El funcionario de Castilblanco admite que «se quedó con dinero de los vecinos» durante 20 años

Tras horas de negociaciones, las partes han llegado a un acuerdo y el caso del desfalco de la caja municipal de Castilblanco se ha resuelto sin que se celebre juicio. El único acusado en el procedimiento, un funcionario municipal que cobraba a los vecinos los tributos locales, ha admitido los hechos y ha aceptado una condena de cuatro años de cárcel y nueve de inhabilitación por un delito de malversación en concurso con otro de falsedad documental.

La pena, en principio, supone el ingreso en prisión de este exempleado público que ya estaba fuera del Consistorio por una incapacidad. «El acusado admite que estuvo 20 años quedándose con el dinero de los vecinos», señalaba al término de la vista el letrado que representa los intereses del Ayuntamiento de Castilblanco, que ejercía acusación como parte afectada.

Aunque el acuerdo se daba prácticamente por hecho este martes, ha tardado en cerrarse porque el pago de los 186.551 euros (cantidad que equivale al dinero malversado) se ha hecho a través de la cesión de dos inmuebles de la familia del acusado. El destino de estas viviendas queda en manos del Ayuntamiento que los venderá y deberá recuperar así el dinero que desapareció de su caja.

Uno de los obstáculos que ha frenado la ratificación del acuerdo a primera hora han sido las cargas que presentan ambos inmuebles. La defensa del funcionario ha explicado a ABC que el martes habían aceptado una condena de dos años y nueve meses. Sin embargo, esa propuesta quedó en nada por parte de la Fiscalía cuando se comprobó que las deudas que pesaban sobre las viviendas eran mayores. Al final la sentencia por conformidad se ha cerrado con una condena de cuatro años.

Más de 100 vecinos citados como testigos

«Con este acuerdo se ha evitado también que tenga que pasar por la sala medio pueblo», señalaban también desde la acusación particular. El juicio estaba señalado para dos semanas y se habían citado a más de cien testigos, vecinos que habían pagado tributos al funcionario acusado en mano. También estaban citados el actual alcalde, José Manuel Carballar, y su antecesor.

El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos detectó hace tres años un agujero en su caja de recaudación de más de 100.000 euros. Un desfase contable entre el dinero que el Consistorio había ingresado por tasas municipales como las licencias de obras y los permisos que se habían concedido. El entonces alcalde Segundo Benítez (PSOE) ordenó abrir una investigación interna que acabó responsabilizando a uno de sus funcionarios de haberse quedado durante años con el dinero que entregaban los vecinos.

De inicio, las acusaciones solicitaban ocho años de prisión y 17 de inhabilitación. Finalmente el acuerdo ha supuesto una confesión y garantizar la devolución del dinero malversado, a cambio de una rebaja de la mitad de la pena solicitada.

La defensa del funcionario ha anunciado que va a solicitar el indulto parcial de tal manera que pedirá la suspensión de la ejecución de la pena y así frenar la entrada en prisión. Si no prospera esta estrategia procesal y el condenado debe ingresar, pedirá una clasificación de tercer grado para que pueda salir, al menos, los fines de semana o cumpla la condena en un Centro de Inserción Social (CIS).

Durante la negociación del acuerdo, que pone punto y final a uno de los episodios más bochornosos de la historia reciente de Castilblanco, la Fiscalía se ha mostrado inflexible en cuanto a que el funcionario eludiera el ingreso en prisión.

Tras conocerse este miércoles, pasadas las dos de la tarde, que se disolvía el jurado popular que iba a juzgar al acusado, familiares del procesado se lamentaban de que el funcionario «no había tenido oportunidad de defenderse» y achacaban los hechos a «una cuestión política».