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Satisfacción y escepticismo en Cádiz por el veto a los pisos turísticos avalado por el Tribunal Supremo
Entidades vecinales del casco histórico celebran la sentencia, al tiempo que un propietario de VFT se muestra convencido de que interpondrán recurso de amparo
Los viajeros en apartamentos turísticos se multiplican por dos en la última década en Cádiz
El Tribunal Supremo ha avalado el veto a los pisos turísticosen las comunidades de propietarios que prohíban en sus estatutos la «actividad empresarial distinta al alquiler de viviendas tradicional». La sentencia de la Sala de lo Social aclara que «no se trata de aplicar la nueva regulación de la Ley de Propiedad Horizontal -que dispone que el acuerdo por el que se limite esta actividad requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios-, sino de determinar si en los estatutos comunitarios existe una prohibición de destinar los pisos al uso turístico». Así, el Supremo sienta jurisprudencia con este fallo pionero en Oviedo.
Un fallo que tiene especial relevancia teniendo en cuenta que la expansión de viviendas turísticas en la mayoría de las capitales de provincia sigue imparable. Actualmente, la capital gaditana tiene registradas 2.629 viviendas con fines turísticos (VFT), que traducido en plazas resulta 12.470. Hace sólo dos meses y medio, se contabilizaban en la ciudad 60 VFT menos, esto es, 2.529, y por ende, 288 plazas menos.
Dentro de esta proliferación, la capital gaditana ocupa un lugar relevante en cuanto a número de plazas, situándose -según datos de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía- como la cuarta capital andaluza con un mayor número de viviendas con fines turísticos, superada sólo por Sevilla (8.630 VFT y 44.222 plazas), Málaga (10.662 y 55.467) y Granada (3.079 y 15.604). Y otro dato a resaltar es que los pisos turísticos de la capital gaditana ya triplican la oferta de plazas hoteleras.
Con este contexto, varias asociaciones de vecinos de la ciudad celebran el fallo del Tribunal Supremo, pues aunque los ayuntamientos son los encargados de regular la presencia de pisos turísticos, con esta sentencia se abre una nueva vía para limitar la proliferación de estos alojamientos. «Es un notición», saluda la presidenta de la entidad vecinal Cádiz Centro, Marisa Campos, que es también representante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. «Recibimos muchas quejas de vecinos del centro que viven en fincas donde hay dos o tres apartamentos turísticos y aseguran que es muy complicada la convivencia con esos inquilinos, prácticamente incompatible con la rutina de vida de una familia», expone la presidenta.
Es por ello que desde hace varios años vienen asesorando a esos vecinos tanto desde la asociación vecinal como desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y en la mayoría de los casos se les recomienda que actúen conforme a lo dictaminado en la sentencia del Tribunal Supremo, pues como ha recordado el juez, desde 2019 la Ley permite que las comunidades de propietarios «puedan limitar o condicionar el ejercicio de la actividad» que se lleva a cabo en las viviendas, y «el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad incluida en la prohibición estatutaria, pues es una actividad económica», ha resuelto el magistrado.
Campos asegura que en estos últimos años incluso han entregado a vecinos «copias de estatutos de comunidades que prohíben la actividad económica en sus fincas, para que sigan los mismos pasos».
No obstante, la representante vecinal apunta que hay vecinos del casco histórico que se ven indefensos ante esta problemática puesto que no está constituida la comunidad de vecinos en sus fincas ni, por tanto, disponen de estatutos: «En el centro hay fincas que pertenecen a un único propietario y tiene todas las viviendas en régimen de alquiler, por lo que no hay ni comunidades de vecinos ni estatutos, y en estos casos los inquilinos de larga duración que tienen que convivir con varios apartamentos turísticos se ven indefensos».
Asimismo, expone que el cambio de estatutos no siempre sale adelante, pues «hay vecinos que se encuentran con el problema de que en su edificio hay más apartamentos turísticos que propietarios de primeras residencias, por lo que la votación para el cambio de estatutos no siempre les resulta favorable». Al respecto, Campos apunta que algunos de esos vecinos que no han podido modificar ese documento «han decidido ir a juicio para ver si el juez los ampara».
