Las empresas gaditanas ponen la lupa en las bajas sospechosas con detectives: «El 70% de mis casos son por posibles bajas fraudulentas»

Pepe Ortega

Cádiz

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19/10/2025 a las 08:33h.

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Almudena es una de las detectives privadas de Cádiz. Desde la pandemia, ha notado cómo su agenda no ha parado de llenarse de clientes empresarios de todos los sectores que tienen la sospecha de que su trabajador dado de baja realmente no está enfermo. «Cuando se deciden a llamarnos, ya hay muchas evidencias de que se trata de una baja fraudulenta. Muchas veces son los propios compañeros quienes lo dicen porque tienen que soportar una carga de trabajo superior», explica la detective privada, quien asegura que el 70% de los casos está relacionado con las presuntas bajas fraudulentas. Para recopilar la prueba documental que después se presentará ante los Tribunales, Almudena se desplaza a primera hora de la mañana al domicilio del investigado. Allí esperará a que salga para seguirle, cámara en mano u oculta, por todos los espacios públicos que pise, a la espera de que actúe en contra de las indicaciones médicas o vaya a trabajar de manera clandestina en otro trabajo, un hecho habitual entre los casos que investiga.

Los empresarios se ponen en contacto con ella y con otros detectives como Javier, de San Fernando, cuando sienten que «no tienen otra salida». Les sale más rentable contratar sus servicios que afrontar los gastos de la baja laboral —las empresas asumen los salarios de bajas médicas del 4º al 15º día y las cotizaciones durante la suspensión contractual—y el correspondiente aumento de la carga de trabajo. Según Almudena, las investigaciones suelen tener una duración entre tres y cinco días y, si la empresa ha cumplido con los criterios de razonabilidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad y aporta una prueba sólida, «suele» ver estimadas sus pretensiones en los Tribunales. Sin embargo, para que la empresa pueda contratar a un detective para seguir a un empleado debe justificar unas sospechas previas, es decir, no puede hacerlo de manera preventiva.

«Cada vez más empresas optan por contratar a detectives privados para verificar la baja laboral de sus trabajadores», confirma Cinta Vivancos, abogada especialista en Derecho Laboral y vicepresidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Los seguimientos son legales, pero no cualquiera puede realizarlos. Los detectives privados son profesionales acreditados y cuentan con una licencia expedida por la autoridad. «No toda persona puede actuar como un detective y estos deben seguir unas normas», destaca la abogada. Este tipo de casos se mueve sobre una fina línea entre el derecho a la libertad de empresa y el de la intimidad de los trabajadores, pero, ¿dónde se traza el límite de las investigaciones? «En no vulnerar los derechos fundamentales del empleado», responde.

Javier ha investigado casos en todos los sectores. «Depende un poco más de la persona, no del tipo de trabajo que sea. Eso sí, hay personas que son profesionales de las bajas«, sostiene. Ahora bien, existe una serie de patologías que, en el caso de que los empleados presuntamente las finjan, los detectives aconsejan a las empresas no investigarlas por la dificultad para demostrar el supuesto fraude. Es el caso de las bajas por determinados dolores de espalda o por trastornos mentales como la depresión, cada vez más frecuente.

Según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), los problemas de salud mental son ya la segunda causa de baja por Incapacidad Temporal en España. Entre 2018 y 2024, las bajas por síntomas emocionales se incrementaron cerca de un 490%, y la depresión se ha consolidado como el motivo más habitual de incapacidad laboral de más de 15 días, con una duración media de 167,9 días.

Estas cifras ponen de relieve la necesidad de abordar el problema de raíz. En este sentido, la directora del INSST, Aitana Garí, apunta a una dirección: las condiciones organizativas del trabajo. «Estos datos nos obligan a actuar porque la salud mental no es solo la ausencia de enfermedad, es un derecho y es un determinante fundamental de la calidad de vida. Debe estar en el centro de la gestión preventiva, como base de entornos de trabajo protectores de la salud y, sobre todo, más humanos», afirmó en una jornada técnica sobre Salud Mental en las organizaciones, impulsada por el INSST a principios de octubre. En este sentido, el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz, José Blas Fernández, defiende que el aumento de las bajas por salud mental responde, en gran parte, a la «falta de especialistas» para atender a los pacientes.

