también el año en el que se formularon más denuncias (4.542) de los últimos cinco. Desde entonces ese dato ha ido disminuyendo, aumentando a su vez los esfuerzos desde las administraciones para que las víctimas den el paso y rompan el silencio. La violencia soterrada sigue cobrándose vidas. De las tres mujeres asesinadas en 2014 en Chiclana, Jerez y San Roque, ninguna había pedido ayuda.

Este descenso en el número de denuncias puede verse cortado en este año. Los últimos datos actualizados del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) llegan hasta el tercer trimestre (septiembre). Según esta estadística, sobre la que trabaja la Consejería de Justicia, los juzgados gaditanos habían ingresado 3.412 denuncias por delitos y faltas. Esa cifra se ha ido incrementado en un millar de casos en cada trimestre; por lo que se prevé que 2014 concluya con más de 4.400 denuncias. En 2013 se tramitaron 4.002 y un año antes, 3.803.

El próximo jueves, uno de enero, la ley integral de violencia de género cumple una década desde su entrada en vigor. En estos diez años, el número de órdenes de protección estudiadas por los juzgados ha experimentado una evolución muy similar a la cifra de denuncias. A partir de 2008 ha ido decreciendo, salvo un leve repunte registrado en 2012.

Errores y disfunciones

En 2014, a falta de los datos relativos al último trimestre, parece que la tendencia va a continuar decreciendo. Según el CGPJ, los órganos judiciales de la provincia tramitaron hasta septiembre 717 peticiones de protección. La mayoría de las solicitudes parten de las mujeres, seguidas de las que se dictan de oficio y las que pide el Ministerio Fiscal.

De esas más de 700 órdenes, no todas son concedidas. Más de un tercio (229) fueron denegadas porque el juez no vio indicios de riesgo para la denunciante. Un informe del Observatorio del CGPJ sobre las mujeres muertas este año y que habían denunciando previamente a su agresor, advierte que la mayoría fueron valoras con un riesgo bajo de sufrir un ataque o que ninguno de los agresores llevaba pulsera telemática de vigilancia. Desde el CGPJ reconocen fallos y disfunciones en la ley y propone una batería de medidas para reforzar la protección de las víctimas.

Según informó el subdelegado del Gobierno en vísperas del Día Internacional contra la Violencia de Género, en estos momentos hay 2.615 mujeres en la provincia que necesitan medidas de protección por parte de los cuerpos policiales que atienden a esta demanda con una severa limitación de recursos que no garantizan a las mujeres que no serán atacadas por sus agresores.

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