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La abogacía gaditana incide en la necesidad de mantener la separación de poderes

Amnistía

José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, prefiere ser prudente respecto a la ley de amnistía pero recalca la defensa del Estado de derecho

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José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz. L. v.
Álvaro Mogollo

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Los abogados también están muy pendientes de lo que pueda suceder con la ley de amnistía, puesto que supondrá un cambio con el que tendrán que lidiar. Pero hasta que no sea una realidad, entienden que no les corresponde valorar el contenido de la normal.

José Adolfo Baturone, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, expresa que debe ser el Tribunal Constitucional el organismo que marque las pautas: «Es una cuestión jurídica en las que hay mil argumentos a favor y mil en contra. Para eso está ahí el Tribunal que tiene que decidir».

La labor del abogado es «defender posturas ante un Tribunal y ahí hay un juez que decide». «Esa es la base de nuestro sistema judicial y desde la abogacía lo único que queremos es defender el Estado de derecho, es decir, que el sistema no se cambie», expone.

«Hay unos jueces y unos tribunales que tienen que decidir en base a unas leyes, así que no vamos a pronunciarnos sobre la amnistía, lo único es que defendemos la separación de poderes». De ahí que la posibilidad del lawfare o judicialización de la política, término que aparece en el acuerdo entre PSOE y Junts, le parezca «muy fuerte»: «La revisión por una comisión parlamentaria quiebra el principio de la separación de poderes. Si un poder puede revisar lo que hace el otro, apaga y vámonos».

Aun así, considera prematuro sacar conclusiones respecto a la norma: «Entendemos que habrá que esperar al desarrollo legislativo, a ver si sale o no sale, y luego los tribunales hablarán». Y apunta a que este asunto acabará en Europa: «En muchísimas materias quien está imponiendo la jurisprudencia es el Tribunal Europeo, como en temas de cláusula suelo o de consumo. Vamos a esperar que se acabe todo el recorrido judicial».

E insiste en la capital importancia de que no haya injerencia entre el poder legislativo y el judicial: «Por encima de un tribunal sujeto a la ley no puede venir después el poder legislativo y si ve que la sentencia no le gusta, decir que la va a cambiar. Eso es un disparate».

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