El Congreso rechaza el veto de PP y Vox a las penas de cárcel para lo provida que obstaculicen el aborto
PP y Vox acusan al PSOE hacer «un uso torticero del ordenamiento jurídico para poder meter en prisión a los que no piensan como el Gobierno»
El Gobierno consiguió este jueves salvar su polémica proposición de ley (PL) para imponer penas de cárcel a los grupos provida que «obstaculicen el derecho al aborto» frente a las clínicas abortistas. Esta reforma del Código Penal, que fue tomado en consideración por la Cámara Baja el pasado mes de septiembre, logró este jueves sortear sendas enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox. Ninguno de los dos textos alternativos obtuvieron el apoyo necesario de la Cámara para tumbar la ley socialista, que seguirá ahora su tramitación parlamentaria.
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La PL --que cuenta con el apoyo de todo el arco parlamentario salvo de PP y Vox-- propone añadir al Código Penal un nuevo artículo con el objetivo de poder castigar con penas de tres meses a un año de prisión al que «hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo , promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos».
«Lo que quieren es impedir que las mujeres reciban el apoyo de quienes sí están dispuestos a ayudarles», aseguró María Ruiz Solás (Vox)
Distintas organizaciones provida llevan años trabajando a las puertas de estos centros para ofrecer información a las mujeres y disuadirlas de practicarse un aborto. Sin embargo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha denunciado que estas actuaciones suponen una coacción para las embarazadas, ya que muchas de ellas «son increpadas, insultadas o incluso amenazadas». Frente a esta situación, solicitaron al Gobierno en octubre del año pasado que estas actividades se consideren «un delito de obstaculización al derecho al aborto».
Durante la defensa de la enmienda, la diputada por Vox María Ruiz Solás explicó que la proposición de ley del PSOE «vulnera tres libertades fundamentales: la de reunión, de expresión e ideológica». Para Solas está claro que el objetivo de la PNL es «acabar con los derechos de aquellas personas cuyo pensamiento y discurso sobre la calificación del aborto difiere del considerado aceptable por el Gobierno y los grupos políticos que lo sostienen».
«Lo que quieren es impedir que las mujeres reciban el apoyo de quienes sí están dispuestos a ayudarles», afirmó Solás, quien además afeó al PSOE por presentar esta iniciativa como «proposición de ley y no como proyecto de ley», como ya ocurrió con la ley de eutanasia, para «sortear los informes preceptivos», como el del Consejo de Estado. «La reforma es inconstitucional y lo saben», avisó Solás.
«Mientras ustedes piden prisión para personas sobre las que no pueden acreditar el delito, afirman que Otegui es un hombre de paz y negocian los presupuestos», afirmó María Teresa Angulo Romero (PP)
La enmienda de este grupo parlamentario, a la que ha tenido acceso ABC, sostiene que las conductas de las personas provida a las puertas de las centros abortistas «no cumplen con los requisitos de los delitos de coacciones , ya que requiere la presencia de una conducta violenta, la finalidad perseguida debe ser la de impedir lo que la ley no prohíbe y debe haber una intención dolosa».
«Uso torticero»
En la misma línea, la diputada por el Grupo Parlamentario Popular, María Teresa Angulo Romero, acusó al PSOE de hacer «un uso torticero del ordenamiento jurídico para poder meter en prisión a los que no piensan como el Gobierno». La diputada explicó que el PSOE está «pidiendo penas de prisión para personas provida sobre las que no pueden acreditar que han cometido un delito, ya que no hay ningún pronunciamiento judicial contra ellas».
La diputada criticó además la doble vara de medir del PSOE que, por un lado, persigue a los provida, mientras por otro «despenaliza y concede impunidad a los que sí atacan de manera violenta las instituciones, los símbolos constitucionales y sentimientos religiosos de millones de españoles o realizan actos de enaltecimiento del terrorismo». «Mientras ustedes piden prisión para personas sobre las que no pueden acreditar el delito, afirman que Otegui es un hombre de paz y negocian los presupuestos», se lamentó.
Consciente del apoyo mayoritario de la Cámara, la diputada socialista Laura Berja Vega aprovechó su intervención para avisar a la «derecha» que la proposición «saldrá adelante pese a quien le pese», ya que el único derecho que está en juego con esta proposición de ley es «la libertad de las mujeres a ejercer su derecho al aborto».
Para Berja Vega, los provida que ofrecen información a las mujeres frente a las puertas de los centros abortistas son «acosadores» salidos «de una película de terror». «¿Quiénes se creen estos desalmados para decir a las mujeres lo que tienen que hacer?», se preguntó la diputada, que incluso llegó a mofarse de estos voluntarios provida por hacerse llamar rescatadores. Verga Vega argumentó que «el acoso que sufren las mujeres por ir al médico necesita una tipificación específica en el código penal». «El problema existe y vamos a solucionarlo», insistió.
La Proposición de Ley, presentada por el PSOE el pasado 12 de mayo, estipula que la pena por obstaculizar el derecho al aborto pueda ser también «trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días». También señala que los tribunales podrán imponer a «estos grupos organizados –como los denomina la iniciativa legislativa– la prohibición de acudir a determinados lugares por un tiempo que puede ir de seis meses a tres años».
Al menos tres organizaciones trabajan actualmente a las puertas de las clínicas abortistas para ofrecer información a las mujeres. La más numerosa es Más Futuro. En los últimos cinco años, sus 200 voluntarios han conseguido rescatar a 5.200 no nacidos en toda España. Durante este tiempo, esta organización que no recibe financiación pública no ha tenido una sola denuncia por coacción o intimidación.
