La plaza de Candelaria de Cádiz, un problema entre la convivencia y la conflictividad del trapicheo

Esther Macías

Cádiz

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31/08/2025 a las 09:09h.

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En la Plaza de Candelaria de Cádiz, donde la sombra y el silencio parecía reinar, los vecinos ya no hablan de café ni de la serenidad en este rincón gaditano. La conversación se repite, casi como un rezo cansado: «otra pelea, otra vez». Hace apenas un par de semanas, dos jóvenes fueron detenidos tras enzarzarse en una riña a plena luz del día. No fue la primera ni, según quienes viven allí, será la última.

El suceso ha encendido un debate que viene dándose desde hace meses: la degradación de un espacio que muchos consideran uno de los pulmones sociales de Cádiz. Entre personas que malviven en la plaza, otras conflictivas y usuarios de otros servicios sociales, el clima se ha vuelto problemático. Los vecinos rehúyen la palabra dura -personas con serias adicciones a las drogas-, pero reconocen que la convivencia se ha tornado áspera, y que la plaza es hoy escenario de conflictos casi cotidianos.

«Casi todos los días hay un altercado. Unos discuten, otros forcejean, alguno termina en el suelo… y mientras tanto nosotros seguimos trabajando como si nada, pero con miedo de que los clientes se levanten y se vayan», comenta el dueño de un bar con terraza en la plaza. Lo dice con resignación, con la prudencia de quien ya ha contado la misma historia demasiadas veces.

Las propias condiciones del lugar tampoco ayudan. La maleza crecida en los rincones actúa como aliado involuntario. «Sirve de escondite, permite escapar a quienes intuyen la llegada de la Policía Nacional», explica uno de los hosteleros. La Plaza de la Candelaria antes era un lugar acogedor, «pero cada poco se convierte en escenario de gritos, carreras y luces policiales».

En la Plaza de Candelaria no solo tiemblan las terrazas. Hasta el supermercado de la esquina -el conocido establecimiento de la cadena El Jamón- se ha visto obligado a reforzar su seguridad. Vecinos cuentan que, normalmente, bastaba con los dependientes; hoy, sin embargo, han tenido que poner a vigilantes para custodiar la puerta

«Había momentos en que las chicas se quedaban solas y sentían miedo, porque entraban personas alteradas, sin intención siquiera de comprar», explica una vecina que acude casi a diario al local. La escena, repetida demasiadas veces, llevó a la dirección a contratar un servicio de seguridad privada. «No es normal que un supermercado de barrio tenga que poner guardias, pero es que si no, no podían trabajar tranquilos», añade un comerciante de la plaza.

Evidencia para entender hasta qué punto la conflictividad ha calado en la vida cotidiana. La tensión se ha colado en los espacios más ordinarios. La presencia de un vigilante en la puerta actúa como recordatorio de un malestar más profundo.

La presión vecinal y la reiteración de incidentes han provocado también un movimiento desde las instituciones. En las últimas semanas, la Policía Nacional ha intensificado su presencia en la zona: los agentes patrullan con mayor frecuencia, cruzan la plaza en horarios distintos. No es un despliegue masivo, pero sí un gesto que los residentes perciben como un alivio.

«Ahora se les ve más a menudo, ya no solo cuando ocurre algo grave», comenta un hostelero, que reconoce cierta calma entre sus clientes cuando aparecen los uniformes. «No es la solución definitiva, pero al menos disuade».

La medida, discreta y casi silenciosa, busca precisamente eso: disuadir. Que la simple posibilidad de encontrarse con una patrulla frene las peleas antes de estallar. Que la plaza recupere un respiro, aunque sea breve, en medio de una tensión que parece haberse instalado en su rutina diaria.

La problemática no se limita a Candelaria. El mismo fin de semana en que la plaza volvió a ser noticia, el Parque Genovés sufrió un nuevo acto vandálico: la querida Fuente de los Niños del Paraguas apareció dañada, otra herida en un símbolo de la ciudad. Y solo unas horas después, el alcalde Bruno García anunciaba el cierre nocturno de varios parques vallados a partir del 3 de septiembre. Una decisión polémica que responde, según el consistorio, a la necesidad de proteger los espacios comunes ante la escalada de destrozos.

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