Guardias civiles insisten en la necesidad de restituir el Ocon Sur para luchar contra «un narcotráfico creciente»

Equiparación salarial con las policías autonómicas, implantación del turno 6x6 (similar al que rige actualmente para la Policía Nacional), acceso a la jubilación en condiciones equiparables a otros cuerpos policiales, reconocimiento como profesión de riesgo y más medios humanos y materiales para luchar contra la delincuencia son las principales reivindicaciones de Jucil en la provincia de Cádiz.

Estas demandas forman parte del programa con el que Jucil se presenta a las elecciones al Consejo, un órgano colegiado en el que participan representantes de las personas que componen la Benemérita y de la Administración General del Estado, con el fin de mejorar tanto las condiciones profesionales de sus integrantes como el funcionamiento del propio Instituto. Actualmente, el Consejo de la Guardia Civil está compuesto por 30 representantes, de los cuales seis pertenecen a Jucil.

Agustín Domínguez, secretario provincial de Jucil en Cádiz, asegura: «En la provincia de Cádiz nos enfrentamos a desafíos críticos: atender un territorio muy extenso con plantillas insuficientes y cada vez más envejecidas para hacer frente a problemas tan graves como la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado. Nuestras reivindicaciones tienen el firme propósito de reforzar y empoderar a los guardias civiles de Cádiz para mejorar la seguridad ciudadana y proteger a los ciudadanos como se merecen. Para ello, es crucial una acción inmediata», asegura.

El secretario de JUCIL añade: «Solicitamos, una vez más, la declaración de Zona de Especial Singularidad para el área del Campo de Gibraltar, lo que permitirá dotar a esta provincia de recursos extraordinarios y permanentes para afrontar tanto un problema de seguridad como socioeconómico que consideramos excepcional. Complementariamente, demandamos la restitución inmediata de la estructura del Ocon Sur o de una unidad similar con plena capacidad operativa para combatir frontalmente el narcotráfico».

Además de estas medidas urgentes, JUCIL considera que es prioritario un aumento urgente de personal en la Comandancia de Cádiz, acompañado de una reestructuración de unidades que optimice los recursos humanos y garantice un servicio más eficaz y seguro. Esta mejora estructural debe ir unida a la implantación de turnos de trabajo regulares para favorecer la conciliación y el descanso, así como a la mejora de la figura del Coordinador de Servicios con una remuneración acorde a su responsabilidad, garantizando una planificación que no perjudique nuestra vida personal.

En cuanto a la seguridad y los medios, «exigimos la eliminación de los servicios conjuntos que obligan a los agentes a desplazarse en solitario para recoger a otro componente, práctica que es ineficaz y un riesgo evitable». Además, es imprescindible la dotación de material de seguridad especializado para el Servicio Marítimo, incluyendo chalecos con flotabilidad y calzado apropiado.

«Para los puestos de la Sierra, donde actuamos sin apoyo cercano, es vital la incorporación de pistolas taser. Finalmente, instamos a la incorporación de equipos de drones en los puestos principales para mejorar nuestra capacidad de respuesta e investigación, y a la revisión de la adjudicación de pabellones oficiales, asegurando un uso correcto conforme a la normativa vigente».

Domínguez recuerda que «la equiparación salarial con las policías autonómicas es una deuda histórica de cualquier gobierno con la Benemérita. Y añade: «Un guardia civil cobra 8.251 euros menos al año que un mosso, y 12.000 euros menos que un ertzaina, cuando desempeñamos las mismas funciones. Como tampoco es justo que un guardia civil se jubile seis años más tarde que un policía local o autonómico, además con pérdida de poder adquisitivo».

Por último, Jucil también reclama un mayor respaldo institucional por parte de las autoridades públicas. «El principio de autoridad -afirma Domínguez- está en franco retroceso. Necesitamos un respaldo jurídico más vigoroso por parte de las instituciones públicas. Algo va mal cuando una asociación profesional, como Jucil, defiende más institucionalmente a la Guardia Civil que sus superiores jerárquicos y políticos. Necesitamos un gobierno que defienda el papel, la autoridad y el despliegue de la Guardia Civil en todo el territorio nacional».