Aun así, la dirigente vecinal incide en que el fallo judicial es una «buenísima noticia», ya que «se le da base jurídica a algo que ya estábamos proponiendo que hicieran a los vecinos de Cádiz centro que se ven perjudicados por la proliferación de viviendas turísticas».
La presidenta de la asociación de vecinos Gades La Viña, Catalina Cárdenas, también aplaude la decisión judicial, al considerar que la proliferación de viviendas con fines turísticos se ha convertido en un «grave problema» para la ciudad de Cádiz, especialmente para su centro histórico. «Como sigan haciendo pisos turísticos nos vamos a quedar sin viviendas para los propios gaditanos», denuncia, al tiempo que apunta que actualmente en La Viña «hay una quincena de fincas dedicadas exclusivamente a esta actividad». «Así es imposible que nuestros hijos y nietos encuentren casa en su propia ciudad, en su propio barrio», apostilla.
Cárdenas recuerda que años atrás, antes de la pandemia, se realizaron varias protestas en La Viña para rechazar la construcción de nuevos apartamentos turísticos en el barrio. «Pero con el Covid se paralizó todo y no hemos vuelto a retomarlas», lamenta. Y es que La Viña es de los barrios gaditanos más afectados por la turistificación. Desde 2016 ha perdido un 20% de su población.
Justo en La Viña tiene una VFT, desde hace seis años, un gaditano que, por motivos laborales, vive a caballo entre su ciudad y otras localidades. Esta persona se presta a contestar a LA VOZ de Cádiz sobre este asunto, aunque prefiere mantener su anonimato. Cuenta que su apartamento turístico convive con otros tres en la misma finca, que alberga un total de nueve viviendas, y que para evitar molestias a los vecinos «anteponemos la convivencia a cualquier otro interés». Es por ello que «lo tenemos todo muy regulado, controlado y, por acuerdo de vecinos, estamos muy comprometidos con evitar inquilinos problemáticos. Aun así se escapa alguno y, si se da queja, se soluciona fácilmente por la buena voluntad de las partes, pues como he dicho anteponemos la buena convivencia a cualquier otro interés».
Asimismo, resalta que tanto él como los otros propietarios de VFT de su finca «somos personas que en mayor o menor medida vivimos o utilizamos nuestros apartamentos muchos días del año».
Con respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, el propietario se muestra convencido de que «le caerá algún recurso de amparo por entidades con más fuerza, alegando vulneración de algún derecho fundamental». Considera que el fallo judicial «podría» tener magnitud suficiente para combatir la turistificación, pero insiste en que hay «entidades importantes con intereses en que se amplíe en Cádiz el turismo descontrolado sin importarles la turistificación».
El gaditano reflexiona sobre este asunto y apunta que el problema en sí no son los apartamentos turísticos, «que han existido siempre en Cádiz, en menor número, de pequeños propietarios y con otra forma de comercialización menos agresiva», poniendo como ejemplos el alquiler temporal a profesores y estudiantes y el gestionado a través de inmobiliarias o en cambalache. «El problema con la vivienda la genera la llegada de las nuevas tecnologías y la permisividad con grandes explotadores de viviendas, no propietarios, sino en mayor medida sociedades mercantiles dedicadas a la explotación de pisos turísticos y el turismo que, sin control, han fomentado y alimentado, por un lado, la turistificación y, por otro, que muchos propietarios saquen del mercado del alquiler sus pisos, aunque no les generen grandes ingresos». «Con ello -agrega- no se permite a la población acceder a unos alquileres asequibles de carácter anual».
El entrevistado asegura que generalmente al propietario que tiene una primera o segunda vivienda y la da de alta como VFT «no quiere, ni le interesa, fomentar la turistificación». Es por ello que aboga por encontrar un equilibrio para evitar la turistificación, «limitando a los grandes tenedores/explotadores y regulando a los propietarios de las viviendas».
