Castilla-La Mancha plantea elevar la reserva mínima de los embalses de cabecera a 510 hectómetros
La región se revuelve ante el anuncio del Gobierno central de que habrá una nueva transferencia de agua la semana que viene
Superando los 400 hectómetros cúbicos establecidos por el Memorándum del trasvase Tajo-Segura , los embalses de cabecera del Tajo, que esta semana llegan casi a los 450 hectómetros, se preparan, casi once meses después, para una nueva transferencia de agua tras el anuncio de la ministra García Tejerina la pasada semana.
Una noticia que, aunque era esperado, ha caído como un jarro de agua fría en Castilla-La Mancha , donde tanto el Ejecutivo autonómico, como los ayuntamientos afectados y los partidos políticos han salido en tromba contra el anuncio del trasvase. Pero, en esta ocasión, más allá de las críticas hay una novedad, como es el hecho de que el Gobierno autonómico presidio por el socialista Emiliano García-Page plantee subir la reserva mínima a los 510 hectómetros cúbicos de los pantanos de Entrepeñas y Buendía para poder trasvasar agua.
Una propuesta que el pasado martes hizo la consejera de Fomento castellano-manchega, Agustina García Élez , quien envió una carta al Ministerio de Agricultura, en la que pide que se haga «una revisión al alza» del límite de las existencias en los embalses de cabecera no trasvasable. Los motivos que aducen desde el Gobierno de Castilla-La Mancha es que con el actual límite de 400 hectómetros cúbicos «no se garantiza ni los derechos de la cuenca cedente, ni se garantiza el crecimiento y desarrollo de los pueblos ribereños». Además, alertan de que el abastecimiento de agua en estos municipios próximos a Entrepeñas y Buendía puede verse en peligro de cara al verano.
Un planteamiento novedoso, el de la reserva mínima de los 510 hectómetros cúbicos, pues hasta ahora todos los gobiernos del PSOE en esa región se habían opuesto a cualquier trasvase. Ello, a pesar de que fue la expresidenta María Dolores de Cospedal la que consiguió llegar a un acuerdo con el Ejecutivo central en 2013 para llegar a los 400 hectómetros, muy lejos de los 240 que había fijados antes de que el Partido Popular gobernara en Castilla-La Mancha.
Aun así, desde el Gobierno castellano-manchego insisten en que recurrirán el trasvase que probablemente se aprobará en la reunión de la comisión técnica del Tajo-Segura del 3 de abril. Y, además, siguen insistiendo en las plantas desaladoras como una «alternativa viable». El último, de muchos de los cargos del Ejecutivo autonómico, en defender esta postura fue el mismo presidente García-Page, quien el pasado miércoles abogó por la «optimización de las desalinizadoras construidas en el Mediterráneo como el futuro para paliar el actual déficit hídrico de Murcia, Valencia y Almería».
Pero, sin duda, los más afectados y cabreados con este nuevo trasvase son los vecinos de los pueblos próximos a los embalses de cabecera del Tajo que, representados por la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía , han anunciado que convocarán una gran manifestación si finalmente se aprueba el trasvase, con fecha y lugar aún sin determinar. Francisco Pérez Torrecilla, presidente de esta organización y alcalde socialista de Sacedón -uno de esas localidades-, hace una llamamiento para que la movilización sea masiva: «Estamos obligados a salir a la calle otra vez y concienciar a los ciudadanos de que con esta situación el año será igual o peor que en 2017».
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