Conflicto del metal
Sigue la tensión en el metal de Cádiz con cinco detenidos en piquetes
Un grupo de trabajadores se movilizó a las afueras de la factoría de Dragados Offshore para mostrar su rechazo al acuerdo que alcanzaron la Femca y UGT el pasado viernes
La CTM y la CGT no asumen la desconvocatoria de la huelga y mantienen las protestas en los polígonos industriales de la Bahía
Nuevo episodio de la huelga del metal. La normalidad no ha llegado a las empresas auxiliares del sector de Puerto Real con la firma del acta de acuerdo por el nuevo convenio entre UGT, el sindicato mayoritario, y Femca, la patronal del metal en la provincia de Cádiz. A primera hora de la mañana, la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y la CGT, sindicato que mantiene su propia huelga indefinida —paralela a la establecida por UGT y CCOO, que estaba vinculada a la firma del documento—, convocó a los trabajadores del sector en la puerta de Dragados Offshore para votar en asamblea si continuar o no con el paro de la actividad. La concentración de operarios se movilizó, para instar al cese de la actividad laboral en las distintas empresas, por las calles del Polígono Industrial del Río San Pedro, el del Trocadero, donde se produjeron disturbios entre la policía y los manifestantes, y terminó por las calles de la ciudad. La mañana se ha saldado con 5 detenidos «por daños», según informa la Policía Nacional.
Aproximadamente, medio millar de trabajadores se desplazó hasta las puertas de Dragados para votar en la asamblea y mostrar su rechazo a los términos en los que se ha firmado el acuerdo, del que se desmarcó CCOO, sindicato que, aunque no lo da por bueno, sí lo da por válido y hace un llamamiento a la «responsabilidad y a la legalidad». Allí, de forma unánime se acordó continuar en huelga y también «ir en culebrina» por los distintos talleres del polígono industrial. «Como están metidos en cárceles, sufren represión, no se ven capaces de dar el paso de no asistir a su puesto de trabajo, porque los sindicatos mayoritarios hacen un buen trabajo para coaccionarlos», explicó al respecto Manuel Balber, portavoz de la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CMT). Desde primera hora de la mañana, un amplio dispositivo policial, del que también formaron parte efectivos de la Guardia Civil, vigilaba de cerca los movimientos de los trabajadores por la zona.
Según comunicaron Manuel Balber y Antonio Muñoz, portavoz de CGT, los puntos en los que no están de acuerdo son la duración del convenio —finalmente se estableció para los próximos ocho años—, el apartado del plus tóxico-penoso, la regulación de los contratos fijos discontinuos y que «todo trabajador que entre por esas puertas (factoría de Navantia) tiene que cobrar el convenio del Metal, sí o sí desde el minuto uno».
Una vez concluida la asamblea, varias bengalas de colores se prendieron y comenzó el recorrido serpenteante por las diferentes empresas auxiliares del metal, de las cuales varias de ellas habían vuelto a la actividad, tal y como también sucedió en otros puntos de la provincia, como es el caso de las factorías del Campo de Gibraltar. La tensión aumentaba cuando los trabajadores que se movilizaban reclamaban a otros que dejaran de trabajar. «¡Compañero, únete!», gritaban a su llegada a la planta de Alestis. Por otra parte, los manifestantes han cargado a pedradas contra una furgoneta de la empresa Martín Bahía, que estaba abierta en el momento en que apareció el piquete.
Fue en el Polígono Industrial del Trocadero donde la tensión cobró mayor temperatura, y se produjeron los disturbios entre los trabajadores y la Policía. Desde allí, los manifestantes, que a su paso cortaban el tráfico, marcharon por la calle Portugal hasta el centro de la localidad puertorrealeña, donde se produjeron, al menos, dos de las cinco detenciones: una de ellas en la barriada de las 512 viviendas y otra en la casapuerta de un domicilio de la calle Rosario. Estas cinco detenciones se suman a las 12 llevadas a cabo en las jornadas de huelga anteriores, entre las que se encuentra la de un menor de edad.
Para cubrir los costos de la «asistencia jurídica de los detenidos» y el «pago de las multas que vendrán», la Coordinadora de Trabajadores del Metal anunció el pasado 28 de junio la creación de una «caja de resistencia». «Los sindicatos sistémicos se desentienden como la última huelga de la gente que da la cara en las barricadas», afirmaban en X.
Tras la actuación policial por las calles del centro, la movilización se disolvió por completo a la espera de volver a manifestarse esta misma tarde por las calles de Puerto Real. Se espera que la eurodiputada Irene Montero esté presente en la movilización convocada por la CGT y la CTM.
La Femca denuncia la violencia
La Federación de Empresas del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) ha denunciado los «actos vandálicos y violentos que se vienen produciendo en distintos puntos de la Bahía de Cádiz», que, según indica la patronal del metal, son realizados por «grupos minoritarios y radicalizados que están tratando de amedrentar a trabajadores y empresas». «Lo que está ocurriendo nada tiene que ver con el ejercicio legítimo de derechos laborales ni con la acción sindical: se trata de una estrategia organizada de intimidación, coacción y sabotaje», reivindican. Además, los empresarios lamentan que «estos grupos no representan a los trabajadores ni al sector» y aseguran que el convenio «sigue avanzando hacia la firma».
«Esto no son piquetes informativos. Son actos delictivos por estar actuando al margen de toda legalidad, que están poniendo en peligro a personas, instalaciones y familias. Están saboteando empresas, amenazando a quienes han decidido libremente volver a sus puestos de trabajo, y tratando de secuestrar la paz social alcanzada con gran esfuerzo por todas las partes implicadas en la negociación del convenio. Es gravísimo y no puede seguir ocurriendo», ha declarado José Muñoz, secretario general de FEMCA, quien destaca que «están dañando gravemente la imagen de Cádiz, espantando inversiones y poniendo en riesgo contratos estratégicos. Esto no es lucha sindical, esto es sabotaje social y económico».
Por último, la patronal exige la actuación «inmediata» y «decidida» de las fuerzas de seguridad y de las administraciones competentes para garantizar la seguridad de las personas, el derecho al trabajo y la continuidad de la actividad empresarial.
Esta funcionalidad es sólo para registrados
Iniciar sesión