La trama de funcionarios que colaba móviles, alcohol y anabolizantes en la prisión de Puerto II: recibían hasta 4.000 euros

Una trama donde cada uno cumplía un papel muy determinado. Y organizado. Con todo detalle medido y durante bastante tiempo. La Policía Nacional se ha llevado un año investigando -desde el verano pasado- las presuntas corruptelas y pagos por 'mercancía' que se estaban al parecer dando en la prisión de Puerto II, una de las tres cárceles que se encuentran en El Puerto de Santa María y donde, como se sospecha, se introducían de manera obviamente ilegal, móviles, medicamentos, alcohol, anabolizantes, dispositivos electrónicos y otros objetos prohibidos. También alimentos. Todo ello pasando por los controles de seguridad pero sin que 'pitaran' porque iban en las bolsas, bolsillos, pantalones... de algunas personas que estaban precisamente para no permitirlo.

Agentes de la Brigada Local de Información de la Comisaría de El Puerto han detenido de momento a cinco personas por formar parte de esta supuesta organización criminal: el médico de la prisión, un preso de confianza que era el presunto cabecilla junto a su mujer, y dos funcionarios también como cooperadores. Aunque no se descartan nuevos arrestos. Estas detenciones se han practicado entre este pasado martes y miércoles.

La investigación, bautizada como 'Cita', se inició hace un año, desde el verano pasado, cuando los agentes tuvieron ciertas informaciones acerca de lo que podría estar ocurriendo. Fueron tirando del hilo y practicando vigilancias y actuaciones y determinaron que la trama podía estar liderada por un interno que era un preso de confianza y que se encontraba en el módulo de enfermería. Este, siempre según las fuentes consultadas, contaba con su mujer como enlace en el exterior quien en libertad organizaba las 'citas' con los funcionarios para entregarles los 'pedidos' y hacerles el pago. Por ello, y tal y como indican las mismas fuentes, los presos o sus familiares les llegaban a pagar entre 2.000 y 4.000 euros por algunos de los artículos y lotes de productos.

La cadena continuaba y los funcionarios y el médico aprovechaban presuntamente su condición de empleados públicos para meter la mercancía sin pasar por los controles de seguridad. Una vez dentro era el interno 'líder' o conseguidor quien los distribuía.

Según ha podido saber este periódico, los implicados, que han sido puestos en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial, están siendo investigados como presuntos autores de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. A todos ellos se les han impuesto medidas cautelares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.