El Parlamento Europeo cita a Armengol para investigar la explotación sexual de menores tuteladas en Baleares
Una misión europea se trasladará el próximo 11 de abril a Mallorca para pedir información a las autoridades del Gobierno balear, los Defensores del Menor, el fiscal de Menores, la Policía y varias madres afectadas
El juez imputa a seis cargos de la Conselleria de Mónica Oltra por el caso de los abusos de su exmarido a una menor tutelada
La presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol y otras autoridades del Gobierno insular deberán declarar por los casos de abusos sexuales a menores tuteladas ante la Misión Europea. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, presidida por la ex ministra del PP Dolors Montserrat , ha pedido entrevistarse con la dirigente socialista; la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago; la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera; y el ex presidente del IMAS, Javier de Juan.
La secretaria de la Comisión de Peticiones, Carolina Lecocq informa en su escrito de que 12 representantes de la Comisión se trasladarán a Palma , además de dos miembros del secretariado y otros cuatro de los grupos políticos. Pide citarse también con el ex Defensor del Menor, Serafín Carballo, y su sucesor, Josep Luis Riera, además del Fiscal de Menores, José Díaz Cappa; la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer de la Policía Nacional y con dos madres afectadas.
Esta delegación europea se trasladará a Mallorca el próximo 11 de abril, como adelantó ABC, para investigar este escándalo que salpica a las instituciones públicas desde diciembre de 2019 cuando una adolescente de 13 años tutelada por los servicios sociales pidió auxilio a su monitora por WhatsApp y denunció que había sido víctima de una violación grupal. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) reconoció tener bajo su tutela a 16 menores víctimas de explotación sexual, 15 niñas y un niño. Desde entonces la gestión de este ente está en tela de juicio mientras el goteo constante de denuncias de padres , niños y monitores sigue repitiéndose.
La misión europea investigará este caso, pese al intento de bloqueo por parte del PSOE, que el pasado mes de enero intentó que esta visita, ya aprobada, se cayera del calendario. La maniobra de Iratxe García, portavoz de los socialistas en el Eurocámara, para que la visita se anulara recibió el apoyo de Los Verdes, aunque finalmente se mantuvo con el apoyo de Populares Europeos (EPP), Renew (donde se integra Ciudadanos) y ECR (del que forma parte Vox), además de Identity and Democracy (ID).
Apoyo del PP europeo
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció el pasado 30 de septiembre que mandaría una misión a las islas en 2022 para investigar los casos de explotación a 16 menores tutelados en las Islas. En dicha reunión de los coordinadores de la Comisión de Peticiones, el grupo socialista optó por apoyar otras misiones de investigación en detrimento de la referida al caso de los menores de Baleares. Pese a ello, hubo una amplia mayoría, impulsada por el Grupo del Partido Popular Europeo, a favor del envío de esa misión de eurodiputados.
Esta investigación surgió en enero de 2021 cuando la eurodiputada balear del PP, Rosa Estaràs, solicitó el envío de una misión para contribuir a esclarecer las circunstancias en las que se habían producido esos casos de explotación a niñas tuteladas. A raíz de esta petición, en febrero la Eurocámara pidió explicaciones al entonces vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias; al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la consellera de Asuntos Sociales del Govern, Fina Santiago. La escueta respuesta fue que los casos de abusos que se conocen son remitidos a la Justicia.
Comisión política cerrada
Desde entonces, el Gobierno insular, formado por PSOE, Unidas Podemos y los nacionalistas de Més, ha bloqueado cualquier investigación en profundidad sobre las denuncias de casos de menores tutelados víctimas de explotación sexual. Los socios nacionalistas de Armengol apoyaron una comisión de investigación en el Consell de Mallorca, secundando al PP, Ciudadanos y el PI, pero el PSOE y Podemos lograron que mutara en una comisión de expertos que no ha aclarado nada y que ha costado 30.278,73 euros.
Las críticas por este fracaso obligaron a montar una Comisión Política, integrada por representantes de todos los partidos con excepción de PP y Vox, que se negaron a participar por considerarlo un paripé. La Comisión Política se cerró y dio carpetazo al asunto eximiendo de toda responsabilidad política a los cargos del Consell de Mallorca y trasladando el problema a la sociedad.
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