Tribunales

El fiscal pide cárcel para los dueños de una finca de Doñana por extracción ilegal de agua

Llegaron a instalar una tubería de grandes dimensiones y un pozo sin permiso para duplicar el volumen asignado

S. L.

El fiscal de Medio Ambiente ha solicitado cuatro años y seis meses de prisión , y 18.000 euros de multa, además de pagar al Estado 1,9 millones de euros como responsabilidad civil, para cinco dueños de una finca en Doñana por extracción ilegal de agua . Serían responsables de haber duplicando el volumen asignado para riego.

En el escrito de acusación, el fiscal considera que entre el 2008 y el 2013, y pese a tener hasta 13 expedientes administrativos abiertos desde 1997 por el mismo motivo, los copropietarios de la finca Hato Blanco Viejo «continuaron detrayendo volúmenes de agua muy superiores a los autorizados», duplicando todos los años los 3.481.600 metros cúbicos de agua que tenían concedidos.

La Fiscalía interesa la apertura de juicio oral contra los cinco acusados por sendos delitos contra el medio ambiente y de daños ya que «pese al conocimiento de la naturaleza del espacio sobre el que la finca se asienta y de los condicionantes impuestos, los acusados han incumplido de forma reiterada y consciente las limitaciones impuestas por la administración» con el consiguiente riesgo para el ecosistema .

La finca se ubica en el término municipal de Aznalcázar y toma el agua del acuífero Almonte-Marisma que alimenta el Parque Nacional de Doñana y que según la Fiscalía ha sufrido «un descenso significativo» de reserva hasta estar «incluso por debajo del nivel considerado históricamente como más extremo, cuando la sequía del periodo 1991-1995».

Reincidentes desde 1997

El fiscal de Medio Ambiente, Javier Rufino , destaca en su escrito que los acusados incluso instalaron una «tubería de grandes dimensiones» y un pozo ilegal que el juzgado de instrucción 2 de Sanlúcar la Mayor ordenó sellar en 2015 como medida cautelar y que la Fiscalía pide ahora que se retiren bajo la supervisión de agentes Seprona y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pero que los trabajos sean sufragados por los acusados.

Para el fiscal, «los daños causados al dominio público hidráulico generados por los acusados entre 2008 y 2013 han ascendido a 1.967.617'95 euros»; por lo que reclama esta cuantía en concepto de responsabilidad civil a las sociedades Hato Blanco Viejo SL y SAT Sotogordoy creadas por los acusados. También reclama que se mantenga la fianza de tres millones de euros exigida para cubrir dicha responsabilidad.

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