Por otro lado, habla de un crecimiento de la supuesta «picaresca» en las bajas laborales de Cádiz, debido a la «falta de control» de las mismas. «Por este tema pagan justos por pecadores, porque también hay gente mala de verdad a la que le dan el alta. Es un tema muy preocupante para las empresas». Para poner fin a este uso indebido de un derecho laboral, José Blas Fernández aboga por aumentar el número de inspectores médicos, reforzar la Formación Profesional y promover que todas las partes involucradas se sienten a dialogar y coordinar acciones para afrontar esta situación.

Para Cinta Vivancos, las presuntas bajas fraudulentas son un «problema real» que provoca el «aumento de los costes de producción», hasta hacer «inviables un número importante de proyectos empresariales», sobre todo de las pequeñas empresas, y un «coste insoportable» para el conjunto de trabajadores y contribuyentes que tendrá «efectos negativos en la atención de otros servicios públicos». En caso de confirmarse el fraude, la persona trabajadora puede enfrentarse a duras consecuencias que van desde la suspensión de empleo y sueldo hasta la extinción del contrato laboral por despido.

«Y aunque desde 2020 las faltas de asistencia (justificadas o no) ya no son motivo de extinción por causas objetivas del contrato de trabajo, por el contrario, sí sería viable un despido disciplinario amparado en el art. 54.2.a) del Estatuto de los Trabajadores, que establece que «se considerarán incumplimientos contractuales las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o puntualidad al trabajo». En este sentido, el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable de la persona trabajadora«, explica Vivancos.

Por su parte, Mayte López, secretaria de Acción Sindical de Comisiones Obreras en Cádiz, defiende que existe otra cara de la moneda en la que «hay trabajadores que aguantan enfermedades y accidentes que no están cubiertos como tal y no se les facilita la atención en la mutua porque no se les da el parte de asistencia». Además, critica que las mutuas «insistan y pidan a la inspección médica que les dé de alta a los empleados» cuando «en muchas ocasiones» el trabajador «no está ni curado», porque «en el mejor de los casos, tan solo se limitan a leer el informe del médico que le está tratando». «La mayoría de las veces, las personas se dan de baja por la pérdida de salud que se produce por una exposición en un puesto de trabajo a distintos factores con potencial de daño», afirma. La secretaria de Acción Sindical asegura que, en sectores como la hostelería y el comercio, se producen más bajas laborales y señala a las empresas por «sobrecargar» a los trabajadores en lugar de cubrir las necesidades de la plantilla en meses de alta ocupación.

Pero, ¿qué medidas pondrían coto a las presuntas bajas fraudulentas? Según Cinta Vivancos, es clave flexibilizar las bajas médicas. «En nuestro país o se está de baja médica y no se puede trabajar, o se está de alta y hay que acudir al trabajo. No hay situaciones intermedias, que de llevarse a cabo podrían flexibilizar las situaciones de baja médica y bajo supervisión médica harían posible la asistencia al trabajo en ese «periodo transitorio»». Otra forma de reducirlas sería pagar un plus por asistencia al puesto de trabajo, una prácticas que ya llevan a cabo algunas empresas. Sin embargo, más allá del presunto fraude, el problema -apunta Vivancos- recae en la «complejidad de un sistema plagado de trámites». Además de un mayor control, la clave está en invertir en prevención y en concienciar a las empresas y a las personas trabajadoras. De lo contrario, seguiremos atrapados entre sospechas de fraude y un sistema burocrático complejo que no ayuda a mejorar las cifras de absentismo«, finaliza.

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