A todo ello, añade que aunque es «indudable» que el turista deja dinero en Cádiz, «otra cosa es que se ponga en una balanza si el modelo actual es inviable porque, para mí, siendo propietario de VFT, pesa más el derecho a poder acceder a una vivienda digna de los vecinos que el posible ingreso que pueda dejarme un piso que alquilo días sueltos cuando no estoy en mi ciudad y/o viajo por motivos laborales», concluye.
Este medio ha intentado contactar con el representante de la Delegación Cádiz de la Asociación Andaluza de Viviendas Turísticas (AVVA PRO), Luis López, para preguntarle por la sentencia del Tribunal Supremo relativa a la limitación de los pisos turísticos, pero no ha resultado posible establecer conversación con esta persona.
«Este fallo no afecta ni cambia en nada la normativa municipal»
Tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo, el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz aclara que la misma «no cambia ni afecta en nada a la normativa municipal», recordando que es la que puso en marcha el anterior Gobierno municipal con la intención de limitar las viviendas turísticas en la ciudad. «Las limitaciones van a seguir existiendo, y con esta sentencia se abre una nueva vía para que sean las propias comunidades de vecinos, mediante sus estatutos, la que decidan si prohíben o no los pisos turísticos», apuntan desde el Consistorio.
Es por ello que no entienden las críticas realizadas días atrás por el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, que con motivo de este fallo judicial aseguró que el alcalde de Cádiz, Bruno García, extiende «la alfombra roja» a los apartamentos turísticos en la ciudad. Según el líder de la formación de izquierdas, el Equipo de Gobierno «sigue sin ejecutar la regulación de estas viviendas aprobada en el mandato anterior, y deja en un limbo la defensa del derecho a la vivienda de gaditanas y gaditanos mientras da vía libre a la especulación que dispara los precios y la apertura de nuevos pisos turísticos en la ciudad».
En esta línea, el portavoz de AIG en el Ayuntamiento de Cádiz insiste en que las promociones de vivienda proyectadas por el Gobierno local «son una puerta abierta a la compra de vivienda por parte de grandes especuladores», toda vez que el alcalde está «descartando hacer promociones de vivienda 100% públicas y prefiere sacar pisos a precios altos, que serán inasumibles en su mayoría para los demandantes de vivienda empadronados en la ciudad y con una necesidad real de un hogar, pudiendo terminar en manos de propietarios de otras localidades con afán especulador».
Al respecto, el Gobierno municipal remarca que, como trasladó el pasado martes el propio alcalde cuando fue cuestionado por el modelo de viviendas previstas en Navalips, «la ciudad necesita vivienda diversa para todo tipo de público». «Debe haber alquileres sociales, y también viviendas de protección oficial y de renta libre». Y recuerdan que el modelo previsto en Navalips -que destina la mitad de los 812 inmuebles a vivienda protegida en venta y la otra mitad a renta libre- fue acordado por instituciones gobernadas entonces por el PSOE y por el Ayuntamiento de Adelante Cádiz.
Asimismo, inciden en que tras la sentencia del Supremo «existe ahora la posibilidad de que las comunidades de vecinos decidan vetar o no los pisos turísticos en sus edificios».
Por otra parte, De la Cruz ha reclamado al Ayuntamiento que ponga en marcha una campaña de información a las comunidades de vecinos sobre «los derechos que le asisten para poder poner freno a la proliferación de apartamentos turísticos en sus bloques si así lo deciden». Al hilo, traslada que los vecinos deben conocer que, «más allá de la Ley de Propiedad Horizontal -que establece que el acuerdo por el que se limite o condicione el ejercicio de la actividad de viviendas turísticas en el bloque requerirá el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios-, el Tribunal Supremo ha avalado igualmente la prohibición de viviendas turísticas si en los estatutos de la comunidad de vecinos existe esa prohibición expresa de destinar los pisos al uso turístico».
