Provincia
Los jueces gaditanos, contra la politización de la justicia
Amnistía
Los magistrados se manifiestan en la Audiencia Provincial ante la posibilidad de injerencias en la separación de poderes
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La Audiencia Provincial de Cádiz ha sido el escenario en el que una amplia representación de los jueces y abogados gaditanos han mostrado su rechazo a una posible injerencia en el poder judicial mediante acciones de lawfare o judicialización de la política.
Durante varios minutos, un centenar de profesionales, vistiendo la toga, han permanecido de pie en las escalinatas del Palacio de Justicia situado en la Cuesta de las Calesas como muestra de rechazo a uno de los conceptos aparecidos en el texto del acuerdo político alcanzado entre el PSOE y Junts, aunque no en el documento de una ley de amnistía que también ha estado presente en la concentración y contra la que un par de tímidas voces han protestado a grito de «¡amnistía no!» al final del simbólico acto.
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Manuel Estrella, presidente de la Audiencia Provincial, ha afirmado que la iniciativa resulta «triste» para los magistrados, pero que sirve para mostrar su «honda preocupación por lo que está pasando en este país». «Hacemos nuestro lo que ya han comunicado las asociaciones judiciales, el Consejo General del Poder Judicial, la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, los presidentes de las audiencias o los decanos de los juzgados», expresa.
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Ha proseguido rechazando de plano el hecho de que el poder legislativo pueda enmendar al judicial: «No aceptamos ni como idea el concepto de lawfare porque España es un Estado de derecho ejemplar y nunca se ha hecho así, y esperemos que no se haga nunca así».
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«Nunca se ha instrumentalizado la justicia políticamente ni a la inversa. Hay que recordar que vivimos en un Estado democrático de derecho donde la separación de poderes es sagrada como lo es en la Unión Europea y en todos los países civilizados del mundo», ha dicho Estrella.
La independencia judicial es innegociable, pues «sería absolutamente indigno que jueces y magistrados que han puesto sus sentencias simplemente aplicando el derecho aprobado por el poder legislativo, tengan que someterse a un control vía parlamentaria en un órgano que no es el que compete para controlar la labor de los jueces».
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